El ambiente electoral cada vez va tomando más fuerza en el país. El próximo año, los colombianos deberán elegir al nuevo presidente y a los congresistas para el periodo 2026- 2030. Seguramente, en los próximos meses la agenda estará marcada por debates, discursos políticos, publicidad y propaganda en las calles, medios de comunicación y redes sociales. Entre tanta información, hay una agenda que no se puede escapar en un país como Colombia: la biodiversidad.
Pocas naciones en el mundo concentran tanta y tan variada riqueza natural como Colombia. A la luz de esto, la biodiversidad debería estar en las prioridades del país al mismo nivel que otros temas como seguridad, economía y salud.
De esta riqueza natural dependen diferentes sectores como la agricultura, el turismo y la generación de energía, entre otros. De nuestros bosques, ríos, manglares, páramos y demás ecosistemas sanos, depende, por ejemplo, la comida y el agua que llega a cada hogar. Cada vez que se pierden especies de flora o fauna, se disminuye el rendimiento de la producción agraria en los cultivos como el café, cacao o aguacate, que dependen de especies polinizadores como abejas, escarabajos y otros insectos.
La luz y energía que se utiliza en las casas, empresas y calles también depende de los socioecosistemas. Nuestro país tiene una matriz energética principalmente asociada a hidroeléctricas, que son un servicio que nos da la naturaleza. Tener disponibilidad de energía para las actividades diarias a menor y mayor escala depende de esos servicios, y por ende, de la biodiversidad, explica Germán Corzo, del Centro de Soluciones Basadas en Naturaleza del Instituto Humboldt.
Igualmente, la biodiversidad es relevante para todas las regiones del país, tanto en entornos urbanos como rurales. Es urgente que las ciudades incorporen criterios de biodiversidad y servicios ecosistémicos en su desarrollo y planificación, entendiendo que más del 77 % de la población vive en entornos urbano-regionales donde la naturaleza es clave para la resiliencia climática, la salud y el bienestar.
Por todo esto, la adecuada gestión y manejo de la biodiversidad es una necesidad estratégica para el progreso y sostenimiento de la economía, la seguridad alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático. De ahí, que es un tema central en las discusiones de país.
De acuerdo con el Instituto Humboldt, Colombia tiene mucho que ganar si apuesta por una economía basada en el uso sostenible de la biodiversidad. Según las metas del Plan de Acción en Biodiversidad (PAB), la hoja de ruta nacional que tiene las estrategias y acciones concretas para conservar, restaurar y usar de manera sostenible toda esa riqueza natural, se podría aportar hasta el 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y generar medio millón de empleos.
Pero si esto se ignora, también tiene sus consecuencias. El Banco Mundial advierte que, de continuar el deterioro de los ecosistemas en el planeta, el crecimiento del PIB global podría caer en un 13 % hacia 2030. Este riesgo no es muy lejano para Colombia, si se tiene en cuenta que entre 2001 y 2021 el país perdió 3,2 millones de hectáreas de bosque y esto tendrá efectos.
Los compromisos de Colombia con el planeta
Colombia tiene un papel protagónico en la agenda ambiental global, consolidando su liderazgo y vocería internacional en la defensa de la biodiversidad y la acción climática. El próximo gobierno recibe metas ambiciosas que corresponden a compromisos internacionales asumidos.
En 2022, Colombia y otros 195 países firmaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que fija 23 metas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. Su instrumento de implementación a nivel nacional es el Plan de Acción de Biodiversidad al 2030, que se concreta en cuatro apuestas estratégicas y 191 compromisos interinstitucionales, articulando 15 carteras ministeriales y 269 compromisos con pueblos y comunidades del país.
En términos prácticos, estas metas buscan asegurar que Colombia gestione su territorio de manera que conserve la naturaleza mientras permite el desarrollo.
