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La actual crisis ambiental representa un reto sin precedentes para la humanidad. Para entenderlo cabalmente, la sociedad ha tenido que profundizar su conocimiento científico y desarrollar nuevas tecnologías para recopilar data cada vez más precisa sobre la naturaleza. Esos avances han permitido, por ejemplo, que en 2023 los expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) explicaran en el Reporte síntesis de su Sexto informe de evaluación, cómo se verían afectadas las distintas regiones del planeta, dependiendo del aumento de su temperatura.
(Lea: La herramienta para que las empresas mitiguen sus impactos negativos sobre la biodiversidad)
Esa mayor comprensión del problema, que se ha ido adquiriendo a medida que los países viven fenómenos naturales cada vez más extremos, ha permitido avanzar en el desarrollo de estrategias y tecnologías más efectivas para mitigar el cambio climático y adaptarnos a sus efectos. La tarea no ha sido fácil. Hemos tenido, por ejemplo, que trabajar en desmontar algunos modelos económicos, canalizar grandes cantidades de recursos financieros y crear mecanismos eficaces para invertirlos en proyectos que ayuden a proteger la naturaleza y a desarrollar modos de vida sostenibles.
Colombia, pionera en temas ambientales, ha ido creando mecanismos financieros y un marco normativo que le ayuden a cumplir con sus compromisos internacionales de acción climática. En 2017, por ejemplo, implementó el impuesto al carbono, cuyo recaudo estaba destinado a financiar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la reducción de la deforestación, entre otros. Aprovechando el potencial de inversión del país en actividades verdes, en 2021 creó un Marco de Referencia para la Emisión de Bonos Verdes Soberanos de Colombia, cuyo objetivo era financiar proyectos que aporten al medio ambiente y el desarrollo sostenible.
La formulación de este tipo de mecanismos financieros, que existen a nivel nacional e internacional, ha tenido que ir de la mano de un cambio en nuestro entendimiento y valoración del medio ambiente. Ello ha permitido y promovido el surgimiento de canjes de deuda por naturaleza, en los que un acreedor condona una parte de una deuda a cambio de que el país deudor invierta una suma equivalente en proyectos de conservación; re-estructuración de la deuda, a base de renegociar las condiciones de la externa para liberar recursos que se inviertan en la naturaleza, o bonos de naturaleza, que ayudan a financiar proyectos de conservación a largo plazo.
Por supuesto, para determinar el impacto de estas herramientas financieras han tenido que formularse nuevos indicadores que midan la efectividad de distintos tipos de proyectos ambientales, entre ellos, los que reducen las emisiones de carbono, o los que impulsan la economía circular o la adaptación al cambio climático. Cada uno tiene una naturaleza distinta, y solo el constante y cuidadoso estudio de sus resultados permite saber la utilidad de la inversión y cómo vamos avanzando en el camino hacia la sostenibilidad.
Aún falta mucho por hacer. Por ejemplo, es necesario aumentar los recursos —según el último estudio sobre el estado de las finanzas para la naturaleza de la ONU, al año se invierten unos 200.000 millones de dólares en soluciones basadas en la naturaleza, un tercio de lo que se necesita para cumplir las metas ambientales al 2030—, y encontrar medios cada vez más efectivos para que realmente lleguen a las regiones clave y les permitan a las comunidades subsistir a largo plazo. De ello depende el éxito de nuestro desarrollo sostenible.
*Catalina Góngora, líder de políticas públicas de TNC Colombia
Camila Rodríguez, líder del programa de Soluciones basadas en la Naturaleza para la Mitigación de TNC Colombia.
Antonio Solarte, líder del programa de sistemas productivos sostenibles de TNC Colombia.
Por Catalina Góngora, Camila Rodríguez, Antonio Solarte *
