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Durante décadas, la paz en Colombia se debatió en el terreno de lo abstracto. Para muchos, se circunscribió al silencio de los fusiles o a extensos documentos firmados en Bogotá. Sin embargo, en las regiones históricamente afectadas por el conflicto, nunca ha sido una entelequia teórica; es una urgencia vital que se mide en la presencia de una escuela, en la viabilidad de una vía terciaria o en la certeza de que la tierra trabajada alimenta a una familia.
Hoy, una década después de redefinir el rumbo del desarrollo rural tras la firma del Acuerdo de Paz, la realidad demuestra que la paz no se decreta: se ejecuta mediante resultados concretos que transforman la geografía del abandono.
Esa es la razón de ser del Fondo Colombia en Paz (FCP). Como vehículo financiero y operativo del Estado para articular, canalizar y ejecutar los recursos del Acuerdo Final de 2016, el Fondo tiene una misión de carpintería institucional profunda: transformar transferencias presupuestales en derechos tangibles.
Más allá de los discursos, la verdadera gestión se mide en la capacidad de transformar los recursos públicos en realidades tangibles para el campo, asegurando que las instituciones respondan con soluciones técnicas y duraderas.
Un ejemplo palpable de este enfoque es el cierre del Programa Colombia Sostenible (PCS), una iniciativa de 100 millones de dólares cofinanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y administrada por el FCP.
Al concluir su operación, este programa deja un legado que desmitifica la narrativa de la parálisis y demuestra que el cambio estructural ya está ocurriendo.
Colombia Sostenible culminó su intervención en 114 municipios PDET, ejecutando 201 proyectos agroambientales que impactaron directamente a 36.428 familias rurales. Este impacto en el bienestar de la gente, que constituye el verdadero corazón de la implementación, cuenta además con un sólido respaldo técnico: la certificación de la firma auditora Deloitte & Touche SAS, que desde 2019 reporta cero hallazgos en los estados financieros y sistemas de control interno. La pulcritud administrativa no es un fin en sí mismo, sino la herramienta indispensable para blindar la inversión y construir confianza legítima con las comunidades.
Este portafolio se estructuró bajo un riguroso enfoque diferencial y de equidad: el 50% de la población atendida corresponde a comunidades campesinas, el 34% a comunidades indígenas y el 16% a comunidades afrocolombianas (NARP). Además, consolidamos una equidad de género real vinculando a 15.254 mujeres lideresas a la dirección de las iniciativas.
¿Qué significa esto en el día a día de un territorio? Significa cambiarle el rostro a la vulnerabilidad. Detrás de cada cifra hay una realidad humana, como la de don Daniel, productor que representa a miles de familias expuestas antes a la zozobra de las economías ilícitas o al aislamiento.
Para agricultores como él, transitar hacia la legalidad no solo fue una decisión económica, sino un acto de dignidad que transformó su canasta familiar, otorgándole la tranquilidad mental y el orgullo de insertarse en circuitos productivos sostenibles.
La ciencia del impacto ratifica esta transformación. De acuerdo con la evaluación metodológica de la Universidad de los Andes, los ingresos anuales netos de los hogares beneficiarios registraron un incremento de entre el 60% y el 77%. En el componente de nutrición y bienestar social, el índice de carencias por inseguridad alimentaria en menores de edad pasó de un preocupante indicador inicial de 1,32 a un histórico 0,35 al cierre operativo.
Paralelamente, la inseguridad alimentaria en los adultos se redujo en un 50%. Esto es justicia social real: que el éxito de la política pública se refleje directamente en el plato de comida de nuestras niñas y niños.
Este impacto social caminó de la mano con una dimensión ecológica sin precedentes, demostrando que la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la economía popular son motores complementarios.
El programa intervino un total de 57.928 hectáreas productivas y de conservación; de ellas, 21.000 fueron sometidas estrictamente a procesos de restauración y modelos de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). El monitoreo técnico confirmó que la cobertura natural de bosque dentro de las fincas aumentó de 5,3 a 11,2 hectáreas en promedio por unidad productiva. Construimos una verdadera Coalición de Paz con la Naturaleza.
Para asegurar que este esfuerzo no se disolviera en el tiempo, el programa financió e instaló 27 obras de infraestructura de alto impacto, incluyendo 10 plantas de transformación, 7 infraestructuras de cosecha y 4 centros de acopio.
Estos activos físicos permitieron la firma de 164 acuerdos de compra formal con aliados del sector privado como Crepes & Waffles y Griffith Foods, asegurando la venta directa de más de 30 líneas productivas sin intermediarios que castiguen el valor del trabajo rural.
Esto sí es implementación. La paz sí pasa. Cambiarle el rostro a los territorios mediante la entrega de capacidades técnicas, capital humano e infraestructura es un proceso irreversible que arraiga la estabilidad económica en el campo. Los resultados del Programa Colombia Sostenible demuestran que el modelo funciona, que el Estado tiene la capacidad de ejecutar con pulcritud internacional y que las comunidades rurales están listas para liderar su propio desarrollo.
Sin embargo, la consolidación de la paz y el reto de la crisis climática nos exigen no detenernos. Para que estas transformaciones se arraiguen de manera definitiva, es imperativo replicar y escalar estos éxitos.
Con las evidencias sobre la mesa, el camino a seguir es claro: es el momento de avanzar hacia una Segunda Fase del Programa Colombia Sostenible. El Fondo Colombia en Paz está listo para liderar esta nueva etapa, poniendo la tecnología y la innovación al servicio del mundo laboral rural. Es la oportunidad histórica de demostrar que Colombia no está condenada a la violencia, sino bendecida por una paz duradera y en armonía con su naturaleza.
*Directora del Fondo Colombia en Paz.
Por Mariana Gómez*
