Santander no carece de planes para gestionar el agua. Tiene instrumentos de ordenamiento territorial, planes de manejo de cuencas y áreas protegidas, agendas ambientales y diferentes espacios de participación. El desafío que plantean quienes trabajan diariamente en el territorio es otro: lograr que esos instrumentos conversen entre sí, que tengan recursos para implementarse y que produzcan resultados que puedan medirse.
Esa fue la discusión que atravesó el Encuentro regional por el Agua y la Energía Renovable, realizado el 16 de septiembre en Bucaramanga, en una jornada que reunió en una misma conversación a autoridades ambientales, empresas de servicios públicos, organizaciones sociales, academia, sector productivo y comunidades para analizar la relación entre la seguridad hídrica, la energía, el ordenamiento territorial y el cambio climático.
El punto de partida fue una pregunta que gana relevancia ante la variabilidad climática: ¿cómo preparar a Santander para escenarios en los que disminuye la disponibilidad de agua y aumenta, al mismo tiempo, la presión sobre el abastecimiento, los ecosistemas y las actividades productivas?
Una región que el agua obliga a pensar más allá de sus fronteras
Para Yohanna Malagón, líder del Hecho Regional Transformación Productiva de la RAP El Gran Santander, la respuesta comienza por cambiar la escala desde la que se mira el territorio. Santander y Norte de Santander son dos departamentos administrativamente distintos, pero comparten ecosistemas, dinámicas productivas y riesgos climáticos que no se detienen en sus fronteras.
La visión presentada por la RAP parte precisamente de esa interdependencia: el agua y la energía no pueden gestionarse de manera aislada porque dependen del mismo territorio. Por eso, propone utilizar el Plan Estratégico Regional como un instrumento para integrar ordenamiento territorial, seguridad hídrica, desarrollo productivo sostenible, adaptación climática y gobernanza.
El diagnóstico regional identifica, además, siete complejos de páramo como parte de la infraestructura natural que regula el agua y sustenta a las comunidades y los sectores productivos. A estos se suman bosques, humedales y otras áreas estratégicas. En una escala más amplia, la propuesta destaca cuencas como las del Catatumbo, Zulia, Pamplonita, Táchira y Algodonal, y plantea que las inversiones deben concentrarse allí donde coinciden presión hídrica, población, producción y vulnerabilidad climática.
La lectura regional permite ampliar la conversación: la seguridad hídrica no depende únicamente de cuánta agua existe. También está condicionada por la forma como se ocupa el suelo, la conservación de los ecosistemas, las capacidades institucionales, el saneamiento, la infraestructura y la coordinación entre quienes toman decisiones.
Fenómeno de El Niño: del diagnóstico a compromisos concretos
En un primer panel se llevó esa discusión al escenario del Fenómeno de El Niño en Santander. Moderado por Fernán Fortich Restrepo, periodista ambiental de El Espectador, contó con la participación de Juan Carlos Reyes Nova, director general de la CDMB; Silvia Cristina Reyes Sánchez, líder de Conservación y Gestión Ambiental del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, y Jaime Andrés Echeverría Rodríguez, director territorial de los Andes Nororientales de Parques Nacionales Naturales.
Más allá de las competencias particulares de cada institución, la conversación dejó una primera coincidencia: los problemas asociados al agua y al clima no pueden enfrentarse desde entidades que trabajan de manera independiente.
“Las sumas de esfuerzos multiplican resultados”, señaló Silvia Cristina Reyes en un llamado a superar un esquema de trabajo concentrado exclusivamente en la academia, la empresa y el Estado e incorporar a las comunidades como un actor central de las decisiones sobre el territorio.
Jaime Andrés Echeverría llevó esa reflexión hacia la implementación: “Es hora de actuar. Ya todos sabemos qué necesidades tenemos”. Después de años de diagnósticos y discusiones, planteó, el desafío es poner a los actores en una misma dirección y comenzar a materializar las soluciones.
Juan Carlos Reyes, por su parte, aseguró que estos encuentros deben dejar resultados que puedan revisarse posteriormente. “Es importante que salgamos de acá con compromisos que, así sea en un año, podamos nosotros evaluar”. Y agregó una condición para lograrlo: “Si no hay una articulación, difícilmente vamos a tener algún resultado”.
El mensaje conecta con uno de los retos que deja El Niño: prepararse no consiste solamente en reaccionar cuando disminuyen los caudales. También exige proteger las fuentes abastecedoras, fortalecer la información, ajustar las actividades productivas y anticipar los efectos que una menor disponibilidad de agua puede producir sobre el abastecimiento y la energía.
De los planes a las decisiones: información, financiación y soluciones
Después del panel, los participantes trabajan en círculos de diálogo sobre ordenamiento territorial, gobernanza, riesgo hídrico, adaptación climática, soluciones basadas en la naturaleza, conocimiento y capacidades territoriales.
