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Colombia es un país privilegiado al tener a su disposición abundantes recursos hídricos que le permiten generar la mayor parte de su energía de forma limpia y renovable, y a su vez, contar con una matriz confiable que ha logrado mantener alejado un apagón, como el que se vivió en 1992.
Asegurar el acceso a la energía de manera equitativa y asequible a la población es vital para el desarrollo social y económico nacional, y es precisamente en el corazón de esta búsqueda en la cual aparece una figura desapercibida para muchos ciudadanos pero que en los últimos meses ha generado un gran debate por los riesgos que la rodean: los subsidios a la energía eléctrica.
¿Qué es y cómo funciona el subsidio a la energía?
El subsidio de energía es un mecanismo solidario que busca mitigar el costo de la energía para los estratos socioeconómicos más vulnerables, asegurando su acceso como un recurso esencial para los ciudadanos, sobre todo en un país en el que más de 34 millones de colombianos hacen parte de los estratos 1, 2 y 3.
La Ley 142 de 1994, conocida como la ‘Ley de Servicios Públicos Domiciliarios’, es la base que soporta este esquema, pues define un principio de solidaridad y redistribución de ingresos, en el cual los estratos altos (5 y 6, y usuarios comerciales e industriales) subsidian el consumo de los estratos bajos (1, 2 y 3). El estrato 4 no hace parte de la ecuación, ya que paga el 100 % del costo del servicio eléctrico y no clasifica con mayor suficiencia económica para aportar de manera adicional.
El sistema actual de este subsidio funciona alrededor del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI) concebido desde la ley ya mencionada como un fondo de subsidios cruzados, pues administra los recursos propios provenientes de los usuarios que aportan pero también los aportes provenientes del Presupuesto General de la Nación, PGN. El FSSRI es administrado por el Ministerio de Minas y Energía, y opera bajo las normas de la CREG.
Las condiciones detrás del subsidio
Para hacer viable el subsidio, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) se dio a la tarea de encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sector y la protección del usuario final, llegando a la definición de metodologías y porcentajes sobre las cuales opera en la actualidad este mecanismo. Debido a la diferencia de condiciones climáticas, en el país se definieron unos estándares de acuerdo a la cantidad de kW/h-mes regulados por el ‘consumos de subsistencia’ (Artículo 1 de la Resolución UPME 355 de 2004) y la altura sobre el nivel del mar, dando como resultado la siguiente ecuación: usuarios con residencia igual o superior a los 1.000 metros sobre el nivel del mar tienen subsidiado 130 kW/h-mes y aquellos por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar tienen subsidiado 173 kW/h-mes.
Vale aclarar que la diferencia entre climas es necesaria, pues el consumo de energía tiene relación directa con esta característica, ya que regiones como la costa Caribe evidencian un aumento significativo de consumo por el uso constante de aparatos eléctricos para mitigar el calor.
De otro lado, se encuentran los porcentajes aplicados según el estrato, qué básicamente es un descuento sobre el costo de referencia del kW/h. El estrato 1 recibe como subsidio hasta un 60 % del valor de la tarifa, el estrato 2 hasta un 50 % y el estrato 3 el 15 %. Los estratos 5 y 6, y los usuarios industriales y comerciales contribuyen con 20% adicional en el valor total de su factura de energía para apoyar este subsidio, el restante lo aporta el Gobierno desde el Presupuesto General de la Nación.
¿Y qué sucede si el usuario subsidiado excede el límite de kW/h concedido mensualmente por el consumo de subsistencia? Se aplica el valor completo de esos kW/h, igual a como lo pagaría un estrato 4. Esta condición puede ser desconocida para la mayoría de los usuarios beneficiados, por lo que puede derivar en un ciclo de: mal uso de la energía otorgada, facturas más allá de sus posibilidades económicas, impago de facturas, fraude o corte en el servicio, estrés financiero a las comercializadoras, riesgos en cadena al sector eléctrico.
