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La nueva subasta de expansión de energía anunciada por la CREG para marzo de 2026 busca cubrir la energía necesaria para Colombia entre 2029 - 2030, pero también genera profundas incertidumbres para los generadores debido a la reducción del Precio de Escasez (PE) que golpea fuerte a los renovables, y más delicado aún, un posible cambio del Cargo por Confiabilidad (CxC), que comprometería a la viabilidad financiera de las plantas que aportan energía firme: hidráulicas y térmicas. Estas señales dificultan la participación de los inversionistas en la subasta y por ello hemos pedido siempre de forma respetuosa que las señales regulatorias sean de estabilidad y claridad.
De otro lado, adjudicar proyectos no equivale a tener energía firme disponible, pues el sector enfrenta cuellos de botella administrativos, de redes de transmisión de energía, de financiación, de licenciamiento ambiental, de permisos, entre otros, lo que puede impedir que los megavatios adjudicados en la subasta entren en operación en el tiempo necesario. Esta no es una premisa falaz y se respalda en datos oficiales de XM, al evidenciar que hay más de 3.000 megavatios retrasados en el sistema y que este último año solo ha entrado el 1,8% de la energía esperada.
La asignación de proyectos en la subasta de 2024 fue predominante a plantas solares. Este es, sin duda, un logro importante para el país en temas de transición energética y diversificación de la matriz, sin embargo, plantea otras preocupaciones en el sector, pues la generación solar es intermitente y no tiene las condiciones técnicas de potencia y estabilidad para garantizar la energía firme que se necesita. Incluso, el sector está a la espera de la reglamentación que está adelantando la CREG para los sistemas de almacenamiento con baterías como respaldo de esta tecnología.
Por eso es importante que la subasta tenga las condiciones de estabilidad y claridad para que participen todas las tecnologías disponibles y sea exitosa ya que, si falla podríamos no contar con el respaldo suficiente en los años venideros y necesitemos de medidas de choque para evitar problemas de suministro. Entre las opciones urgentes está la flexibilización regulatoria, la priorización de permisos, los incentivos a entrada rápida y los mecanismos de respaldo que permitan mitigar la brecha mientras se materializa la capacidad firme.
El país requiere políticas públicas claras respecto al sector energético que, con estabilidad y rigor técnico, propicien las condiciones para resolver los retos que ya se ven en el horizonte.
Por ISAGEN
