La subasta de energía firme convocada por la CREG para marzo de 2026 representa los planos que Colombia necesita para contar con energía suficiente en la siguiente década. Pero para diseñar y construir bien, se requiere un terreno firme, representado en la regulación. El sector sigue firme con planes ambiciosos, pero no puede sustentarse sobre cimientos cambiantes, con un cronograma que no admite demoras.
El déficit proyectado de energía firme para 2029-2030, por las agencias del Gobierno y los gremios, oscila entre 4% y 6%, entre una oferta que presiona y una oferta menos dinámica. Esta brecha exige adjudicar los megavatios en la subasta, pero también garantizar que los proyectos se materialicen. Venimos de una última subasta que asignó 99% de la capacidad a proyectos solares que son fuentes intermitentes que no garantizan un suministro constante ya que carecen de sistemas de almacenamiento para atender el pico nocturno de demanda (6 a 9 pm.).
Los gremios del sector han advertido que no podemos asignar obligaciones de energía firme, solo a la generación solar, pues el país cuenta con abundantes fuentes confiables que respondan cuando el sistema enfrenta presión máxima. Sin respaldo hidroeléctrico y térmico robusto o sistemas de almacenamiento, los planos podrían no soportar la demanda esperada, lo que incrementaría significativamente los posibles riesgos de falta de energía a partir de 2028-2029.
Pero incluso con los mejores planos, el terreno regulatorio no puede convertirse en arena movediza. La reciente discusión sobre el precio de escasez o la remuneración del cargo por confiabilidad ejemplifican estos riesgos, ya que aumentan la incertidumbre en escenarios críticos. Estas señales pueden generar costos de riesgo que harían inviables muchos proyectos, incluso solares.
La experiencia demuestra que adjudicar no equivale a construir. El licenciamiento ambiental puede tardar años. La interconexión a la red enfrenta congestión y restricciones de transmisión. El acceso al crédito se complica cuando el marco regulatorio se percibe volátil y casos como Air-e evidencian fragilidad financiera en el mercado. La cadena de suministro internacional puede retrasar la llegada de equipos críticos: turbinas, transformadores, módulos solares. Cada cuello de botella es un riesgo adicional para el que debemos planear soluciones.
Paradójicamente, las hidroeléctricas con embalse (fuente firme y confiable a precios competitivos) quedan cada vez más relegadas. Requieren mayores tiempos de planificación y ejecución, enfrentan complejidades de licenciamiento ambiental y demandan inversiones de largo plazo que solo son viables con estabilidad regulatoria y jurídica.
Las propuestas que hemos entregado al Gobierno consisten en mantener la certeza regulatoria: políticas coherentes, estabilidad normativa y criterio técnico. Se necesitan ventanillas únicas para permisos, garantías de interconexión, incentivos para entrada rápida y certeza sobre remuneración. Colombia no puede renunciar a las fuentes verdaderamente firmes que le dan seguridad energética y para ello debe mantenerse el ecosistema que ha permitido su materialización. Los inversionistas estamos listos para seguir aportando a la transición del país.
Por ISAGEN
