La llegada de una crisis energética se agrava cada vez más frente a decisiones del Gobierno que generan problemas de largo plazo en lugar de soluciones estructurales. Frente a la enfermedad de las altas tarifas, ningún remedio ha dado los frutos esperados, pero si han tenido un perverso efecto secundario: desincentivan la inversión para aumentar la oferta, que deriva en falta de capacidad suficiente y precios más altos.
Frente al mal de la falta de inversión, se han convocado subastas de reconfiguración y expansión que no cuentan con condiciones favorables, con un esquema de remuneración que afecta la generación de energía con fuentes renovables, favoreciendo los precios altos.
Así, bajo el supuesto de solucionar un problema de tarifas, el Gobierno ha dado señales de intervencionismo que generan desconfianza en los inversionistas, lo que lleva a falta de nuevos proyectos de energía firme. Entre las medidas que generan este círculo vicioso están la toma de algunas funciones regulatorias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); los cambios en el precio de escasez del cargo por confiabilidad; las propuestas de limitar ventas de energía en bolsa; y la obligación de suministrar electricidad a las distribuidoras cuando hay saldos en mora.
En medio de esta inestabilidad jurídica, el Gobierno atendió el llamado de generadores, gremios y expertos, al convocar una nueva subasta de expansión que permite la participación de proyectos de generación hidráulica y térmica, incluso con el incentivo de garantizar el punto de conexión de los proyectos aprobados que no cuenten con esta claridad. Sin embargo, uno de los principales factores que afectaría la rentabilidad de los proyectos comprometidos en esta subasta es el reciente cambio en el mecanismo del precio de escasez, que fue dividido en dos niveles: el Precio de Escasez Inferior (PEI), que se aplica a plantas de generación más económicas, entre ellas las grandes hidroeléctricas, las renovables y a carbón, y el Precio de Escasez Superior (PES), que se aplica a las térmicas que funcionan con otros combustibles.
Esta estructura ha generado incertidumbre para nuevos proyectos hidroeléctricos e incluso para los solares y eólicos, al dificultar el cierre financiero de muchos proyectos y desincentivar la contratación a largo plazo de suministro de energía. La situación se suma a la necesidad de mayor claridad en las reglas del proceso y mejor coordinación entre entidades gubernamentales y actores del sector energético.
Ante la inestabilidad jurídica y los esquemas de remuneración desfavorables, sumados a otros problemas de base como la trabas en el licenciamiento y las consultas previas de los proyectos, los inversores podrían optar por no participar en la nueva subasta. A este paso se hace evidente que comprometerse a generar energía firme puede llevar a asumir altos riesgos financieros, lo que hace que la atención de la demanda futura y el crecimiento del sector se mantenga en vilo.
Por ISAGEN
