Los sectores pendientes en la transición a una economía verde y justa

La transición de los distintos sectores hacia economías sostenibles con el medioambiente y socialmente justas avanza de manera diferenciada en el país. A pesar de los matices de este proceso, la minería y los hidrocarburos parecen no despegar.

Durante 2021, uno de los mantras más repetidos fue el de la reactivación económica. Luego de la pandemia por coronavirus, que paralizó por varios meses al mundo, con las implicaciones que esto supuso, este año se perfiló como el período más oportuno para la recuperación de todos los sectores. Sin embargo, esta reactivación no se podía dar a cualquier costo. El calentamiento global, las desigualdades sociales, entre otros aspectos, obligaban a que se diera de manera verde, justa y resiliente.

A lo largo del año, en estas páginas, hemos abordado cómo, desde diferentes sectores, se están realizando esfuerzos por promover una economía verde y una relación más sostenible con la naturaleza, entre otros aspectos, que resultan de vital importancia pensando en los riesgos que se ciernen sobre el planeta, principalmente por cuenta de la crisis climática. A pesar de esto, todavía hay actividades que se encuentran muy rezagadas en esta transición.

Carbón y petróleo, un panorama insuficiente

Los tres expertos consultados para este artículo coinciden en un punto: Colombia tiene un rezago considerable respecto al papel que la minería y los hidrocarburos representan en la economía del país y en los esfuerzos que deben realizarse para reducir la dependencia de estos. Mario Valencia, economista y docente universitario, lo explica de la siguiente manera: “La minería no pesa tanto en el PIB, no representa tanto en la economía nacional, pero genera una dependencia muy fuerte en las exportaciones del país y una gran dependencia en los ingresos fiscales de Colombia”.

Pese a que la participación económica de estos sectores no es tan importante para el país, tampoco es despreciable. Por eso, Valencia afirma que la solución no es tan sencilla como frenar la extracción de carbón y petróleo en el país de manera inmediata. “Cuando hablamos de transición, hablamos de un proceso. Tiene que haber una política responsable”, señala. Sin embargo, sí advierte que el Estado y los gobiernos han adquirido una posición cómoda respecto a este tema que se explica porque “hacer cualquier transformación productiva implicaría unas inversiones muy altas, un costo político muy alto, porque lo obligaría a hacer reformas tributarias que probablemente son impopulares”.

Para Mauricio Cabrera, asesor en relaciones de gobierno y relaciones internacionales de WWF Colombia, además de la comodidad, existe una contradicción en los últimos gobiernos respecto a este tema. Explica, por ejemplo, los pilotos de fracking que se adelantan en el Magdalena Medio: “En este momento se siguen invirtiendo recursos en una apuesta energética que se aleja completamente de las metas climáticas y continuamos en la senda de seguir dependiendo de los hidrocarburos por varias décadas”.

Tanto para Valencia como para Cabrera, el país requiere inversiones importantes en otros sectores de la economía que permitan un crecimiento económico sostenible con la naturaleza. Dicha inversión, coinciden, puede provenir precisamente de la minería y de los hidrocarburos, pero se necesita voluntad política para que estos sectores inicien la transición hacia una economía más verde y justa.

Transición y reactivación socialmente justa

Juliana Peña, senior officer del Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales, coincide plenamente con el panorama planteado por ambos colegas y muestra un aspecto fundamental en los tiempos que vive el país. Luego de realizar un análisis comparado entre Perú y Colombia sobre las medidas de reactivación que ambos Estados implementaron durante la pandemia, las conclusiones son poco alentadoras.

Según Peña, “las estrategias de reactivación siguen siendo adoptadas de arriba abajo, desde el nivel nacional sin tener en cuenta las particularidades y los impactos de la pandemia en los territorios. Tener en cuenta estos impactos diferenciados de la crisis económica sobre los hombres y las mujeres, que fue más alto para estas últimas, debería llevar a una política de generación de empleo integral para las mujeres, por ejemplo”, situación que se estaría replicando con otros grupos socialmente excluidos, como las poblaciones étnicas del país, que por sus cosmovisiones y planes de vida tienen una concepción distinta a la del Estado sobre el desarrollo.

Pero, dichas políticas diferenciadas se requieren también en la transición minero-energética que necesita el país y de la que se habló antes, señala Peña: “En departamentos como La Guajira o el Cesar, que son altamente dependientes de la economía del carbón que parece estar en declive pese al boom actual que se ha generado por la crisis energética en Europa, las poblaciones requieren de alternativas económicas justas”.

