Sumando energías para revitalizar el sector

Sector energético en Colombia.

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La crisis que podría avecinarse para el sector eléctrico, anunciada por los gremios con criterios técnicos y basadas en información pública de agencias estatales, se hace más compleja cuando los escenarios de diálogo escasean, el tiempo para implementar soluciones se agota, las adversidades climáticas se intensifican y la demanda no cede. Ante este tipo de situaciones, no queda más que llamar a la sensatez para que cada una de las partes pueda aportar su mejor energía desde la capacidad de acción que le corresponde.

El Gobierno tiene en sus manos una parte de las soluciones para lograr la seguridad energética. A pesar de que el sector eléctrico fue diseñado para la libre competencia, continúa concentrando la mayoría de las decisiones en figuras estatales. Las acciones urgentes inician con gestiones financieras, como el pago de la deuda que tiene con las comercializadoras por los subsidios mensuales a los estratos 1, 2 y 3, de las deudas de usuarios oficiales, así como del compromiso anunciado para el pago de la Opción Tarifaria. Estas obligaciones ascienden a los $7 billones de pesos y su pago podría evitar el colapso de las empresas, especialmente de la Costa Atlántica.

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También existen retos importantes en procesos como la intervención de Air-e; el aseguramiento de los combustibles necesarios para la generación térmica; el desarrollo de nuevas subastas de energía firme y diversificada, con las asignaciones de puntos de conexión al sistema; la gestión eficiente de las dificultades ambientales, sociales y de licenciamiento; y sobre todo, la creación de condiciones de estabilidad jurídica para generar la confianza que atraiga inversiones por más de $30 billones.

En cuanto a los agentes del sector, públicos y privados, además de la administración eficiente de los activos en operación, una vez se cuente con las condiciones adecuadas, les corresponde entonces llevar a cabo con celeridad y criterios de sostenibilidad, la ampliación de la oferta a través de la inversión en nuevas plantas, mejoramiento de redes y demás infraestructura asociada. Se estima que el país requerirá la ejecución de diversos proyectos de generación y transmisión por cerca de $10 billones anuales entre ambos, y de gas natural por $20 billones aproximadamente. Hacemos un llamado a seguir apostando por el país.

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Los usuarios residenciales, comerciales, industriales e institucionales, por su parte, tienen en su poder el respeto a la integridad de las redes e infraestructura eléctrica, el pago oportuno de las obligaciones, y el informarse sobre la realidad del sector para hacer una adecuada vigilancia ciudadana.

Y finalmente, pero de vital importancia y responsabilidad de todos los actores de la sociedad, está el uso racional y eficiente de los recursos energéticos. El Gobierno y las empresas del sector tienen la responsabilidad de realizar campañas, definir incentivos y dar ejemplo para promover el ahorro de energía. Los usuarios, más allá del sentido común por la afectación que tengan las altas tarifas a sus bolsillos, deben ser conscientes de toda la responsabilidad que hay detrás de encender un bombillo o cualquier aparato eléctrico, en un contexto en el que la demanda crece y las soluciones se estancan.

Si todos ponemos nuestra mejor energía desde las acciones que tenemos a nuestro alcance, podemos reducir el impacto de la incertidumbre climática y política en un sector que necesita ser revitalizado.