Los puntos claves del Tratado que busca proteger la biodiversidad de las aguas internacionales

Aunque alta mar representa alrededor del 65 % de los océanos, solo el 1 % de estas aguas está protegida. / WWF

Foto: 1 - Lucas Bustamante

Más del 70 % de la superficie del planeta en el que vivimos está cubierto por agua. Los océanos son una de las fuentes de vida más importantes que tiene la humanidad, pues, además de albergar la mayoría de la biodiversidad del mundo, producen al menos el 50 % del oxígeno del planeta.

Pese su gran importancia, se estima que solo el 1 % de la superficie oceánica está protegida. Una de las razones es que casi dos tercios del océano no contaban con una figura que velara por su protección global, pues son áreas que no pertenecen a ningún país, ni a su Zona Económica Exclusiva (ZEE), ni a archipiélagos, pero aun así sufren los impactos generados por los humanos. (Lea: Lo que debe saber sobre el tratado que busca eliminar la contaminación plástica)

Luis Alonso Zapata, coordinador del Programa Marino Costero en WWF Colombia, explica que, “por lo general, cada país posee una Zona Económica Exclusiva que corresponde a 200 millas náuticas (aproximadamente 370 km) desde la línea de costa”. Fuera de ese territorio está lo que se conoce como Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional (ABNJ por sus siglas en inglés), que son aguas internacionales; es decir, que no le corresponden a ningún país y, por ende, todos pueden transitar por allí.

Sin embargo, el gran problema de que sean “aguas de todos” es que no hay un doliente que vele por conservar la biodiversidad que se encuentra allí. Esta zona, también llamada “alta mar”, juega un rol importante para la supervivencia de las pesquerías, proporciona hábitats para cientos de miles de especies y ayuda a mitigar los impactos climáticos, absorbiendo el 23 % de las emisiones de carbono relacionadas con los humanos en los últimos 10 años.

Hasta hace cuatro meses solo existían acuerdos regionales que se encargan de regular temas específicos. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha estipulado varios acuerdos y planes para monitorear la pesca, como el Plan de Acción Internacional de 1999 para reducir las capturas accidentales de aves marinas en la pesca, o el Plan de Acción Internacional para la Conservación y Gestión de los Tiburones, de ese mismo año. (Le puede interesar: En fotos: así se ve el derretimiento de los glaciares de Colombia)

“Hasta el momento no había algo que involucrara la totalidad de las aguas internacionales”, dice Zapata. Por esto, desde 2004, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) empezó a trabajar en un tratado internacional que busca garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de áreas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ por sus siglas en inglés).

El marco legal, conocido como Tratado de Alta Mar, tiene cuatro puntos principales, enfocados en la declaratoria de áreas protegidas; el acceso equitativo al uso de los recursos genéticos marinos, la reducción de los impactos ambientales de las actividades económicas y la destinación de más dinero a la conservación marina.

“El primer tema fue el de recursos genéticos, porque se considera que en muchos de los estudios de los organismos marinos se encuentra el soporte para curar enfermedades, producir medicamentos y alimentos, pero solo los países de mayor capacidad económica pueden acceder a esto. Por eso se planteó que, si el agua es de todos, debe buscarse la forma de cómo retribuir estos beneficios a todos”, explica Zapata.

Y es que esto ha sido documentado en varios estudios. Uno de estos fue publicado en la revista Science en 2018, donde afirman que BASF, una de las empresas químicas más importantes del mundo, con sede en Alemania, ha registrado el 47 % de todas las patentes de los recursos genéticos marinos. (Lea: Los océanos están inundados de plástico, pero aún es posible salvarlos)

El otro punto es la declaración de áreas protegidas, que va de la mano con una de las metas del Marco Global de Biodiversidad que se firmó a finales del año pasado en Canadá. En este, los países se comprometieron a declarar el 30 % de las áreas marinas y el 30 % de las áreas terrestres zonas protegidas, una de las figuras más efectivas para la conservación de los ecosistemas.

“En la parte continental es más fácil identificar la delimitación de un área protegida, pero en el agua no tanto, a menos de que esté rodeado de islas. Por esto se requiere un poco más de detalle y herramientas tecnológicas para su delimitación”, dice el investigador de WWF, quien agrega que la idea es que estás áreas estén conectadas, pues muchas de las especies que transitan por las aguas internacionales son migratorias.

Esta complejidad llevó a determinar otro de los puntos claves del Tratado de Alta Mar: el desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología marina a los países en vía de desarrollo. La idea es que haya una retroalimentación entre los países con mayores capacidades, y los que no tienen los recursos tecnológicos ni económicos para generar mayor conocimiento y estrategias que fortalezcan estas áreas.

El último punto que tuvo en cuenta el tratado fue la evaluación de impacto ambiental. Esto hace referencia a un protocolo que deberá ser tenido en cuenta en las actividades que se quieran hacer en alta mar, para que estas sigan un lineamiento de impacto y de esta manera saber exactamente qué las podría estar afectando. (Lea: El 75 % de los manglares están amenazados, por eso hay que hablar de su restauración)

“Ahí se aborda lo que tiene que ver con la minería submarina, por ejemplo. Se pensaba que a esto todavía le faltaban años de desarrollo, pero en el momento ya hay solicitudes para empezar a trabajar en minería submarina, a más o menos 4.000 m de profundidad para explotar recursos”, indica Zapata.

Aunque el tratado, según varios expertos, no tuvo en cuenta algunos aspectos claves como la pesca, es un paso importante para la conservación y el uso sostenible de la naturaleza marina. Justamente, sobre la pesca, los países acordaron que los organismos existentes que ya son responsables de regular estas actividades seguirán ejerciendo su oficio. Se espera que organizaciones como la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT), la Organización Marítima Internacional o la FAO se vinculen con el Tratado para continuar haciéndole seguimiento a la actividad pesquera.

¿Qué sigue ahora?

El acuerdo se alcanzó en marzo de este año luego de cinco asambleas realizadas en Nueva York. Ahora se encuentra en proceso de ratificación e implementación por parte de los países. “En el caso de Colombia, esto pasa por el Congreso para que finalmente se ratifique. El país debe mirar las bondades y las obligaciones que trae consigo la ratificación del Tratado”, explica el investigador.

Colombia, gracias a un convenio de cinco años con el Gobierno alemán, llamado Strong High Seas, tuvo la oportunidad de articularse con la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que es un órgano asesor de temas marinos para los países de Colombia, Perú, Ecuador y Chile.

Gracias a este convenio se capacitó a los países que asistirían a las negociaciones para tener un panorama más claro, luego de conocer los impactos de diferentes actividades y la biodiversidad relacionada con las aguas internacionales.