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Las subastas de energía firme cumplen la función esencial de asignar Obligaciones de Energía Firme (OEF), que son compromisos de suministro garantizado para momentos críticos, a través del cargo por confiabilidad. Este mecanismo no es un costo arbitrario: su fin es asegurar que haya energía suficiente en situaciones de alta demanda o escasez. Existen dos tipos principales de subastas: las de expansión, que incorporan nueva capacidad generadora al sistema, y las de reconfiguración, que redistribuyen OEF entre plantas ya existentes o en construcción, sin ampliar la capacidad instalada.
Entre abril y mayo de 2025 se llevaron a cabo subastas de reconfiguración de compra para los periodos 2025 a 2028. Estas operaciones no añadieron muchos más megavatios, sino que, principalmente, reorganizaron compromisos entre generadores. Ahora, la atención del sector se dirige a la próxima subasta de expansión para el periodo 2029‑2030, anunciada oficialmente el 19 de marzo de 2025 por la CREG, que define plazos diferenciados para las OEF: hasta 1 año para existentes, 5 años para obras existentes, 10 años para proyectos especiales y hasta 20 años para nuevos desarrollos, con incentivos por entrada temprana.
Camilo Marulanda López, presidente de ISAGEN, afirmó que “la necesidad de expansión de la generación es inminente, tan rápido como 2026 y 2027, pues ya la oferta va a ser inferior a la demanda”. El retraso en la construcción de proyectos eleva los precios y compromete la confiabilidad energética del país.
Aún más, gremios e inversionistas demandan estabilidad regulatoria y condiciones transparentes de largo plazo, sin cambios frecuentes que desalienten la inversión. Como advierte Marulanda: “Para futuras subastas se requiere que esas condiciones sean atractivas y medianamente estables, porque no podemos estar pensando en un cambio regulatorio cada tres meses. Eso desanima y espanta las inversiones en el sector”.
Gremios como Andesco, Andeg y Asocodis advirtieron su preocupación por la posible revisión del cargo por confiabilidad, con el argumento de que se podrían reducir las tarifas de energía entre un 5 % y 8 % para los usuarios, ya que esta medida podría debilitar la confianza de los inversores y entorpecer la ejecución de nuevos proyectos de generación que el país requiere con urgencia.
La relación entre estabilidad jurídica y viabilidad del mecanismo de subastas es indisoluble. Las OEF son un mecanismo confiable para amortiguar el riesgo regulatorio y económico que enfrentan los proyectos de generación. Sin condiciones claras del cargo por confiabilidad, se podría comprometer la base financiera que sustenta la rentabilidad de plantas nuevas y existentes.
Por eso, la próxima subasta de expansión es prioritaria, pero con reglas claras y plazos firmes. La estabilidad jurídica es el requisito indispensable para que las OEF sigan cumpliendo su propósito y para que esta nueva subasta de expansión sea realmente exitosa y efectiva, con participación de todas las tecnologías de generación disponibles. La confiabilidad del sistema energético del país depende de ello.
Por ISAGEN
