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Abordar a detalle los desafíos de la humanidad en torno al manejo del agua sería un asunto que tomaría cientos de páginas, pero una forma de hacerlo, de manera local, cristalina y concreta, son los escenarios que ha experimentado la Sabana de Bogotá. En los últimos años, la región ha oscilado entre extremos: de la crisis del racionamiento y los incendios en cerros y páramos, hasta la situación actual, con embalses al borde de su capacidad y alertas por deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones.
Este vaivén de eventos, que han sido alertados como uno de los síntomas del cambio climático en el planeta, requiere de nuevas formas para pensar el territorio, así como la implementación de algunas innovaciones para evitar futuras crisis hídricas.
Con esto en mente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), convocando a diversos actores, viene desarrollando la estrategia ‘Agua al Límite’, que busca poner en la agenda el debate sobre qué hacer para asegurar un uso más sostenible del agua en Colombia, y cómo desarrollar una planificación territorial más eficiente y participativa para garantizar la estabilidad de este recurso, extendiéndose en escenarios de Cundinamarca para esta apuesta.
Como lo menciona Jimena Puyana, gerente de Desarrollo Sostenible del PNUD, “no podemos limitarnos a pensar que el agua sale del tubo, o en redes de acueducto que bombean agua o en cuánto consume cada persona. Tenemos que ir más allá, y pensar de dónde proviene esa agua y, aún más atrás, en el papel de los páramos, los humedales y, en general, de esos pulsos hídricos que garantizan el suministro para millones de personas”.
Con este enfoque, y en el marco de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, que se desarrolló en Bogotá, se concretó un acuerdo entre el PNUD, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio) para adoptar medidas frente a los incendios forestales y su afectación en los ciclos hídricos.
Esta alianza se da dentro de las acciones clave de la Estrategia para Proteger el Corredor del Agua y el Oso Andino, que busca fortalecer las capacidades comunitarias e impactar más de 70.000 hectáreas de Cundinamarca mediante procesos de conservación, restauración y producción sostenible.
La estrategia busca, entre otras cosas, conservar los diferentes ecosistemas mediante la articulación de autoridades ambientales y comunidades locales, respondiendo, además, a una cuestión vital cuando se habla de conservar el planeta, ¿cómo garantizar el flujo de estos recursos?
Recursos para el Corredor del Agua y el Oso Andino
En esta línea, uno de los centros de la estrategia que se empezará a desplegar en el departamento es fortalecer los mecanismos financieros disponibles para conservar ecosistemas y especies sombrilla como el oso andino.
Este oso, que es el único endémico de América del Sur, habita más de 260.000 km² en la región andina y en Colombia se distribuye en las tres cordilleras. Sin embargo, está catalogado como ‘vulnerable’ a la extinción por el Ministerio de Ambiente y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat. Según una investigación reciente, además, la conectividad de los ecosistemas andinos, es decir, su hábitat, ha disminuido en un 85 % respecto a su estado original , siendo la meseta cundiboyacense una de las zonas más críticas.
Así las cosas, conservar el oso andino implica proteger corredores estratégicos. Como puede verse en el mapa que acompaña estas páginas, son varias las zonas con reportes de avistamientos en Cundinamarca, el objetivo es promover su protección. Una de las vías para lograrlo es lograr que más empresas —ya sea por compromisos obligatorios o por aportes voluntarios— se vinculen al financiamiento de su conservación.
En particular, se propone una estrategia a través de Biofin, iniciativa del PNUD, que contempla movilizar recursos mediante compensaciones ambientales —obligatorias y voluntarias—, bancos de hábitat, pagos por servicios ambientales, mercados voluntarios de carbono y otros mecanismos financieros innovadores, como seguros y fondos de conservación y otros esquemas. Así, empresas privadas podrán invertir en restauración de bosques altoandinos, protección de fuentes hídricas y acuerdos de conservación con comunidades. Estos aportes, que funcionan como ‘bonos de conservación’, garantizan un flujo constante de recursos más allá de las transferencias estatales.
