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18 Nov 2021 - 2:09 p. m.

Mujeres rurales que ejercen liderazgo e inciden en políticas públicas locales

En el país las mujeres rurales han venido luchando para que se generen oportunidades que les permitan romper con las brechas de desigualdad. Historias como las de Liliana Arciniegas y Nina Barco muestran emprendimientos en los cuales su participación es imprescindible, no solo para el cuidado del territorio y la provisión de alimentos. También son el reflejo de los avances en igualdad de género con los que, a través de diversos programas, el país espera dejar atrás inequidades históricas. Información Institucional.
Cortesía FAO
Cortesía FAO
Foto: Cortesía de FAO

Las mujeres rurales: afrodescendientes, indígenas, campesinas, pescadoras, tejedoras, lideresas sociales, emprendedoras, obreras, representantes de organizaciones sociales, entre otras, ejercen un rol importante en las comunidades y en la sociedad en general, por eso historias como las de Liliana Arciniegas y Nina Barco, son ejemplos de poder y capacidad de transformación que tienen estas mujeres en su entorno familiar y en el territorio. Sin duda, estas mujeres generan aportes significativos desde la producción y abastecimiento de alimentos, el cuidado de sus hogares, hasta la gestión para el desarrollo rural sostenible.

En Colombia las mujeres rurales han participado desde diversos ámbitos en la búsqueda de igualdad de oportunidades, pero las brechas de género tan marcadas persisten y particularmente para el caso de la ruralidad aún más, en donde el acceso a oportunidades de tenencia y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos, es bastante limitado y complejo. Si bien es cierto que a la fecha hay avances significativos para reducir estas brechas, el reto sigue siendo enorme.

Es el caso de Liliana Arciniegas, una caucana aguerrida, emprendedora y muy perseverante, que tiene un cultivo de café y siempre ha trabajado en las labores del campo. Luego de un largo proceso logró tener el título de propiedad de la tierra que les dejó su padre la cual llevaba tiempo, junto a sus siete hermanos, tratando de recuperar y distribuir.

“Por ser asociada de la Cooperativa de Caficultores del Cauca, desde hace más de 10 años, logré hacer parte del programa de mujeres rurales con Mercy Corps, en el que se legalizan los predios, con lo que estoy muy feliz, además puedo acceder a créditos con entidades bancarias, ya que siempre nos piden un respaldo para acceder a préstamos”, dijo Liliana Arciniegas.

Adicionalmente, en Colombia las entidades gubernamentales y no gubernamentales están trabajando por transversalizar el enfoque de género mucho más en los proyectos territoriales, permitiendo así que las mujeres, a través de sus emprendimientos, la formalización de predios y la titularidad de la tierra en cabeza de ellas, puedan avanzar y minimizar algunas brechas sobretodo en temas relacionados con acceso a bienes y servicios. La AICS por su parte, desarrolló un instrumento metodológico que contribuye a que sea más fácil la inclusión de este enfoque de equidad en proyectos colombianos.

La participación con incidencia de las mujeres rurales en organizaciones y en otros espacios empieza a ser reconocida a pesar de que históricamente las mujeres no tengan acceso a estos espacios por dedicar la exclusividad de su tiempo a la economía del cuidado. Ahora las mujeres comienzan a participar con incidencia integrando también procesos de extensión agropecuaria e innovación, como cadenas alimentarias y de conservación ambiental, entre otros importantes procesos de desarrollo territorial.

En ese orden de ideas, el Programa de Asistencia Técnica a políticas de desarrollo rural y ambiental (AT DRET II), liderado por la Unión Europea (UE), la Agencia italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), le apuesta a contribuir a que esas transformaciones reviertan con celeridad siglos de rezagos. Acompañan a múltiples actores para que las políticas nacionales sean apropiadas para los territorios y aplicadas por las autoridades locales y sus protagonistas, pasando del papel al cambio de sus realidades.

En Colombia, de las 5.8 millones de mujeres rurales, según el último reporte de Estadística del DANE: situación de las mujeres rurales en Colombia 2020, el 23.7% no han podido estudiar porque deben encargarse de los oficios del hogar. Asimismo, de la población fuera de la fuerza laboral de las zonas rurales, las mujeres representan el 67.9% y los hombres el 32.1%. En América Latina las mujeres dedican 2,8 horas más, por cada hora de trabajo no remunerado, que los hombres; lo que refleja la triple jornada, porque además de las distintas actividades productivas se suman las horas de trabajo que dedican a sus familias.

