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Hace poco más de un año, el 11 de abril de 2024, inició el racionamiento de agua en Bogotá. La medida se dio ante el bajo nivel de los embalses del sistema Chingaza, que es de donde proviene el 70 % del agua de la ciudad, y la Alcaldía propuso una meta de consumir máximo 15 metros cúbicos por segundo de este recurso. Aunque hace unos días se anunció que ya no habría más racionamiento, lo cierto es que alcanzar ese límite está todavía un poco lejos.
De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el pasado domingo 6 de abril, en la capital y los municipios aledaños se dio un consumo de 16,68 metros cúbicos por segundo y, para ese momento, el nivel de agua de los embalses de Chingaza estaba en un 39,78 % de su capacidad.
Por otro lado, hacia el sur del país la situación tampoco ha sido muy favorable. Durante 2024 los niveles del río Amazonas llegaron a unos mínimos históricos. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó que en su estación de Nazareth, cerca de Leticia, el caudal disminuyó hasta un 82 %, afectando el abastecimiento de agua de alrededor de 3.000 personas.
En medio de estos escenarios han surgido muchas dudas e incertidumbres. Una de ellas es si hay o no un desabastecimiento de agua en el país. Para Jairo Guerrero, oficial en Gestión del Recurso Hídrico de WWF Colombia, no se puede afirmar que estemos atravesando una crisis generalizada, pues el estado del agua varía dependiendo de la región.
“No es igual lo que ocurre en zonas del centro del país que lo que se vive en regiones como el Pacífico o La Guajira”, dice el especialista. “En el caso de Bogotá, el racionamiento dejó en evidencia una señal de alerta. La ciudad se convirtió en una especie de laboratorio que refleja cómo nuestras formas de habitar, usar y consumir están presionando cada vez más el acceso al agua”.
En departamentos como Antioquia, Chocó y Amazonas, dice Guerrero, el principal problema es la contaminación por minería ilegal de los ríos, de los cuales dependen los ecosistemas, la biodiversidad, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y locales. De hecho, recientemente la Corte Constitucional determinó que el envenenamiento de las fuentes de agua por mercurio en el Macroterritorio de Jaguares de Yuruparí, ha puesto en riesgo a los pueblos étnicos, por lo que dictó órdenes específicas para proteger a los indígenas y descontaminar el agua.
Las presiones del agua
Aunque el agua es un recurso renovable y ocupa alrededor del 70 % de la superficie del planeta, apenas el 2,5 % es agua dulce y menos del 1 % está disponible para consumo humano. En la mayoría del mundo el agua se utiliza principalmente para la agricultura, y Colombia no es la excepción.
El Estudio Nacional del Agua del Ideam de 2023 arrojó que en el país el 43,3 % de este recurso se usó en la agricultura y poscosechas, un sector seguido por la generación de hidroenergía, para lo cual se destinó un 25,4 %. A ojos de Guerrero, estamos enfrentando “una alta demanda de agua que el sistema hídrico a veces no puede atender”.
Esto se suma a la transformación y extinción de ecosistemas, como páramos, bosques, selvas y humedales, lo cual agrava el panorama. Además, de acuerdo con el oficial de WWF, el cambio climático altera la frecuencia e intensidad de fenómenos naturales de variabilidad climática, como El Niño, provocando sequías cada vez más fuertes, que a su vez influyen sobre la temperatura del planeta. Según Guerrero, es necesario gestionar los efectos del cambio climático para que su impacto sea lo menos devastador posible en sectores como la agricultura, así como en la seguridad hídrica, alimentaria y energética.
Posibles soluciones
El ciclo del agua puede ser más complejo de lo que imaginamos. Por eso el racionamiento de agua en Bogotá, de alguna manera, estuvo influenciado por la intensa sequía del Amazonas. Muchos académicos ya se han referido a la teoría de los “ríos voladores”, grandes masas de vapor de agua que viajan entre el océano Atlántico y los Andes, nutridas por la humedad de la selva amazónica.
La bióloga y profesora Dolors Armenteras, por ejemplo, ha explicado cómo un solo árbol de la Amazonia, maduro, grande, antiguo y de bosque primario, puede llegar a filtrar hasta 100 litros de agua al día, para finalmente liberarla en forma de vapor hacia la atmósfera. La tala de estos árboles terminaría afectando las lluvias y, de ese modo, se relacionaría directamente con las altas temperaturas. El ciclo del agua se retroalimenta a sí mismo, y con un solo engranaje que falle la cadena se puede desestabilizar.
¿Qué hacer entonces? Guerrero subraya que una de las acciones más urgentes es reducir las tasas de deforestación, a la vez que se incremente la restauración y reforestación. “Conservar los bosques también es conservar los suelos y, por tanto, el agua”, afirma.
Un buen ejemplo, agrega el especialista, es el que han dado los pueblos indígenas y las comunidades afros y campesinas que durante mucho tiempo han cuidado las principales fuentes de agua del país. En ese sentido, según Guerrero, una estrategia sería fortalecer su gobernanza, así como proteger a los líderes y apoyar la participación de estas comunidades en la toma de decisiones tanto gubernamentales como sectoriales.
A ese propósito se ha sumado WWF a través de su Plataforma de Custodia del Agua, una alianza público-privada-comunitaria que promueve la acción colectiva para fortalecer la gobernanza del agua en las cuencas de los ríos Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación, en el departamento de Magdalena. Actualmente, la iniciativa vincula a 52 entidades que dedican su trabajo a conservar los ecosistemas, a restaurar el medio ambiente y gestionar los recursos con soluciones basadas en la naturaleza. Durante los 10 años de la plataforma se ha avanzado sobre “una visión compartida para asegurar la seguridad hídrica de más de 330.000 personas que dependen de estos ríos”.
Otro proyecto de WWF, en alianza con Isagen y Parques Nacionales Naturales, es el del monitoreo participativo en el río Amoyá, en zona de amortiguación del PNN Las Hermosas, que alberga uno de los páramos más importantes del país. Allí las comunidades se han involucrado en la observación y evaluación del estado de los ecosistemas acuáticos, reuniendo saberes tanto locales como científicos.
Muchas de estas estrategias de la organización se alinean con la meta 3 del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal (MGB). En palabras sencillas, este punto busca que para 2030 al menos el 30 % de las tierras, de aguas dulces, zonas marinas y costeras estén protegidas, conservadas y gestionadas de manera efectiva, “con sistemas de áreas protegidas representativos, conectados, equitativos y respetuosos de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales”, explica Guerrero.