Una de las conclusiones fue que el reto no necesariamente está en formular más planes. Existen instrumentos para cuencas, municipios, áreas protegidas y otras escalas territoriales. Lo que falta, señalaron los participantes, es fortalecer su seguimiento, establecer indicadores que permitan evaluar resultados y asegurar recursos para llevarlos a la práctica.
Paola Echeverri, coordinadora regional de Andes en WWF Colombia, lo planteó de manera directa: “El problema es que no hay recursos para ejecutar ese plan”. Por eso, insiste en que las acciones que se proyectan a cuatro, ocho o doce años necesitan, desde su formulación, una ruta para conseguir los recursos que permitan implementarlas y hacerles seguimiento.
A la financiación se suma un segundo desafío: la información. Autoridades, universidades, empresas y organizaciones producen datos sobre las cuencas y realizan inversiones, pero estos insumos permanecen fragmentados. De ahí surgió la propuesta de fortalecer un mecanismo regional que articule esa información, permita monitorear las intervenciones, genere alertas tempranas y ayude a orientar políticas e inversiones.
La discusión introdujo, además, una pregunta necesaria sobre los resultados: no basta con saber cuánto dinero se ejecutó o cuántas actividades se realizaron. La región necesita conocer qué cambió efectivamente en el territorio después de esas inversiones. Esa transición de indicadores de gestión hacia indicadores de impacto aparece como una condición para recuperar confianza y tomar mejores decisiones.
También surgió una advertencia: la conservación del agua no puede concentrarse exclusivamente en los páramos. Estos ecosistemas son fundamentales, pero el ciclo hídrico también depende de bosques andinos, humedales, rondas hídricas, fuentes abastecedoras y ecosistemas de las partes medias y bajas de las cuencas. Mirar el agua como un sistema obliga a conectar todas esas piezas.
Una agenda regional para sostener las acciones en el tiempo
La visión de la RAP El Gran Santander lleva estas discusiones a una propuesta de largo plazo: pasar de proyectos aislados a una agenda común que conecte conservación, infraestructura, adaptación y gobernanza.
El Pacto por el Agua del Gran Santander, planteado con horizonte 2027-2041, proyecta COP 3,5 billones para organizar la inversión y la acción territorial hacia la seguridad hídrica de la región. La propuesta distribuye COP 1,5 billones para un Plan de Seguridad Hídrica, orientado a fuentes, ecosistemas y resiliencia territorial; COP 1,8 billones para plantas de tratamiento de aguas residuales y saneamiento, y COP 0,2 billones para gobernanza, participación e institucionalidad.
La lógica detrás del pacto coincide con buena parte de las discusiones del encuentro: proteger los ecosistemas estratégicos y las fuentes abastecedoras, planificar conjuntamente agua, energía y desarrollo productivo, prepararse para la variabilidad climática e invertir tanto en infraestructura resiliente como en soluciones basadas en la naturaleza.
Pero esa agenda necesita algo más que financiación. Las conversaciones de Bucaramanga ponen sobre la mesa el papel de juntas de acción comunal, organizaciones sociales, empresas, gremios, universidades, instituciones educativas, jóvenes y comunidades. Son actores que producen conocimiento, ejecutan proyectos, viven las transformaciones de las cuencas y pueden dar continuidad a procesos que no deberían terminar cada vez que cambia una administración.
Así, el Encuentro por el Agua y la Energía Renovable deja una conclusión que atravesó toda la jornada: Santander no parte de cero. Tiene información, instrumentos, experiencias y actores dispuestos a trabajar. El desafío está en conectarlos.
Frente al Fenómeno de El Niño y a escenarios de creciente variabilidad climática, anticiparse significa algo más que prepararse para una temporada seca. Implica convertir el conocimiento disponible en decisiones, asegurar financiación, proteger todo el ciclo del agua y establecer compromisos que puedan volver a revisarse para saber qué funcionó y qué necesita cambiar.
Seis retos que deja el Encuentro en Bucaramanga
- Pasar de la planificación a la implementación. Asegurar recursos, responsables e indicadores para que los instrumentos existentes produzcan cambios concretos en el territorio.
- Conectar la información. Articular los datos que producen autoridades, academia, empresas y organizaciones para orientar decisiones, inversiones y alertas tempranas.
- Prepararse para la variabilidad climática. Incorporar escenarios de menor disponibilidad de agua y mayor competencia por el recurso en la planificación territorial, productiva y energética.
- Proteger todo el ciclo del agua. Complementar la conservación de los páramos con acciones en bosques, humedales, rondas hídricas, fuentes abastecedoras y otros ecosistemas estratégicos.
- Financiar una agenda de largo plazo. Pasar de proyectos aislados a inversiones sostenidas que permitan ejecutar, monitorear y evaluar las acciones durante varios años.
- Fortalecer la gobernanza. Vincular de manera efectiva a comunidades, empresas, academia, organizaciones sociales y autoridades, con compromisos concretos que puedan evaluarse posteriormente.