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En el Encuentro Nacional por el Agua y la Energía Renovable 2025, realizado en Bogotá el pasado 6 de noviembre, un mensaje atravesó todas las intervenciones y quedó consolidado en el policy brief presentado en el marco de la campaña ambiental BIBO, ISAGEN y El Espectador, bajo la dirección técnica de WWF y The Nature Conservancy (TNC) y el apoyo del PNUD en Colombia, el agua debe dejar de ser tratada como un insumo más. Debe entenderse como la base estructural de la economía, de la seguridad energética y alimentaria, de la vida en los territorios y de cualquier proyecto serio de desarrollo.
El documento “Agua y territorio: recomendaciones regionales para acelerar el cumplimiento del PND 2022–2026”, construido a partir de diálogos con actores de Antioquia, Caldas y los Santanderes, mostró con cifras, testimonios y análisis técnicos que el país sigue administrando su riqueza hídrica como si fuera inagotable, fragmentada y reemplazable. Y que, de seguir así, el mandato del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de “ordenar el territorio alrededor del agua” corre el riesgo de quedarse en discurso.
Un país rico en agua, vulnerable en la práctica
Durante el encuentro se recordó que Colombia ha sido presentada como una potencia hídrica: concentra cerca del 5 % del agua dulce renovable del planeta, cuenta con seis nevados, casi la mitad de los páramos de Suramérica, cinco vertientes hidrográficas, grandes ríos como el Magdalena, Cauca, Amazonas y Orinoco, más de 1.000 ciénagas y 1.277 lagunas.
Esa abundancia, sin embargo, no se traduce en seguridad hídrica real.
El policy brief señala que cerca del 40 % de las grandes cuencas del país presentan vulnerabilidad por degradación, contaminación y sobreexplotación; que más del 88 % de los desastres registrados son de origen hidrometeorológico; y que la pérdida de ecosistemas reguladores —como páramos y bosques altoandinos— y la presión urbana, minera y agroindustrial han llevado a que el agua limpia y disponible sea cada vez más un privilegio geográfico y social.
El informe también advierte que, mientras en las zonas urbanas el 56 % de los municipios ofrece agua apta para consumo humano, en las rurales apenas el 9,7 % lo hace, reflejando una brecha crítica en saneamiento, infraestructura y gobernanza.
En palabras de Andrés Felipe Zuluaga, director de Conservación de TNC Colombia, esa contradicción es el corazón del debate: Colombia tiene una riqueza hídrica “impresionante”, pero “esa riqueza no significa seguridad hídrica o calidad”. Por eso insistió en que seguir viendo el agua solo como un recurso para tres grandes usuarios —energía, consumo humano y agricultura— es “una visión pequeña” que ignora su relación con los ecosistemas de agua dulce y la biodiversidad única del país.
El agua como eje estructural del Plan Nacional de Desarrollo
La apuesta del PND 2022–2026 por ordenar el territorio alrededor del agua representa un cambio de paradigma que elevaba el agua a “determinante ambiental principal y eje estructurante de toda la planificación territorial”, no como un insumo sectorial sujeto a la lógica de la oferta y la demanda.
Sin embargo, el seguimiento a esa apuesta mostró una implementación incompleta. El policy brief reportó que solo se había avanzado en parte en las metas clave: 46,72 % de los compromisos de ordenamiento territorial con enfoque de agua y 58,5 % de los municipios priorizados con determinantes ambientales incorporadas a sus POT. Aun así, no existe un indicador consolidado sobre la efectividad real de esas determinantes, ni una articulación suficiente entre los planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), planes de Ordenamiento Territorial (POT) y planes locales.
En el escenario del Encuentro, Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, respaldó el tono del informe al recordar que el proceso no podía quedarse en diagnósticos dispersos: “la comunicación no fue un adorno, fue el mecanismo que permitió construir confianza, alianzas y fortalecer procesos de cooperación”, afirmó, al presentar el documento como una plataforma conjunta de recomendaciones surgidas desde las cuencas de los Santanderes, Antioquia y Caldas.
El mensaje fue claro: si el país quiere honrar el mandato del PND, debe pasar de ver el agua como “recurso” a asumirla como la columna vertebral que condiciona dónde, cómo y para quién se produce energía, se expanden las ciudades, se hace minería o se garantiza la alimentación.
Voces del territorio
El policy brief se construyó a partir de encuentros regionales, donde autoridades locales, comunidades, empresas y organizaciones sociales pusieron sobre la mesa conflictos muy concretos.
En los Santanderes, se advirtió que la minería y el crecimiento urbano estaban presionando reservas hídricas claves, mientras los POMCA existentes no se articulaban de manera efectiva con los POT municipales. Los actores locales coincidieron en la urgencia de fortalecer la articulación público-privada y la conservación de cuencas abastecedoras como estrategia de seguridad hídrica de largo plazo.
En Antioquia y Caldas, las discusiones revelaron un patrón común: expansión urbana sobre zonas de recarga, presión sobre ecosistemas estratégicos, falta de coordinación entre instituciones y la necesidad de frenar proyectos que ponen en riesgo reservas como Río Blanco y Toldafría, así como de crear redes multiactor de monitoreo hídrico.
