Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
“No podemos continuar con los ciclos permanentes de la violencia, en los que el Estado es un ente alejado de los problemas, y hoy, con estos resultados, buscamos empezar a revertir esa historia”. Con estas palabras, Mariana Gómez, directora del Fondo Colombia en Paz, inició el evento de cierre del Programa Colombia Sostenible (PCS), una estrategia del Estado colombiano y la cooperación internacional que durante los últimos ocho años ha impulsado proyectos comunitarios en municipios afectados históricamente por la violencia.
El evento, que contó con la presencia de decenas de representantes de las más de 36.428 familias rurales beneficiadas por el programa, informó que en los últimos años se financiaron 164 iniciativas productivas sostenibles (incluyendo negocios verdes), 26 proyectos de conservación y Pagos por Servicios Ambientales (PSA), y 11 de tipología combinada.
En concreto y en materia productiva, se intervinieron más de 36.000 hectáreas que recibieron asistencia técnica para mejorar la sostenibilidad de sus producciones. Entre las cadenas impulsadas se encuentran proyectos comunitarios de cultivos de café, apicultura, frutos amazónicos, ecoturismo y, entre otros, artesanías que quedaron conectadas a mercados locales con la firma de 164 acuerdos con marcas comerciales como restaurantes, productos y, entre otros, supermercados.
Esta mejora en las producciones, además de mejorar los ingresos de las familias, también disminuyó, de acuerdo con el reporte oficial, el índice de carencia alimentaria en los municipios impactados, que pasó de 1,32 a 0,35 puntos porcentuales.
Por su parte, en términos ambientales, se logró la conservación, bajo esquemas de conservación y restauración, de más de 21.000 hectáreas, mientras que en los predios intervenidos el área de bosque pasó, en promedio, de 5,3 hectáreas a 11,3, de acuerdo con cifras estimadas por investigadores de las universidades de los Andes y de Antioquia, entidades encargadas de evaluar los resultados del proyecto.
“Estamos conjugando las fuerzas de la vida para proteger la biodiversidad; este modelo demuestra que el cuidado de las áreas de especial importancia ambiental es el camino efectivo para la descarbonización”, sintetiza Gómez.
Así se implementó el programa
Esta estrategia surge de tres documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), emitidos entre 2016 y 2017, en los que se recomendó al Estado colombiano asumir un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover el desarrollo rural, la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático en zonas afectadas por el conflicto armado.
“Tenemos que en los municipios PDET se registra una pobreza, medida por ingresos, superior al 40 %, muy por encima del promedio nacional”, indicó Ramiro López-Ghio, representante del Grupo BID en Colombia. “Y eso es lo que ha diferenciado este proyecto desde que fue concebido, y es que busca atender esta situación”.
Para atender esta situación, se conformó un fondo con el que se invirtieron COP $364.037 millones con recursos del BID y la Nación. Según explicó el BID, más del 60 % de los recursos del préstamo de USD 100 millones consisten en créditos condonables provenientes de Suiza, Suecia y Noruega.
Con esta base, se lanzó una convocatoria, en febrero de 2018, en la que, a través de la ruta PDET, comunidades locales presentaron proyectos de tres tipos: de conservación (iniciativas con un área de intervención de mínimo 250 hectáreas registradas oficialmente), producciones sostenibles (con mínimo 65 beneficiarios asociados, priorizando población indígena, afro, mujeres y con discapacidad) y combinados.
Luego de estas, los proyectos seleccionados recibieron asistencia técnica para la estructuración de sus iniciativas, en la que fue central, como comenta Gómez, del Fondo Colombia en Paz, la participación comunitaria y articulación institucional.
En esta línea, se invirtió en la entrega de 27 obras de infraestructura, entre las que destacan 10 plantas de transformación, 7 de cosecha y 4 centros de acopio para impulsar las producciones locales.
Estas inversiones se focalizaron en poblaciones históricamente afectadas por el conflicto armado. Un registro sociodemográfico de los beneficiarios muestra que el 50 % de la población atendida corresponde a comunidades campesinas, el 34 % a indígenas y el 16 % a negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP).
Por su parte, el programa también fomentó la participación femenina en sus territorios, representando el 42 % de las personas vinculadas al proyecto, con un total de 15.254 lideresas vinculadas directamente a la dirección de las iniciativas.
Una de esas lideresas es Ximena Martínez, quien lideró el proceso de la asociación comunitaria de San Miguel del Tigre que consolidó la iniciativa Bosques con Alas de Yondo, en Antioquia, en la que se desarrolló un proyecto de artesanías en torno a las mariposas y también para consolidar el ecoturismo en la región con más de 300 hectáreas conservadas en sus municipios.
“A través del proyecto se construyó un taller en el que trabajamos diferentes piezas, así como un libro con especies de la zona. En estos procesos se involucró a los más jóvenes a través de oportunidades reales en el territorio”, aseguró Martínez.
Frente a los impactos del programa, según se lee en el informe entregado por las universidades encargadas de la evaluación de sus resultados, estos “demuestran incontrovertible que la transformación estructural del campo colombiano, operada en clave de paz y sostenibilidad ambiental, no es solo una aspiración normativa, sino una empresa técnica y socialmente viable”.
Si bien el evento de esta semana marcó el cierre del programa, tanto desde el BID como del Gobierno Nacional aseguraron que se tiene la intención de realizar un Colombia Sostenible 2.0 para continuar estos esfuerzos en el territorio.
“La paz tiene raíces sólidas; por ello, estos resultados demuestran que el modelo funciona y que estamos listos para una segunda fase que ponga la sostenibilidad y la innovación al servicio del mundo laboral rural”, concluyó Gómez.
*Esta información es publicada en alianza con el programa Colombia Sostenible.