La corriente que mantiene el equilibrio
El subsidio ha funcionado porque durante los años cada una de las partes ha respetado sus compromisos: empresas, usuarios contribuyentes y Gobierno. Al ser un mecanismo participativo, es necesario que cada uno cumpla oportunamente para que los demás puedan funcionar, aquí el flujo de dinero es fundamental.
Empresas con funciones de distribución como Afinia, Air-e, EPM, Codensa, etc, aplican el subsidio correspondiente en la factura a los estratos 1, 2 y 3, y a su vez cobran la contribución solidaria de los estratos 5 y 6, y los usuarios industriales y comerciales. Los pagos que reciben por esta contribución no se los quedan, sino que deben transferirlos al FSSRI.
Las empresas reportan cuánto subsidiaron a los usuarios y presentan la solicitud de compensación al FSSRI de manera trimestral, adjuntando la información que valida la Superservicios. Como las contribuciones no son suficientes para cubrir el total de los subsidios, el Ministerio de Minas y Energía hace el cálculo del restante y solicita los recursos al PGN. Finalmente, con la autorización presupuestal, el Gobierno gira el dinero al FSSRI, y el fondo paga a las empresas por los subsidios que ya fueron otorgados a los usuarios. La salud financiera del FSSRI es clave y el Gobierno es un actor determinante.
El fantasma del impago
Aunque el Gobierno anunció a finales de mayo el pago de $2,5 billones adeudados a empresas del sector por los subsidios entregados a los consumidores de estratos 1, 2 y 3 en 2024, la realidad es que el fantasma del apagón financiero para estas compañías sigue en el horizonte antes de finalizar el año, pues la cuenta por lo subsidios que se han entregado en 2025 aún no se salda.
Según datos de Asocodis, la deuda a junio por los subsidios de energía eléctrica asciende a $1,8 billones, pero cada mes que pasa ésta se incrementa en $300.000 millones.
La preocupación también se expresa del lado de Andesco, pues se alerta que no hay recursos disponibles en el PGN para pagar la deuda actual, “porque ya se gastó la plata del 2025 para pagar lo del 2024”, y “son 4 billones de pesos que vamos a tener de desfase para el 2025 [...] solo alcanzan para el primer trimestre de este año”, según palabras de Camilo Sánchez, presidente del gremio.
Caso Air-e
Air-e, al igual que otras distribuidoras, es el canal a través del cual fluyen los subsidios y las contribuciones, sin embargo, su capacidad de pago se ha visto comprometida, pues cuando hay un desfase entre lo que la empresa recauda y lo que necesita para operar, se genera un hueco financiero. A esto se suma el desafío de la recuperación de cartera y la incertidumbre generada por la intervención (la empresa debe más de $1.5 billones a los agentes del sector).
Para la región Caribe la amenaza sobre el subsidio es crítica, pues vale recordar que buena parte de la electricidad consumida por los usuarios viene de la generación térmica, una tecnología que requiere el uso de combustibles como el gas, un recurso que actualmente es escaso en el país además de costoso. Si las distribuidoras (que deben recibir el pago del subsidio por parte del Gobierno), no pagan a los generadores por la energía, éstos tendrán dificultades para comprar el combustible requerido. Este proceso deriva en un efecto dominó sobre toda la cadena.
Cambios propuestos al subsidio
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo el interés del Gobierno de explorar alternativas para reemplazar el modelo actual de subsidios a la energía y gas, enfocando el punto de evaluación hacia la clasificación del Sisbén en lugar de los estratos socioeconómicos.
El propósito de esta evaluación es liberar presión sobre las finanzas públicas, pues el déficit fiscal llegó al 2,4% del PBI en el primer trimestre del 2025 y amenaza con escalar al 7,1%. Uno de los conceptos que más pesa es precisamente el de estos subsidios.
El subsidio a la energía en Colombia es un pilar de la equidad social, sin embargo, su funcionamiento no es ajeno a las realidades económicas y políticas que atraviesa el país.
Por ISAGEN
