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Cuando el mundo se dio cuenta del crítico papel que desempeñan los bosques para mitigar la crisis climática, comenzó una carrera contrarreloj para frenar la deforestación y promover la protección y gestión sostenible de estos ecosistemas naturales. Era indispensable conservarlos y restaurarlos para preservar su capacidad de capturar y almacenar carbono, principal responsable del calentamiento global.
Para impulsar los esfuerzos de conservación —que debían concentrarse principalmente en los países en desarrollo del trópico, que aún conservaban su capa forestal, pero enfrentaban grandes riesgos de deforestación—, se idearon nuevos mecanismos financieros para hacer rentables las acciones de conservación.
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Uno de los mecanismos financieros creados para ayudar a detener la deforestación fue REDD+, creado en 2007 bajo la Convención Marco de Naciones Unidas (CMNUCC). Éste consistía en que los gobiernos de países selváticos como Colombia podían firmar acuerdos bilaterales para recibir recursos de países desarrollados, siguiendo unas determinadas condiciones.
El reto de los guardianes de los bosques colombianos
En Colombia, los pueblos indígenas son los responsables de la gestión de más del 50% del territorio amazónico, y su papel ha sido clave en la conservación de los bosques naturales. Sus estrategias de conservación se basan en el manejo territorial y de gobernanza que deriva de sus sistemas de conocimiento tradicional. Por tanto, los mecanismos de financiamiento deben contemplar el fortalecimiento de las estructuras de gobierno de los pueblos indígenas, y reconocer y proteger las prácticas culturales y ancestrales que determinan su manejo del territorio.
Sin embargo, según RainForest Alliance entre 2011 y 2020 menos del 1% de la asistencia técnica al desarrollo para el cambio climático fue dirigida hacia la gestión y tenencia de los bosques por parte de las comunidades indígenas. Por otro lado, alrededor del 2.1% del total de los recursos canalizados bajo los compromisos de financiación de la COP 26 en Glasgow, planteados para “los derechos de tenencia y cuidado de los bosques de los pueblos indígenas y comunidades locales en bosques tropicales”, fueron directamente recibidos por los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Bajo este contexto, los pueblos indígenas han reconocido la necesidad de aumentar los esfuerzos para canalizar la financiación basada en naturaleza hacia sus territorios, y resaltan la importancia de diversificar los mecanismos a través de los que estos recursos llegan a sus comunidades, pues es importante que no solo se reconozcan aquellos enfocados en reducir la deforestación, como REDD+. También deben valorarse los servicios ambientales que históricamente han sido exitosos en la conservación de los bosques (este ha sido el enfoque de trabajo con aliados como TNC).
“Los pueblos indígenas tenemos el reto de que gobiernos, cooperantes y distintos aliados reconozcan las contribuciones y el rol fundamental que tenemos para que Colombia alcance las metas vinculadas a cambio climático y biodiversidad, y que esto se traduzca en compromisos directos de financiamiento”, afirma la OPIAC.
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El auge de los proyectos REDD+ en Colombia plantea interrogantes y desafíos
Uno de los mecanismos que más se ha implementado en Colombia en territorios indígenas, y que ha generado gran debate y discusión, está vinculado a iniciativas que buscan reducir o evitar la deforestación.
El Mercado Voluntario de Carbono incorporó metodologías para que los proyectos que lograran reducir o evitar la deforestación en los territorios, transaran certificados de carbono en el mercado y obtuvieran fondos para mantener la labor en el tiempo. Los recursos económicos venían de empresas interesadas en compensar su huella de carbono comprando certificados que “neutralizaran” sus emisiones (cada certificado equivale a una tonelada de dióxido de carbono).
Además, en 2017 el gobierno colombiano —siempre a la vanguardia en temas ambientales—, creó un impuesto de carbono para que las empresas compensaran su impacto negativo al ambiente, y dio la opción de reducir ese pago comprando certificados de carbono. Actualmente existen alrededor de 76 iniciativas inscritas en el Registro Nacional de Reducción de Gases Efecto Invernadero (Renare), una plataforma creada por esa entidad para medir los resultados de los proyectos que buscan reducir las emisiones de este tipo de gases.
