Cuando se visitan zonas rurales de países ubicados en el llamado “norte global”, se evidencia que estas áreas, aunque estén alejadas de los centros de poder de su país, cuentan con una alta presencia gubernamental y una amplia oferta de programas, servicios e infraestructura. Es decir, sus estándares de calidad son muy divergentes a los registrados en la ruralidad de países como Colombia.
Esta realidad va más allá del ámbito de la percepción, lo cual se evidencia en parámetros como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o en el célebre coeficiente de Gini. Por ejemplo, en el segundo indicador, si bien se mejoró en el 2023, Colombia sigue haciendo parte de los cinco países latinoamericanos y del Caribe cuyo nivel de desigualdad es calificada como “extremadamente alta”.
En lo referente al IDH, Colombia, en ese mismo período, se ubicó en el puesto 91 entre 193 países analizados y, en cuanto al informe presentado por el PNUD, el país no solo mostró gran disparidad por departamentos, sino que también reflejó un aumento continuado de esta disparidad desde 2011. El avance solamente se evidencia en regiones históricamente más prósperas.
Según Amartya Sen, premio Nobel de Economía, el éxito de una sociedad debe evaluarse en función de las oportunidades que brinda a sus miembros. De esta forma, más que beneficiarios, las poblaciones podrían ser partícipes de la transformación territorial. Al respecto, las instituciones suelen tener mayores recursos y capacidades, mientras que las comunidades tienen el conocimiento del lugar que habitan; por tanto, una cooperación equilibrada entre ambos favorece la sostenibilidad de las soluciones implementadas.
En este sentido, en Colombia existen iniciativas valiosas de articulación multiactor y una de ellas es la que gira alrededor del conflicto socioambiental surgido a partir del acuerdo para la declaración y alinderamiento del Parque Natural Regional Siscunsí-Ocetá en Boyacá, el cual tiene 36.563 hectáreas. Allí, los pobladores de la zona, especialmente los del área correspondiente al municipio de Mongua, han tenido cuestionamientos sobre las condiciones de dicho acuerdo porque no les permiten adelantar sus actividades agropecuarias de subsistencia.
Este ejercicio, que fue liderado por el Ministerio de Ambiente y apoyado por el Instituto Humboldt, inició con la convocatoria de los actores relacionados con el conflicto, como son la Alcaldía de Mongua y demás autoridades municipales, representantes veredales y campesinos, autoridades ambientales, Procuraduría Ambiental y entes del gobierno nacional.
Esta iniciativa, que fue llevada a cabo en 2022, continuó con una caracterización participativa del conflicto desde la identificación de los puntos en común y las diferencias de visiones, lo cual dio paso a la construcción conjunta de un plan de trabajo orientado a la transformación positiva, el intercambio de información y el fortalecimiento de capacidades, en el que el Instituto Humboldt, desde su rol de facilitador, ayudó a tender puentes de diálogo entre actores con intereses disímiles sobre el uso del suelo del Parque Regional Siscunsí-Ocetá
Como es común en este tipo de procesos, uno de los principales retos fue lograr el suficiente nivel de representación de los actores involucrados. Sin embargo, a partir de los diversos talleres efectuados, fue posible avanzar con cinco grupos de diálogo multiactor, donde se acordaron cerca de treinta ideas para transformar el conflicto. En general, este ejercicio brindó legitimidad al proceso y confianza a la población sobre la viabilidad de los consensos que se alcanzaron.
Finalizado este proyecto, el Instituto Humboldt buscó darle continuidad incluyendo esta área en una nueva iniciativa llamada GEF Páramos para la Vida. No obstante, al regresar a la zona, los investigadores encontraron que la población continuaba impulsando dinámicas de diálogo y articulación con la institucionalidad. Esta continuidad en los procesos colaborativos -sin la presencia de los entes externos que los ayudaron impulsar-, responde a una instalación de capacidades en actores comunitarios e institucionales, algo indispensable para la perdurabilidad de las soluciones implementadas.
En definitiva, los consensos logrados con base en el diálogo y la cooperación informada, equilibrada e incluyente de todos los actores involucrados en las problemáticas, no solamente conducen a dinámicas territoriales más sostenibles, sino que ayudan a fortalecer lo que Martha Nussbaum denomina como “una capacidad especialmente fértil”: los lazos de confianza entre las personas para compartir proyectos comunes.
*Investigador del Centro Soluciones Basadas en la Naturaleza del Instituto Humboldt.
Por Gustavo Aristizabal Hernández*