Hay un potencial enorme, pues las cifras indican que las empresas solo cumplen, según indagaciones del PNUD, con el 4,3 % de sus compensaciones ambientales a nivel nacional. La ANDI asegura que esto se debe, en gran parte, a que las compañías no encuentran dónde invertir. Con estas alianzas se canaliza y se multiplica ese flujo de recursos, sostiene el PNUD.
Además, se trabaja en una estrategia con el Banco Agrario y Finagro para establecer líneas de crédito destinadas a emprendimientos sostenibles que, mediante nuevas cadenas de valor, contribuyan a la conservación de los ecosistemas.
El objetivo es que hacia 2030 el Corredor del Agua y el Oso Andino sea también un corredor financiero para la naturaleza, donde confluyan pagos por servicios ambientales, bancos de hábitat, créditos verdes y aportes privados.
Como concluye el PNUD, el propósito de estas alianzas es sembrar “semillas” a las que más actores se vayan sumando, hasta consolidar una red de conservación y articulación que garantice agua, biodiversidad y futuro para la región.
Comunidades y territorios a prueba de fuego
Por su parte, como parte de estos esfuerzos, en el departamento se empezará a desplegar una estrategia para enfrentar uno de los principales dolores de cabeza en términos ambientales: los incendios forestales.
En este tipo de emergencia, uno de los principales retos para atender los incendios es que los bomberos locales no siempre cuentan con las herramientas para controlar los conatos a tiempo. Y a medida que las llamas avanzan y ganan terreno, la atención se vuelve más costosa, pues requiere, por ejemplo, del uso de helicópteros o de maquinaria especializada.
Actualmente, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia funciona de manera escalonada: primero atienden las autoridades municipales; si su capacidad se ve superada, la tarea pasa a los bomberos departamentales y, posteriormente, a la Dirección Nacional de Bomberos y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). En este escenario, la nueva alianza para conformar Brigadas Forestales busca fortalecer un eslabón fundamental y en ocasiones invisibilizado -las comunidades-, que suelen ser las primeras en alertar sobre un incendio y gracias a su conocimiento del territorio, pueden llegar con rapidez al lugar de los conatos cuando están en niveles mínimos.
Estos esfuerzos, que ya se venían desarrollando en el país y que fueron liderados por el PNUD y el Ministerio de Ambiente, lograron la conformación de la primera red de Brigadas Forestales Comunitarias, hoy presentes en 80 municipios del territorio nacional, una red que se ampliará con la nueva alianza para Cundinamarca.
El enfoque de estas brigadas es la prevención. Dado que la mayoría de los incendios tienen su origen en malas prácticas humanas o en actos intencionales, también cumplirán una labor de sensibilización y educación ambiental comunitaria con el propósito evitar este tipo de incidentes.
Para disminuir los tiempos de reacción, se consolidarán 15 Brigadas Forestales Comunitarias de Cundinamarca recibirán capacitaciones y equipos, lo que les permitirá actuar de manera temprana y reportar con mayor efectividad a los demás actores del sistema de gestión del riesgo, teniendo como base estructural del proceso que no asumirán las funciones del cuerpo de bomberos, ya que ellos son los responsables y capacitados para atender incendios de mayor envergadura. Las Brigadas Forestales Comunitarias se centrarán en la prevención y atención de conatos, no en la atención ni la extinción.
En total, se contará con más de 210 brigadistas capacitados en prevención de incendios forestales, quienes serán dotados con un kit básico contra incendios forestales, que incluye: binoculares, radios de comunicación, equipos de protección personal y drones para el monitoreo de ecosistemas y la detección temprana de riesgos.
Según el PNUD, el objetivo es que estas brigadas trasciendan la atención de incendios y se conviertan en actores de gestión integral del riesgo, con funciones como alertar sobre inundaciones o crecientes súbitas, y participar en procesos de restauración, siembra y limpieza de fuentes hídricas para mejorar la estabilidad de los ecosistemas.
