Cuando un servicio es fundamental para el bienestar de las familias, o cuando las inversiones significativas pueden afrontar grandes riesgos, se suelen tomar medidas para mitigarlos o eliminarlos. Por esta razón, se compran seguros de salud, contra accidentes, robos, incendios, tenemos fondos de emergencia, entre otros métodos.
Cuando el país enfrentó el colapso del sector eléctrico en 1992, decidió hacer un análisis exhaustivo de las causas de la situación y se dio cuenta de que, un servicio tan fundamental como el de la energía, el Estado no debería tener toda la responsabilidad por las cuantiosas inversiones y deudas, así como por complejidades técnicas y administrativas. Es por esto que se decidió tomar medidas para asegurarse de mantener el suministro en condiciones de eficiencia, calidad y justicia para agentes y usuarios.
Las lecciones del apagón lo llevaron a diseñar un modelo en competencia, que involucra agentes públicos como EPM y privados como ISAGEN, y en el que el Estado continúa asumiendo un rol clave como regulador para asegurar sus intereses. Como dentro de estos intereses está el de crecer en capacidad de generación para poder atender la demanda futura, en aquel entonces creó mecanismos que fueron evolucionando para que en 2006 se definiera el cargo por confiabilidad.
Este cargo funciona como una inversión para eliminar el riesgo de un racionamiento futuro. Se trata de subastar incentivos económicos entre empresas que se comprometen a generar energía que suministrarán al sistema en períodos determinados, y si no lo hacen, deben pagar una multa o perder los incentivos económicos. Las empresas requieren de este cargo porque las inversiones en infraestructura son cuantiosas, las actividades para mantener y desarrollar centrales de generación son complejas y el retorno se ve en plazos muy largos. Este esquema también incluyó el diseño de un precio máximo en la bolsa de energía, llamado “precio de escasez”, para proteger las tarifas frente a la volatilidad del mercado.
18 años después podemos determinar que gracias al cargo por confiabilidad hemos alcanzado tres décadas sin racionamientos durante cuatro fenómenos de El Niño intensos, entre otras contingencias. Lo anterior se debe a que gracias a estas subastas se han financiado cerca de 8.3 gigavatios (GW), de los cuales ya tenemos 4.2 GW en operación, 0.5 GW en pruebas. Lastimosamente, 3.6 GW presentan demoras, lo que ha retrasado el crecimiento del sistema del 22% actual al 36%, si no tuvieran retrasos. Además, de acuerdo con un estudio contratado por el Departamento Nacional de Planeación, el precio de escasez evitó que entre 2015 y 2016 los colombianos pagaran $17 billones tras los incrementos del precio de bolsa.
Sin embargo, si no se eliminan las barreras que existen para que los proyectos comprometidos entren, si no se continúan estimulando las inversiones y si no se administra el mercado con rigurosidad técnica, quedaremos “desprotegidos” ante la inminencia del racionamiento y sus altos costos económicos y sociales. Según las predicciones de XM y la UPME, a partir de 2025, las condiciones de oferta serán muy ajustadas, por lo que no hay margen para contingencias o fenómenos climáticos y en 2027-2028, la oferta no sería suficiente para satisfacer la demanda.
La planeación y la previsión siempre han salido más favorables que afrontar consecuencias inesperadas. Eso es lo que asegura el cargo por confiabilidad y el esquema de mercado que hoy tenemos, y es lo que se pone en riesgo con los anuncios de reformas al sector eléctrico, paralizando las inversiones.
Por ISAGEN
