(Opinión) Madera legal para reducir la deforestación

En Colombia existe el Pacto Intersectorial por la Madera Legal, una iniciativa público-privada creada en 2009 y que busca promover el mercado legal de la madera en Colombia.

Foto: Luis Barreto WWF

Cuando compramos madera legal que proviene de bosques naturales del país, no solo apoyamos el sector forestal, sino que aportamos a la conservación de este importante ecosistema natural en zonas como la Amazonia, el Pacífico o el Urabá Antioqueño. Contrario a lo que se cree, sí es posible aprovechar ciertas especies maderables de los bosques naturales sin afectar su salud; incluso, el aprovechamiento forestal de los bosques ha demostrado ser una alternativa efectiva para evitar la deforestación cuando se hace de manera sostenible y responsable. (Le puede interesar: La discordia por 11 solicitudes mineras en un río de los Llanos)

Colombia es un país de bosques. El 52% del territorio nacional está cubierto por bosques de los que no solo dependen las comunidades que los habitan, sino muchos de los servicios que hacen posible la vida en las ciudades. Sin embargo, de acuerdo con cifras del Ideam, desde 2015 se pierden anualmente, en promedio, cerca de 170 mil hectáreas de bosque, principalmente en la Amazonia.

Esto pasa, en gran medida, porque, aunque los bosques soportan la vida, son vistos de manera errónea, como ecosistemas que no generan una retribución económica, y esta visión limitada termina justificando su deforestación para dar paso a otros sistemas productivos. El aprovechamiento forestal sostenible, abre entonces la oportunidad de disminuir la presión, pues permite ver su potencial económico.

Si la intervención de un bosque se hace siguiendo técnicas silviculturales apropiadas, aprovechando especies que no tengan restricciones, en áreas permitidas y en cantidades autorizadas, e implementando las medidas de manejo pertinentes, se reduce el impacto para la naturaleza, y es un gana-gana para ésta y las personas.

Por eso las comunidades que habitan en ellos son cruciales. La mayoría de los bosques del país está en resguardos indígenas y tierras colectivas de comunidades afrodescendientes, quienes, con pequeños productores campesinos, juegan un rol definitivo en el manejo de los mismos. Intentar frenar la deforestación sin involucrarlas de manera real y efectiva es un despropósito, pues son ellas las que pueden tomar decisiones en los territorios y ser verdaderas custodias para su permanencia. (Lea también: La ONU declara que el acceso a un medio ambiente limpio y saludable es un derecho)

Una forma que ha resultado efectiva para lograr esto es el manejo forestal sostenible y la forestería comunitaria, una apuesta a la que el país y varias organizaciones le han invertido grandes esfuerzos en los últimos años y que consiste en reducir la presión de los bosques promoviendo el uso responsable de recursos como la madera de origen legal y productos forestales no maderables, con el fin de proteger las funciones que estos ofrecen y garantizar el bienestar de las comunidades.

Para ello existe el Pacto Intersectorial por la Madera Legal, una iniciativa público-privada creada en 2009 y que busca promover el mercado legal de la madera en Colombia. El Pacto tiene el gran reto de hacer visible y fortalecer los procesos de forestería comunitaria, generando capacidades en los actores comunitarios, dando a conocer la oferta de madera de aquellos que hacen aprovechamiento sostenible del bosque, y proporcionando información a los consumidores sobre los beneficios de comprar madera a productores que le apuestan a la economía forestal.

En este momento hay 40 iniciativas de forestería comunitaria distribuidas en ocho departamentos, comprometidas con una nueva forma de relacionarse con los bosques, que están produciendo madera legal, siguiendo todas las prácticas de manejo, cumpliendo los trámites y requisitos legales, y que buscan abrir un camino para una economía forestal comunitaria que tiene un gran potencial. Sin embargo, las barreras que enfrentan no son pocas.

Desde WWF, y en coordinación con MinAmbiente, se han venido desarrollando acciones que contribuyan y aporten a la construcción del Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal y permitan reducir el comercio ilegal de madera, impulsar la transparencia del sector, así como fortalecer los procesos de gobernanza forestal en las organizaciones comunitarias.

Pese a que el país tiene varias políticas públicas y dos leyes que incluyen medidas para la gestión de los bosques y el ordenamiento forestal, lo cierto es que han servido poco para impulsar el aprovechamiento sostenible de los bosques del país. Prueba de ello son las limitaciones para las comunidades que están tratando de comercializar madera legal, que van desde las dificultades para sacar la madera de sus territorios hasta los dispendiosos trámites que se requieren para acceder a los permisos de aprovechamiento. Por ejemplo, un permiso puede tardar hasta más de un año para ser otorgado. ¿Qué hacen mientras tanto para sobrevivir?

Una vez superados los trámites iniciales, vienen los altísimos costos asociados al transporte y a la Tasa Compensatoria de Aprovechamiento Forestal para Madera, que son inviables para las comunidades, impiden que la rentabilidad sea la esperada y las desincentivan. En algunos casos, las comunidades terminan pagando en impuestos un valor mayor de lo que reciben en las ventas. Esto sin contar con las dificultades para encontrar compradores dispuestos a pagar un precio justo por la madera.

Uno de los grandes retos que tiene el próximo gobierno es reducir la deforestación. Esto solo podrá lograrse con acciones integrales que reconozcan y garanticen la participación efectiva de las comunidades en el manejo y aprovechamiento de los bosques. Parte de la solución está en revisar y ajustar la normatividad al respecto, pero también en reconocer que los bosques pueden generar importantes ingresos económicos bajo una lógica de manejo sostenible, y en encontrar la forma de superar los innumerables cuellos de botella existentes. (Lea acá: Día del Sobregiro de la Tierra: ya consumimos los recursos de 2022)

¿Cuánto más tendremos que esperar para entender el potencial forestal de Colombia y posicionar al sector en la economía del país? ¿Hasta cuándo se priorizarán otros sectores que en muchos casos están asociados con la degradación ambiental, la pobreza, la inequidad, o la violación a los derechos humanos? No se necesitan más planes ni políticas públicas. Se necesita determinación y compromiso con los bosques del país y con las comunidades que están dispuestas a conservarlos.

* Directora de WWF Colombia

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