El documento destaca experiencias comunitarias como la de Adamiuain, en Norte de Santander, donde la gestión local del agua ha logrado proteger nacimientos y asegurar abastecimiento mediante modelos participativos y autosostenibles.
“Hoy contamos con 650 hectáreas de propiedad de la asociación, donde están seis nacederos de la cuenca de la quebrada La Brava, que surte al acueducto independiente que protegemos. La cooperativa compró 150 hectáreas y la Alcaldía de Ocaña compró una finca que entregaron en comodato, y nos unimos con el páramo de Jurisdicciones, que hace parte del páramo de Santurbán para la conservación en ese corredor ecológico que se ha formado”, aseguró Gustavo Ibáñez, representante de la junta directiva y veeduría del Acueducto de Adamiuain, de Ocaña, Norte de Santander.
Este y otros ejemplos en Antioquia y Caldas, fueron presentados como prueba de que la gobernanza desde el territorio funciona cuando se reconoce a las comunidades como actor clave y no como actor accesorio.
Seis rutas para que el agua mande sobre el territorio
El documento propone un paquete de rutas de política pública, respaldadas por las voces en el territorio, para que el agua se convirtiera efectivamente en el eje estructural del modelo de desarrollo:
- Acelerar la implementación territorial del PND: Actualizar y articular POMCA, POT y planes de desarrollo con enfoque ecosistémico, dotando a los gobiernos locales de capacidades técnicas y recursos. Solo así, advierte el informe, el agua podría “actuar como eje estructurante del territorio, y no como un recurso subordinado al crecimiento económico o urbano”.
- Fortalecer la articulación interinstitucional: La fragmentación entre CAR, gobernaciones, alcaldías y entidades nacionales impide decisiones coherentes. Se propone consolidar esquemas de gobernanza compartida a escala de cuenca, con criterios técnicos comunes y participación de comunidades.
- Blindar ecosistemas estratégicos: El documento insiste en que páramos, humedales y bosques altoandinos son la base de la seguridad hídrica, pero siguen bajo presión. Propone fortalecer delimitaciones, financiamiento y monitoreo, con legitimidad social y voz comunitaria vinculante, para evitar que la transición energética o la expansión urbana trasladaran nuevas cargas a las cuencas.
- Universalizar el saneamiento básico: Más allá de obras, el saneamiento se presenta como un problema de gobernanza. Se recomienda priorizar inversiones, fortalecer capacidades locales y asegurar la coordinación interinstitucional entre gobernaciones, alcaldías, CAR y comunidades, para garantizar un acceso equitativo al saneamiento y proteger la resiliencia hídrica del país.
- Escalar modelos comunitarios exitosos: Las experiencias locales, desde acueductos comunitarios hasta iniciativas de restauración, demuestran que la gestión social del agua funciona. El informe propone respaldo técnico, normativo y financiero para replicarlas, incorporando saberes tradicionales y participación real en la toma de decisiones.
- Impulsar una transición energética justa y diversificada: Sin desconocer el papel histórico de la hidroelectricidad, el documento llama a diversificar la matriz con energías renovables locales y a integrar la planificación energética con la gestión del agua. Una transición energética justa debe garantizar la distribución equitativa de beneficios, integrar la planificación energética y la gestión del agua, y fortalecer las capacidades locales para operar y mantener nuevas tecnologías.
De la narrativa de abundancia a la política de supervivencia
El Encuentro Nacional por el Agua 2025 y el policy brief “Agua y territorio: recomendaciones regionales para acelerar el cumplimiento del PND 2022–2026” marcaron un giro: desmontaron la narrativa cómoda, según la cual Colombia, por ser rica en agua, puede darse el lujo de administrarla mal.
Desde el escenario, Ximena Barrera sintetizó el espíritu del documento al plantear que los Encuentros no fueron solo un foro, sino una “agenda de acción” construida con evidencia, con conversaciones honestas y con participación activa de las regiones; una agenda en la que el país realizó un diálogo “basado en la ciencia y actuando como comunidad”, demostrando que “juntos es posible”.
Andrés Felipe Zuluaga reforzó la tesis central: entender la magnitud de la red hídrica colombiana obliga a un cambio de mirada. El agua, dijo, no podía seguir reducida a la lógica de insumo: está entretejida con la biodiversidad, con las economías locales, con los compromisos climáticos internacionales. Ignorar esa interdependencia significa poner en riesgo tanto la estabilidad ecológica como la económica.
El policy brief plantea que Colombia ya ha dado el primer paso al reconocer en su PND que el agua debe ordenar el territorio. Pero solo si las recomendaciones surgidas desde Antioquia, Caldas y los Santanderes se convertían en decisiones vinculantes —y no en anexos técnicos— el país podrá pasar de la retórica a la coherencia, y afirmar, con evidencia y no solo con consignas, que el agua es el eje estructural de su futuro.
Por Mario Cabrera – WWF Colombia