En paralelo a los compromisos en materia de biodiversidad, Colombia también tiene tareas por cumplir en la agenda de cambio climático. En septiembre de 2025, el país presentó la tercera versión de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), la herramienta con la que cada país traza su hoja de ruta para cumplir con el Acuerdo de París que, a grandes rasgos, comprometió a todos los países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura media global muy por debajo de 2 °C respecto de los niveles preindustriales (1850-1900) y hacer esfuerzos para no superar el 1,5 °C.
Esta versión de las NDC actualiza las metas hacia 2030 y “consolida la integración estructural entre la acción climática y la conservación de la biodiversidad, reconociendo que ambas son pilares del desarrollo nacional y del bienestar de las generaciones futuras”, de acuerdo con el Instituto Humboldt.
A esto se suman otros compromisos como el Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que refuerzan el deber de garantizar justicia ambiental, participación ciudadana y equidad en la gestión del territorio.
El llamado a los próximos legisladores y Presidente
¿Cómo integrar toda esta información en los programas de gobierno, en el próximo Plan Nacional de Desarrollo y en la agenda legislativa? El Instituto Humboldt, una entidad que por treinta años se ha encargado de estudiar la biodiversidad de Colombia, hizo una primera entrega de una serie de recomendaciones para alimentar la conversación nacional.
No se trata del dilema entre conservación o desarrollo, sino de tener buenas apuestas para conciliar ambos propósitos, recomienda el Instituto Humboldt. Más allá de cumplir con metas de conservación, el propósito es lograr que la planificación territorial incorpore la gestión integral de la biodiversidad. Esto requiere articulación entre niveles de gobierno, sectores económicos, comunidades locales y academia.
En los temas económicos, la bioeconomía es una alternativa que ha ido tomando fuerza, y que requiere de más apoyo, pues ofrece soluciones para dinamizar economías locales, generar empleo y agregar valor mediante el uso sostenible del capital natural colombiano. Los beneficios no son teóricos: ya existen negocios basados en ingredientes naturales, bioproductos, turismo de naturaleza y cadenas de valor que generan empleo digno y agregan valor en los territorios. Se trata de fortalecer capacidades y promover encadenamientos productivos con alto valor agregado.
Además de la bioeconomía, es necesario actuar con los sectores tradicionales.
Esto implica que el agro, el sector minero-energético y la infraestructura, entre otros, integren la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en sus decisiones, reconociendo sus dependencias y oportunidades.
Esto requiere promover acuerdos para fortalecer buenas prácticas y orientar el ordenamiento productivo y las compensaciones ambientales, de manera que las actividades económicas reduzcan sus impactos y contribuyan a restaurar los ecosistemas que usan y necesitan. Esto no es un freno al desarrollo: es una forma de hacerlo sostenible en el tiempo.
En Colombia, cerca de una tercera parte del territorio nacional es propiedad colectiva de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, quienes han desarrollado formas propias de manejo que contribuyen a conservar ecosistemas estratégicos. Por esto, es indispensable fortalecer la gobernanza ambiental y la participación con enfoque diferencial.
Finalmente, se hace un llamado a los próximos congresistas y Presidente a reconocer la importancia de la toma de decisiones basadas en evidencia en materia de biodiversidad, para lo cual es fundamental conocer, apropiar y fortalecer los datos e información que generan los institutos de investigación, de acuerdo con Sandra Perdomo, Gerente de Política Pública y Cooperación del Instituto Humboldt.
Los próximos años serán decisivos para la biodiversidad de Colombia y, con ella, para la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y la capacidad de adaptación frente al cambio climático. Los procesos electorales, como parte normal del funcionamiento democrático, también son momentos en los que el país revisa y define el rumbo de sus políticas públicas, incluida la gestión de su patrimonio natural.
Más que un asunto coyuntural, se trata de asegurar que las decisiones de Estado mantengan la biodiversidad como una base de bienestar, desarrollo y oportunidades para las generaciones presentes y futuras.