La transición de los distintos sectores hacia economías sostenibles con el medioambiente y socialmente justas avanza de manera diferenciada en el país. A pesar de los matices de este proceso, la minería y los hidrocarburos parecen no despegar.

Durante 2021, uno de los mantras más repetidos fue el de la reactivación económica. Luego de la pandemia por coronavirus, que paralizó por varios meses al mundo, con las implicaciones que esto supuso, este año se perfiló como el período más oportuno para la recuperación de todos los sectores. Sin embargo, esta reactivación no se podía dar a cualquier costo. El calentamiento global, las desigualdades sociales, entre otros aspectos, obligaban a que se diera de manera verde, justa y resiliente.

A lo largo del año, en estas páginas, hemos abordado cómo, desde diferentes sectores, se están realizando esfuerzos por promover una economía verde y una relación más sostenible con la naturaleza, entre otros aspectos, que resultan de vital importancia pensando en los riesgos que se ciernen sobre el planeta, principalmente por cuenta de la crisis climática. A pesar de esto, todavía hay actividades que se encuentran muy rezagadas en esta transición.

Carbón y petróleo, un panorama insuficiente

Los tres expertos consultados para este artículo coinciden en un punto: Colombia tiene un rezago considerable respecto al papel que la minería y los hidrocarburos representan en la economía del país y en los esfuerzos que deben realizarse para reducir la dependencia de estos. Mario Valencia, economista y docente universitario, lo explica de la siguiente manera: “La minería no pesa tanto en el PIB, no representa tanto en la economía nacional, pero genera una dependencia muy fuerte en las exportaciones del país y una gran dependencia en los ingresos fiscales de Colombia”.

Pese a que la participación económica de estos sectores no es tan importante para el país, tampoco es despreciable. Por eso, Valencia afirma que la solución no es tan sencilla como frenar la extracción de carbón y petróleo en el país de manera inmediata. “Cuando hablamos de transición, hablamos de un proceso. Tiene que haber una política responsable”, señala. Sin embargo, sí advierte que el Estado y los gobiernos han adquirido una posición cómoda respecto a este tema que se explica porque “hacer cualquier transformación productiva implicaría unas inversiones muy altas, un costo político muy alto, porque lo obligaría a hacer reformas tributarias que probablemente son impopulares”.

Para Mauricio Cabrera, asesor en relaciones de gobierno y relaciones internacionales de WWF Colombia, además de la comodidad, existe una contradicción en los últimos gobiernos respecto a este tema. Explica, por ejemplo, los pilotos de fracking que se adelantan en el Magdalena Medio: “En este momento se siguen invirtiendo recursos en una apuesta energética que se aleja completamente de las metas climáticas y continuamos en la senda de seguir dependiendo de los hidrocarburos por varias décadas”.

Tanto para Valencia como para Cabrera, el país requiere inversiones importantes en otros sectores de la economía que permitan un crecimiento económico sostenible con la naturaleza. Dicha inversión, coinciden, puede provenir precisamente de la minería y de los hidrocarburos, pero se necesita voluntad política para que estos sectores inicien la transición hacia una economía más verde y justa.

Transición y reactivación socialmente justa

Juliana Peña, senior officer del Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales, coincide plenamente con el panorama planteado por ambos colegas y muestra un aspecto fundamental en los tiempos que vive el país. Luego de realizar un análisis comparado entre Perú y Colombia sobre las medidas de reactivación que ambos Estados implementaron durante la pandemia, las conclusiones son poco alentadoras.

Según Peña, “las estrategias de reactivación siguen siendo adoptadas de arriba abajo, desde el nivel nacional sin tener en cuenta las particularidades y los impactos de la pandemia en los territorios. Tener en cuenta estos impactos diferenciados de la crisis económica sobre los hombres y las mujeres, que fue más alto para estas últimas, debería llevar a una política de generación de empleo integral para las mujeres, por ejemplo”, situación que se estaría replicando con otros grupos socialmente excluidos, como las poblaciones étnicas del país, que por sus cosmovisiones y planes de vida tienen una concepción distinta a la del Estado sobre el desarrollo.

Pero, dichas políticas diferenciadas se requieren también en la transición minero-energética que necesita el país y de la que se habló antes, señala Peña: “En departamentos como La Guajira o el Cesar, que son altamente dependientes de la economía del carbón que parece estar en declive pese al boom actual que se ha generado por la crisis energética en Europa, las poblaciones requieren de alternativas económicas justas”.