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Desde 2012, el sector minero en Colombia ha aportado como máximo el 2,3 % del Producto Interno Bruto (PIB), según datos oficiales. Sin embargo, los indicadores socioeconómicos de los municipios mineros y las percepciones de las comunidades indican los bajos beneficios que ha representado esta actividad para la población.
Sumado a esto, expertos de múltiples disciplinas que se han dedicado a estudiar los impactos y riesgos que la megaminería en el país genera en los ecosistemas y en la calidad de vida de las personas concluyen, casi de forma unánime, que estas actividades, y más si no tienen regulación, difícilmente podrían ir de la mano con objetivos de sostenibilidad o de cierre de brechas sociales.
Además, distintos analistas consultados para realizar este editorial periodístico utilizan como referencia el caso de la mina La Quebradona, un proyecto minero que se desarrollaría entre 2025 y 2047, en los municipios de Jericó y Támesis (Antioquia), y que está a la espera de recibir la licencia ambiental para operar, como un ejemplo fehaciente y actual de cómo un proyecto minero de gran escala que no considere para sus etapas una concertación mediada por mecanismos de participación ciudadana puede llegar a crear grandes impactos, desde cualquier expresión de vida silvestre hasta los intereses socioeconómicos de los pobladores vecinos.
Se estima que en La Quebradona la empresa Anglo Gold, cabeza del proyecto megaminero, planea sacar unos 4,7 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y plata. A su vez, en términos monetarios, pretende generar más de USD$12 billones en ganancias, de los cuales apenas un 0,35 % del total iría para programas y proyectos de desarrollo local.
Dentro de otros impactos directos hacia la naturaleza en el marco de este proyecto se talarían alrededor de 65.000 árboles (en los dos municipios antioqueños) y el 74 % de los mamíferos que históricamente han ocupado esta zona desaparecerían o saldrían hacia otro hábitat como refugio obligado.
Estas cifras, además del panorama social que viven los pobladores sobre los cuales recaen y recaerán los impactos de La Quebradona, son expuestos en el documental Verde como el oro, un trabajo audiovisual codirigido por Felipe Macía, quien denuncia en esa narrativa cómo las comunidades no son incluidas ni siquiera en los estudios de impacto ambiental o cómo el país está lejos de pensar en una minería con propósito social y sostenible.
De hecho, en el mismo documental las personas se alertan, prácticamente sin ser escuchadas, por los métodos de perforación y voladura con explosivos, y temen constantemente por una inminente muerte que, según ellos, “les conviene a ciertos sectores”.
Y si bien los ojos del país ambientalista se concentran actualmente en lo que sucederá en esa zona de Antioquia, los conflictos que ocurren a diario en el sector minero en Colombia no discriminan fronteras departamentales. El país, con miras a una reactivación verde, justa y resiliente después de la pandemia está viendo cómo estas prácticas se comen poco a poco las riquezas naturales, en un paso sin freno que solo puede ser mitigado con unión colectiva y mayores ejecuciones de políticas públicas que apelen a la sostenibilidad y el bienestar.
Reactivación en la pospandemia
Fabio Velásquez, asesor de la Fundación Foro Nacional por Colombia, le explicó a este diario que es difícil limar asperezas en escenarios como los de La Quebradona, pues “la empresa ha hecho entrega de dineros a ciertos grupos de la población y ellos se enfrentan a un sector amplio que está en contra de sus prácticas”.
En materia más general, Velásquez señaló que se deben repensar de forma estructural las formas en las que se quieren satisfacer las demandas a futuro de los países más desarrollados, porque la megaminería en muchas zonas del país genera cada vez más “una resistencia fuerte en muchas personas que señalan que sus territorios con vocación hídrica y agrícola están siendo destruidos en todo su circuito económico y en sus bases de riqueza y sustento”, agregó.
Justamente sobre el desarrollo de recursos hídricos en contextos mineros recaen las preocupaciones sobre reactivación y cuidado medioambiental de Cristina Echavarría, especialista en temas de comunidades y minería.