Por eso, las cifras que reporta el DANE siguen siendo la gran motivación. En el sector rural, por ejemplo, varias entidades adscritas al Ministerio de Agricultura han venido cerrando esas brechas a través del Programa Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET en su fase II), mejorando el acceso a activos productivos, fomentando el emprendimiento y la igualdad de género gracias a la inclusión de un indicador específico dedicado a medir la proporción de mujeres que se benefician realmente de la política pública. Ello ha dejado ver que en Colombia se ha logrado a la fecha que más de 19.000 mujeres rurales cuenten con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas; más de 8.600 mujeres sean atendidas con el servicio de extensión agropecuaria, y cerca de 37.000 operaciones de crédito agropecuario y rural sean colocadas para mujeres. Asimismo, con respecto a la comercialización rural se ha logrado que 10.800 mujeres rurales se beneficien.

En suma a esto, Blanca Florián, coordinadora territorial de la FAO para el Caribe centro colombiano, explica que por ejemplo otro avance está alrededor de “la implementación y creación de herramientas de política pública, tales como los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial (PIDARET) y los planes de atención agropecuaria para que, tanto hombres como mujeres, especialmente mujeres rurales, puedan acceder a los servicios de extensión agropecuaria”.

Con la mira puesta en profundizar el enfoque territorial, existen cada vez más acciones de incidencia pública a nivel local que están ganando fuerza tales como, por ejemplo, la Política Pública para la garantía progresiva del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA) en el Departamento de Bolívar, con su “Plan Departamental Alimentar para la vida 2021-2031”, que es el primero de esa índole en el país. En el que la Food First Information and Action Network (FIAN) Colombia lideró su formulación y en la que fue determinante la participación de las mujeres rurales del departamento durante su construcción, para que ésta pudiera responder a las necesidades más sentidas y brindar oportunidades más pertinentes en el territorio.

También se encuentra en curso el diseño de los planes departamentales para la garantía del DHAA en Atlántico, Putumayo, Magdalena, Valle del Cauca, Guainía, Vichada, Vaupés, y Caquetá, resaltando de estos cuatro últimos la apuesta por la inserción del capítulo indígena, buscando la garantía del enfoque diferencial. El diseño de los planes es liderado por la alianza entre la FAO y Prosperidad Social, tras un ejercicio de articulación entre sociedad civil, organizaciones comunitarias, productores-as e instituciones territoriales.

Estas organizaciones suman esfuerzos para afianzar una agenda que impulse el empoderamiento de las mujeres rurales en instancias locales y espacios decisorios para promover su participación en la formulación de otras políticas públicas dirigidas a garantizar la resiliencia frente al cambio climático, seguridad alimentaria, economía del cuidado y el acceso a la bancarización y a la tecnología. Para esto, también se han venido articulando los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto a instituciones de ambos sectores, buscando ofrecer una cobertura amplia e integral para la respuesta a esta gran necesidad.

“Con respecto a la Mujer rural, la apuesta de la UE por impulsar su desarrollo, integra un compromiso por el reconocimiento de sus derechos desde tres dimensiones: lo productivo, la participación y su integridad física y psicológica, en particular su derecho a una vida libre de violencias”, como indica el Plan de Género de la UE, recientemente lanzado por su Embajador en Colombia, Guilles Bertrand.

Nina Barcos, otra mujer emprendedora del Cauca, que trabaja con la elaboración de trufas, yogurt con sabor a café y otros derivados afirma que evidentemente la inclusión de la mujer rural está avanzando. ‘Delcafé San Joaquín’ es su emprendimiento y ha trabajado con dedicación para sacarlo adelante. El apoyo que le han brindado diferentes organizaciones le ha ayudado a consolidar aún más su empresa, permitiéndole generar empleo a otras mujeres.

“La idea es salir adelante y ayudar a más mujeres de la región. Mis compañeras y yo nos sentimos líderes y empoderadas, con ganas de seguir adelante y cumplir todo lo que queremos con Delcafé San Joaquín”, asegura Nina Barco.

En el tema de ayuda a las mujeres rurales ha jugado un papel muy relevante el Sistema de Información del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR) con el que se implementan acciones que fortalecen la participación de las mujeres rurales en las instancias regionales, y que la AT DRET II espera robustecer para hacerlo más eficiente frente a las necesidades verdaderas de las mujeres rurales agregando canales directos, a través de las organizaciones y los municipios.

Además, tras casi 20 años de expedición de la ley 731 de 2002, ahora hay nuevos retos para mejorar las condiciones de las mujeres rurales dentro de las que se encuentran: una mayor vinculación de las mujeres a las organizaciones agrarias, para dinamizar su transformación social en pro de liderar la lucha contra el cambio climático debido a que, con su alta dependencia agrícola, débiles condiciones de vida y marginalización, están expuestas en mayor grado a los cambios en el clima, la pérdida de diversidad y la contaminación.

Por último, el reconocimiento de las mujeres rurales como ciudadanas autónomas, su plena participación política, social y cultural, y la adopción de medidas específicas para que tengan acceso en condiciones de igualdad con los hombres, no es sólo una cuestión de equidad, sino de asegurar el futuro del campo colombiano como fuente de desarrollo para todos/as.

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