19 Jun 2021 - 3:23 a. m.

Los beneficios que el Acuerdo de Escazú trae para el sector productivo

Este tratado ambiental, cuyo futuro está a punto de definirse en Colombia, no solo busca proteger a los defensores y defensoras ambientales. También ayudará a que el sector productivo se alinee con el “despertar ecológico” que los consumidores, las instituciones multilaterales y los inversionistas están experimentando.

Redacción Bibo

Este domingo puede definirse el futuro del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único instrumento vinculante creado hasta el momento para la protección de defensores y defensoras ambientales en el mundo.

Es una herramienta que busca regular los derechos que los ciudadanos deben tener para acceder a la información, participar de los asuntos públicos, y para que la justicia sea efectiva alrededor del uso sostenible de nuestros recursos naturales.

En otras palabras, permitiría que cualquier persona tenga acceso a la información ambiental, sin necesidad de trasladarse a las oficinas del Ministerio de Ambiente en Bogotá o de interponer derechos de petición o acciones de tutela; definiría las reglas de participación de la ciudadanía en los proyectos que tengan algún impacto ambiental, para que las comunidades afectadas puedan incidir en lo que pasa con sus territorios; y fortalecería las capacidades de jueces y magistrados para que las decisiones sean más acertadas (actualmente son muy pocos los jueces capacitados en temas ambientales). Así, quienes defienden el territorio y el medio ambiente contarían con más garantías para ejercer su labor.

Sin embargo, a pesar de que actualmente Colombia el país más peligroso para los defensores y defensoras del ambiente (según la ONG británica Global Witness en 2019 de los 212 asesinatos de este tipo que tuvieron lugar en el mundo, 64 ocurrieron en el país), este acuerdo lleva 11 meses siendo debatido en el Congreso y solo hay plazo hasta el domingo para que los senadores y representantes a la Cámara de las comisiones segundas definan si lo ratifican o no, pues la legislatura finaliza ese día.

Si el domingo el Acuerdo no se ha deliberado, el proyecto de ley quedará archivado por vencimiento de términos; y, si lo votan negativamente, su futuro será incierto, pues no existe un precedente de un tratado internacional que se caiga en el Congreso y haya sido presentado de nuevo ante este cuerpo colegiado. En ese caso, Escazú sería el primer tratado internacional, en la historia del país, que es rechazado por el Congreso y el gobierno nacional faltaría al compromiso que el presidente Duque asumió al firmarlo en diciembre de 2019.

Lo complejo es que, tras 10 meses de audiencias públicas para su debate en el Congreso de la República, en las que organizaciones de la sociedad civil y otros actores que defienden el Acuerdo han tratado de aclarar lo que significa la ratificación de este instrumento y las ventajas que traería para el país, algunos sectores y congresistas que se oponen insisten en que en Colombia ya existen suficientes garantías e instancias de participación en materia ambiental y que hacer parte de este tratado puede ahuyentar a los inversionistas.

¿Cómo puede afectar el Acuerdo a los sectores productivos?

En septiembre del año pasado, el Consejo Gremial Nacional, un foro permanente de deliberación que está integrado por sectores como los ganaderos (Fedegan), palmeros (Fedepalma) y comerciantes (Fenalco), manifestó en una carta enviada al presidente Duque que “el Acuerdo de Escazú puede, si no se dan las claridades correspondientes, llegar a establecer limitaciones en los proyectos generadores de empleo y de desarrollo social que son necesarios para el progreso del país”.

No obstante, expertos de la Alianza por el Acuerdo de Escazú -que reúne expertos de organizaciones y universidades en defensa del tratado como la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, la Asociación Ambiente y Sociedad, Dejusticia y WWF Colombia- advierten que el tratado no frena las inversiones ni detiene el desarrollo económico; más bien, puede dar más garantías al evidenciar la alineación del país y los gremios con las políticas ambientales que les permiten acceder a nuevos créditos, como los del BID.

“A los gremios debería interesarles el Acuerdo, pues les dará seguridad jurídica de que sus inversiones no generarán conflictos socioambientales al tener en cuenta a las comunidades; además les advertirá dónde no poner el dinero y evitar problemas a futuro”, dice Mary Lou Higgins, Directora Ejecutiva de WWF Colombia.

Si Colombia ratifica el Acuerdo, enviaría señales muy positivas a sus aliados comerciales, pues este tratado aumenta y garantiza la seguridad jurídica, ya que su contenido permite acoger las directrices de organismos multilaterales como la OCDE y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), ambas entidades que han liderado o dado su aval y apoyo a este acuerdo.

En septiembre de 2020, el BID, que es el principal financiador de proyectos de transporte, energía y agricultura en Colombia, publicó el nuevo Marco de Política Ambiental y Social que orientará sus inversiones y allí se comprometió a respetar los derechos y principios que están establecidos en el Acuerdo de Escazú, pues quieren mantener un proceso de participación abierto, transparente e incluyente con todas las partes.