La experta insiste en que la gran minería “baja el nivel freático de las aguas, cuestión que afecta los manantiales, las cuencas y la disponibilidad de agua para otras actividades que existen”. Pensar en desarrollo bajo la prevalencia de este sector es difícil para ella, en la medida que elementos como el aire o la tranquilidad de la gente están en juego.
“Muchas operaciones en plantas de procesamiento deben comprimir los minerales, lo que produce contaminación (aún más en zonas ventosas). Debemos tener en cuenta los desechos mineros que sus desmontes se acumulan en presas de colas, las cuales dependiendo de su ubicación afectan terrenos que quieran ser conservados. Y también se deben evaluar los desechos arrojados en zonas con alta sismicidad, pues la ruptura de presas puede ocasionar tragedias. Por ejemplo, La Quebradona está a orillas del río Cauca, un sitio tectónico que si tiene un accidente sería fatal para las aguas que corren allí, las comunidades y proyectos como los de Hidroituango”, concluyó Echavarría.
Estos costos ambientales y sociales que la megaminería generaría en un periodo de transición como este podrían ir en contravía de una recuperación económica en armonía con la naturaleza, que cierre brechas sociales y sea consciente de los efectos del cambio climático.
Otras consecuencias
Mauricio Cabrera, asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de WWF Colombia, comentó que “hoy en Colombia no existe una ley que garantice los cierres mineros de las megaoperaciones, tampoco una ley de pasivos ambientales que garantice que al cierre de las operaciones las zonas no se constituyan en pasivos ambientales mineros. No se ha resuelto el conflicto entre la planeación del suelo y del subsuelo, pues si bien se ha requerido este aspecto desde hace diez años a través de sentencias, ni el Gobierno Nacional ni el Congreso han avanzado en este aspecto”.
Además, Cabrera sentenció que en Colombia no hay un adecuado control que incide y mitigue sobre la alta criminalidad y corrupción asociada con la producción minera en Colombia, “como lo son los sistemas de monitoreo, el fortalecimiento de entes de control, la trazabilidad de la producción mineral, la capacitación a jueces y el ajuste a marcos normativos de endurecimiento de penas para actividades ilegales o corruptas que afectan toda la cadena productiva, ni se han fortalecido a las autoridades ambientales ni a los municipios mineros”.
En su misma línea, Juliana Peña, oficial sénior para América Latina del Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, por su sigla en inglés), denunció que el Código de Minas de 2001 fue hecho a la medida de la minería a gran escala, provocando un serio desconocimiento de las condiciones de la minería de pequeña escala y artesanal.
Además, Peña indicó que en Colombia hay casos puntuales de explotación de carbón, como algunos localizados en La Guajira y Cesar, que por sus mismos lineamientos reducen el campo de acción que las comunidades pueden tener para frenar sus impactos.
“La explotación allí se ha dado por más de tres décadas, y en un estudio realizado por NRGI se identificó que sus economías dependen de manera importante de estos proyectos (38 y 35 % del PIB respectivamente; la minería es la principal actividad económica) y las tres empresas (Drummond, Prodeco y Cerrejón) han aportado casi el 90 % de la producción del país. El contexto actual de disminución de la demanda de combustibles fósiles a escala global para cumplir las metas del Acuerdo de París ha puesto en jaque a esta región, teniendo en cuenta que es el combustible que más contamina. Por lo tanto, el carbón se está convirtiendo en un activo varado”, sintetizó.
Colombia actualmente busca liderar la transición hacia energías más limpias en la región y aportar a la lucha contra el cambio climático a través de metas muy ambiciosas. A la vez, pretende revertir la pérdida de la biodiversidad a través del control de la deforestación, de una estricta legislación en delitos ambientales, de la ampliación de áreas protegidas y de un mejor manejo de estas, entre otros.
Esto, sumado a que una crisis como la actual requiere generación a corto plazo de ingresos y de puestos de trabajo, y un megaproyecto minero requiere entre 10 y 15 años para materializarse, son indicios de que fincar las esperanzas en este tipo de proyectos, con el riesgo de aumentar los conflictos socioambientales, sin una regulación clara y sin la institucionalidad suficiente, no es el mejor camino.