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Hace unos meses, Colombia definió ante las Naciones Unidas sus metas climáticas para 2035. En estos compromisos nacionales —que técnicamente se denominan NDC, por sus siglas en inglés— se definió un rubro central que es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según el documento oficial, presentado ante la ONU, el objetivo es que las emisiones se ubiquen en un rango máximo de 155 a 161 millones de toneladas de CO₂ equivalente —una medida que permite expresar el efecto de todos los gases de efecto invernadero—. Para ponerlo en perspectiva, en 2018 en Colombia se emitieron, según cifras oficiales, alrededor de 302 millones de toneladas de CO₂e.
Una de las propuestas para hacer frente al reto de cumplir estas metas son los mercados y los créditos de carbono. En Colombia, por el momento, estos solo operan de manera voluntaria, en los que compradores adquieren y negocian créditos de compensación que surgen de proyectos orientados a la reducción de la deforestación o a la restauración de ecosistemas con capacidad de captar carbono.
Estos instrumentos, que desde hace varias décadas buscan ayudar a cumplir las metas climáticas a través de dinámicas de mercado, se han convertido en una opción para financiar proyectos de conservación o restauración, que pueden requerir una inversión considerable.
Precisamente, una de las maneras en las que se están desarrollando estos proyectos es para apalancar esfuerzos a nivel de paisaje en Colombia. Este es el ejemplo de un programa de la Fundación Grupo Argos, que busca restaurar más de 1.500 hectáreas de bosque nativo en cinco departamentos del país a través de este mecanismo.
Como explica Juan Esteban Hincapié, director de Biodiversidad y Cambio Climático de la fundación, el desarrollo de créditos de carbono surgió como una apuesta por repotenciar uno de sus proyectos de restauración, Sembrando Futuro.
“La versión inicial de este proyecto la veníamos realizando con éxito, pero se vio la necesidad de migrar hacia un mecanismo que lo hiciera más sostenible en el tiempo. Es decir, que no simplemente fuera un esfuerzo de un grupo empresarial de sembrar árboles, sino que se convirtiera en un proyecto con sostenibilidad financiera, técnica y jurídica para tratar de generar más impacto en la biodiversidad y en las comunidades”, sostiene Hincapié, de la fundación, que ha sembrado previamente 6 millones de árboles nativos en 28.000 hectáreas en Colombia.
Ahora la meta es sembrar 2,3 millones de árboles en ecosistemas clave en Antioquia, Caldas, Risaralda, Córdoba y Chocó, en una estrategia que trabaja, desde 2023, para formalizar predios de comunidades locales e ingresar a estos mercados.
Reforestando nativamente
Este proceso viene siendo implementado en alianza con Terraformation, una organización aceleradora de créditos de carbono para proyectos de reforestación nativa, la cual lanzó una convocatoria hace tres años que fue ganada por la fundación.
Con esta alianza, en estas zonas se viene desarrollando un modelo ARR, que se refiere a procesos de aforestación —es decir, el establecimiento de bosques en áreas que históricamente no tenían cobertura forestal—, restauración y recuperación.
En el caso del proyecto, los créditos de carbono se enfocan en propietarios de tierras. “Nos hemos concentrado en comunidades y familias que tengan una tenencia clara de la tierra, que tengan una visión de quedarse en esos territorios a mediano y largo plazo, y que tengan una vocación de conservación”, precisa Hincapié.
Una de las participantes es Tatiana Díez Ochoa, del municipio de Fredonia (Antioquia), quien, junto con su familia, concedió parte del terreno de su finca para la conservación. “Yo siempre crecí con la idea de que el medio ambiente hay que cultivarlo y protegerlo, que lo que uno haga no lo destruya. Y este proyecto ha permitido que ese sueño sea una realidad”, sostiene Díez.
Con familias como la de Díez Ochoa se han firmado en total 22 acuerdos de conservación a 40 años, en los que las comunidades ejecutan acciones para restaurar ecosistemas con asistencia técnica del proyecto, con el fin de asegurar la reducción de emisiones que respaldan los créditos. Esto se logra a través de la aplicación de una metodología de aceleración en restauración desarrollada por Terraformation, así como con una plataforma tecnológica de monitoreo (Terraware).