Aunque este mecanismo es una oportunidad, también plantea retos muy grandes dados los vacíos y conflictos que ya se han presentado en la amazonia; principalmente, por elementos vinculados a la transparencia, distribución de beneficios e integridad ambiental, así como por la falta de articulación con visiones territoriales propias de los pueblos indígenas, entre otros. “Actualmente, muchos proyectos han carecido de mecanismos que garanticen la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, y algunos no han contado con procesos claros de consulta previa libre e informada, y las estructuras de gobierno propio no han estado vinculadas a todas las fases de diseño. Dos de las grandes preocupaciones son: la falta de información entre las comunidades para tomar decisiones, y el hecho de que en muchos casos los pueblos indígenas solo se consideran como beneficiarios de los proyectos”, resalta OPIAC dentro de este análisis.
Los retos de implementar REDD+
Poner en marcha un proyecto REDD+ enfocado en los territorios indígenas y sus sistemas de conocimiento es complejo. Primero, toda iniciativa de este tipo requiere emprender una serie de cálculos e investigaciones sobre el estado de conservación del territorio; la importancia de sus ecosistemas para cumplir las metas ambientales del país y el mundo, y el nivel de riesgo de deforestación, pues para ser REDD+ debe existir esa amenaza.
Solo para esto último, por ejemplo, es necesario conseguir una zona con características similares, que sirva de espejo para medir lo que habría podido ocurrir en el territorio si no se estuvieran realizando acciones de conservación y manejo responsable de los recursos naturales (también se puede acudir a otros métodos estadísticos o de prospectiva). La clave del éxito está en plantear escenarios realistas; de lo contrario, simplemente se estaría inflando el impacto positivo de los proyectos en el ambiente.
Segundo, en Colombia las zonas de mayor deforestación —donde las iniciativas REDD+ tendrían mayor impacto—, son el epicentro del conflicto armado. “La deforestación en el país está asociada a causas estructurales, diversas problemáticas territoriales, sociales, políticas, económicas y culturales que vienen desde hace mucho tiempo”, dice Camila Rodríguez líder de Soluciones basadas en la Naturaleza para la Mitigación de TNC en Colombia.
Esto ha generado que para el sector privado sea muy riesgoso y poco rentable desarrollar proyectos en esas áreas. Por tanto, la mayoría de proyectos REDD+ se llevan a cabo fuera del arco de deforestación, en departamentos como Vaupés, Guainía y Amazonas donde los bosques están bien conservados. Además, en estas zonas los territorios indígenas tienden a ser extensos, lo que facilita el proceso de negociación con los locales y aumenta significativamente los márgenes de ingreso (una hectárea en la Amazonía puede almacenar 566 toneladas de carbono, y cada tonelada se puede vender a $5 dólares en el mercado nacional y a unos $12-20 en el internacional).
Por esta razón, “es fundamental desarrollar mecanismos de financiación complementaria que puedan ser aplicados acorde con las características, problemáticas y necesidades de cada territorio, de manera que se pueda canalizar la financiación de forma justa entre los pueblos indígenas y robusta en cuanto a la cuantificación de impactos ambientales y las contribuciones a la conservación”, dice Isaí Victorino, líder de Conservación basada en Comunidades de TNC.
Tercero, a pesar del interés que han generado los proyectos REDD+ en el país, aún flaquea la supervisión de su desarrollo y falta una reglamentación clara que regule su funcionamiento y el del mercado de carbono. Ello ha dado pie a interrogantes que van desde cómo se están contabilizando los resultados que definen los ingresos del proyecto, hasta cómo se están abordando los contratos con los pueblos indígenas y las comunidades locales.
“La asimetría de la información y las capacidades sobre los temas de mercados de carbono entre las comunidades y los actores de mercado dieron pie a que se crearan fuertes desigualdades en la manera como se estaban negociando algunos de esos proyectos; asimismo al ceder la titularidad de los proyectos y los certificados de carbono a terceros, los pueblos indígenas pierden la autonomía sobre la forma en que estos proyectos operan bajo esquemas de gobierno propio en sus territorios”, cuenta Rodríguez de TNC (a nivel global, esta organización ha desarrollado una medida de excelencia y una estrategia de equidad en mercados de carbono).
Medios nacionales e internacionales han investigado el tema, y reportado sobre recientes fallos constitucionales que hacen valer los derechos de las comunidades locales. En 2021, por ejemplo, la plataforma especializada en temas ambientales, Mongabay, alertó sobre algunos aspectos del proyecto más grande de bonos de carbono del país, como diferentes problemáticas asociadas con temas técnicos de la formulación, y con elementos de relacionamiento y derechos de las comunidades indígenas. Más recientemente, en julio de 2024, La Silla Vacía informó sobre el fallo de la Corte Constitucional a favor de las autoridades indígenas de Pirá Paraná en Vaupés. Ellas denunciaban que Masbosques y Soluciones Proambiente, en su rol de desarrolladoras de un proyecto REDD+ en su territorio, no habían respetado el gobierno indígena al firmar un contrato con una persona sin potestad para negociar en nombre de la comunidad.