Esto quiere decir que, en sus futuras inversiones, tendrá en cuenta a los países que ratifiquen el Tratado. El Marco, incluso, incorpora una lista de exclusión que contiene actividades concretas que no financiará si son incompatibles con el compromiso de hacer frente a los desafíos del cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental y social, o que podrían conllevar un impacto considerable para las personas y el ambiente.

La imagen de líder ambiental podría estar en riesgo

En los últimos años, Colombia ha sido líder en materia ambiental a nivel internacional y la no ratificación del Acuerdo de Escazú podría desentonar con ese propósito, consideran algunos.

El país hace parte de las 189 Partes que han ratificado el compromiso global más importante para enfrentar el cambio climático: el Acuerdo de París. Y, a finales del año pasado, actualizó sus metas climáticas con una ambición de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que ha sido reconocida mundialmente: mitigar el 51% de sus emisiones proyectadas de aquí a 2030. De otro lado, en abril de 2020 entró a hacer parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), un club de naciones cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Dos compromisos que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente del ODS 17, que plantea que “se necesitan alianzas inclusivas basadas en principios y valores, una visión compartida y objetivos compartidos que coloquen a las personas y al planeta en el centro, a nivel mundial, regional, nacional y local”.

Escazú y el “eco despertar” de los consumidores

Justamente, hacia esa senda también se encaminan los consumidores, un actor determinante para los sectores productivos. Una investigación que la Unidad de Inteligencia de The Economist hizo para la organización de conservación WWF, publicada el mes pasado, muestra qué tan preocupadas están las personas por la pérdida de naturaleza en el mundo.

Los resultados dejan ver que en los últimos cinco años no solo ha habido un aumento significativo de búsquedas en Google y en redes sociales de temas ambientales, así como un incremento de noticias de este tipo en medios de comunicación, sino que dicha preocupación se traduce en cambios de comportamientos de consumo concretos.

En otras palabras, la crisis planetaria actual (que comprende la emergencia sanitaria por Covid-19, la pérdida de naturaleza que avanza a ritmos alarmantes, y los efectos del cambio climático) está calando en la consciencia de las personas y éstas cada vez quieren saber más al respecto, así como cambiar sus preferencias y hábitos de consumo por unos más sostenibles.

La investigación, que analizó el comportamiento en redes sociales y el entorno digital en 54 países, incluido Colombia, reveló que en los últimos cinco años, en el mundo se registró un aumento del 71% del número de personas que buscan productos

sostenibles; un crecimiento del 65% de gente que menciona preocupación por la naturaleza en Twitter; una subida del 16% en las búsquedas de Google, con mayor incremento en Asia y América Latina; y un avance del 13% en la cobertura de noticias en mercados emergentes. Sumado a esto, en ese periodo, más de 159 millones de personas a nivel global han firmado peticiones en favor de campañas relacionadas con la biodiversidad.

En Colombia, por ejemplo, en los últimos 5 años las búsquedas en Google de productos sostenibles se han incrementado en 63%, algo que podría estar relacionado al contexto del país: “En las economías en desarrollo y los mercados emergentes, los consumidores ven los efectos de la pérdida de naturaleza en sus propios países, ya que la deforestación, los incendios, las inundaciones y las sequías agotan el mundo natural, por lo que están cada vez más preocupados”, dice Cristianne Close, Líder Global del Programa Mercados de WWF.

Todo pareciera indicar que, la gente de todo el mundo, y especialmente en mercados emergentes como Colombia, es cada vez más consciente de la crisis planetaria, y esto está afectando su comportamiento en un estado de ánimo global que crece rápidamente y que WWF ha denominado como “eco despertar” o “despertar ecológico”. “Ya no es aceptable ni inteligente ignorar la sostenibilidad en los negocios, y esto es lo que los consumidores están diciendo fuerte y claro con su búsqueda de productos sostenibles en línea. Las preferencias de los consumidores están impulsando a industrias enteras a cambiar y no hay mercado o sector que no se vea afectado”, agrega Close.

En un contexto así, en el que los consumidores están pidiendo que los sectores productivos sean más conscientes del impacto que el ser humano tiene en la naturaleza, instrumentos como el Acuerdo de Escazú, y especialmente la imagen que su ratificación daría a nivel mundial, se tornan relevantes.

Este acuerdo sería “un mecanismo clave para que el sector productivo muestre su compromiso con la conservación del planeta, ponga en marcha las buenas prácticas en el campo de participación para la protección ambiental, y genere los cambios necesarios para enfrentar la emergencia planetaria”, dice Mary Lou Higgins.

Sin duda, lo que pase el domingo en el Congreso será un mensaje que incidirá en la imagen de líder ambiental que el país se ha forjado en los últimos años, así como en la seguridad para los sectores productivos y la inversión. Sin dejar de lado, las implicaciones que la decisión que los congresistas tomen traerá para la defensa de los derechos humanos de los líderes ambientales.

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