“En este proceso tenemos una persona que nos acompaña directamente, a la que podemos hacerle consultas. A esto se suman las visitas en terreno y los reportes que nos entregan para asegurar los resultados”, cuenta Tatiana. “Es realmente algo impresionante el proceso de sembrar unas plántulas y ver, con el tiempo, cómo van creciendo en nuestro entorno”.
En los diferentes procesos de restauración, como explica la fundación, se utilizan más de 70 especies nativas, incluyendo nueve clasificadas como amenazadas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Estas siembras, cuyo material vegetal proviene principalmente del Centro de Investigación de los Bosques Tropicales (CIRCA) de la Fundación Grupo Argos, así como de otros viveros certificados, buscan adelantar procesos de restauración en ecosistemas de bosque seco tropical, húmedo y de montaña.
“Para estos procesos nos cercioramos de que las especies utilizadas, además de estar en algunos casos amenazadas, contribuyan a la conformación de la estructura del ecosistema, así como que sean características de las regiones y que tengan una funcionalidad ecosistémica para, por ejemplo, la fauna silvestre”, indica Hincapié, quien precisa que la contabilización de estas siembras se realiza cuando alcanzan cierto grado de madurez.
Entre las especies sembradas en estos territorios se encuentran el cedro rojo (Cedrela odorata), la ceiba (Ceiba pentandra), el cámbulo (Erythrina poeppigiana) y el chachafruto (Erythrina edulis).
Estas siembras, y sus resultados en materia de mitigación de emisiones, son evaluados por Sylvera, un proveedor independiente de datos sobre carbono que actúa como firma calificadora para validar la calidad y transparencia de proyectos ambientales en el mercado global. Esta tarea, según explican desde la fundación, consiste en proporcionar una validación externa sobre la integridad de los proyectos, en particular que la captura de carbono sea real, medible y cumpla con estándares internacionales.
En este proceso se tienen en cuenta cuatro pilares: la precisión en los cálculos de absorción de gases de efecto invernadero, los beneficios ambientales del proyecto que no habrían ocurrido sin su intervención, los riesgos de que el carbono capturado se mantenga almacenado en el ecosistema y los impactos positivos adicionales que genera el proyecto, como la recuperación de la biodiversidad y el desarrollo social en las comunidades. Bajo estos lineamientos, el modelo del proyecto recibió la calificación A.
Por el momento, el proyecto se encuentra en una primera fase en la que ya se han sembrado más de 1.000 hectáreas, con actividades activas desde septiembre de 2023.
¿Cómo asegurar que los recursos lleguen a las comunidades?
“Para nadie es un secreto que los mercados de carbono han sido muy discutidos durante los últimos años, en particular en el tema de la distribución de beneficios, y que la plata realmente les llegue a las comunidades para generar confianza y sostenibilidad de los proyectos”, asegura Hincapié.
De esta manera, el acuerdo con los propietarios de la tierra establece que estos recibirán el 55 % de los ingresos derivados de la venta de créditos de carbono, mientras que el resto del dinero se destinará a cubrir los gastos de implementación.
Un elemento que aclaran desde la fundación es que estos recursos no llegan de manera inmediata, sino que tomará un par de años mientras se consolidan los esfuerzos de restauración y reforestación. “La primera etapa de emisión de créditos será en 2028, cuando se empezarán a ver esos recursos”, informa Hincapié, quien indica que los recursos obtenidos también se reinvertirán en nuevos proyectos ambientales.
Mientras esto ocurre, los procesos de restauración están generando una economía en torno a estas actividades en los cinco departamentos. En total, según cifras del programa, se han creado más de 240 empleos locales, con una participación femenina cercana al 20 %.
“Siento que es una manera también de hacer país, además de hacer cosas para que las futuras generaciones puedan tener entornos reforestados”, cuenta Díez, una de las familias vinculadas al programa.
En esto coincide Hincapié, de la Fundación Grupo Argos, quien señala que “las mujeres son el eje principal de cualquier proyecto de conservación, pues son las que lideran estos procesos comunitarios en sus territorios. Otro punto clave a considerar es que estas dinámicas impulsan el empleo rural y aumentan el incentivo que tiene la gente para volver y reactivar las economías campesinas”.
El objetivo del programa es seguir firmando y consolidando acuerdos de conservación locales para aumentar el área de cobertura, y continuar desarrollando un modelo que combina sostenibilidad financiera y ambiental con la recuperación de ecosistemas estratégicos y el bienestar social a largo plazo.