Cuarto, al faltar en muchas ocasiones un adecuado proceso de trabajo con los pueblos indígenas y las comunidades locales, en el que se les explica detalladamente cómo funciona y cuál es su alcance, el flujo de recursos sin precedente ha resquebrajado la gobernanza de algunas de sus organizaciones. “Nunca se había visto un flujo de recursos para la conservación como el que se está viendo ahora por los mercados de carbono. Al llegar esos recursos a los territorios, si no hay planes claros de manejo e inversión del dinero, se pueden generar efectos negativos en los sistemas de gobernanza”, dice Sonia Pardo del equipo de mitigación de TNC Colombia. Por ello, “es necesario garantizar instancias de participación plena y efectiva, así como asegurar la aplicación de las salvaguardas y del marco de derechos constitucionales de los pueblos indígenas, con instituciones garantes de dichos procesos”, resalta Mateo Estrada, Asesor Indígena de la OPIAC.
Por todo ello, para que los proyectos contemplen acciones pensadas desde las visiones propias de las comunidades —y así garantizar su sostenibilidad—, deben estar articulados a modelos e instrumentos de gestión propia de los territorios, ya sean planes de vida, planes de ordenamiento territorial indígena y/o planes de manejo. De igual forma se debe pensar en articular al desarrollo de los proyectos, otro tipo de instrumentos financieros como fondos para canalizar la inversión, que permitan generar acciones futuras como las bioeconomías. “Los proyectos podrían generar recursos adicionales para pensar en economías lideradas por jóvenes y mujeres indígenas”, menciona Carlos López, Líder Programa de Economías Propias de la OPIAC.
TNC y OPIAC le apuestan a elevar la voz de las comunidades
El principal objetivo del trabajo entre TNC y la OPIAC es fortalecer y elevar la voz de los pueblos indígenas para robustecer su gestión del territorio. ”Para fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas es necesario fortalecer los modelos de gestión propia basados en una visión integral del mundo y generar mecanismos de financiación que contemplen esa integralidad”, dice Gelber Quevedo, indígena Cubeo del Vaupés.
Uno de los ejercicios derivados de esta alianza se realizó en Vaupés, buscando la consolidación de un modelo de gestión territorial propio y autónomo basado en sus sistemas de conocimientos (elemento clave para construir el plan de vida de la comunidad), e identificar esquemas de financiamiento diferenciados para pueblos indígenas, que estén relacionados con la mitigación, adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
Los pueblos indígenas tienen una visión distinta del territorio. Según su cosmovisión, en el mundo existe un principio de integralidad. Ese entendimiento los hace identificarse profundamente con la naturaleza que los rodea, y saber que la conservación de los ecosistemas de agua dulce depende del cuidado de los ecosistemas terrestres, y viceversa. Esa forma de pensar y valorar la biodiversidad se ha traducido en una convivencia armónica con la naturaleza y en importantes acciones de conservación: en sus territorios las cifras de deforestación son cinco veces más bajas.
En el ejercicio de Vaupés también participaron varias entidades y organizaciones indígenas y no indígenas con el objetivo de plantear diferentes puntos de vista y fomentar una construcción informada desde las visiones propias de los pueblos indígenas, dada la complejidad del tema. Junto con todos ellos se quiere aprovechar el intercambio de conocimientos para encontrar formas innovadoras de conservación realmente pensadas y diseñadas desde los territorios y con las comunidades locales. “Es importante que no solo se reconozca sus acciones para prevenir la deforestación, sino también cómo sus actividades culturales inciden en el territorio. Ese tipo de cosas no las suelen contemplar los desarrolladores y certificadores de los proyectos REDD+”, dice Luis Cañas, miembro del equipo de Conservación basada en comunidades de TNC.
La COP 16: un evento decisivo para las discusiones de financiación de la naturaleza liderada por pueblos indígenas
Los retos que han surgido alrededor de los proyectos REDD+, y las enseñanzas que dejan ejercicios de apoyo como los que está desarrollando TNC, junto con varios aliados, son insumos clave no solo para mejorar el funcionamiento de REDD+, sino también para la construcción de nuevos mecanismos de financiamiento para la naturaleza; un tema que se abordará ampliamente en la COP16 de biodiversidad en Cali.
A ese importante evento internacional se llega con la conciencia de que a pesar de que nunca antes se había invertido tanto en la protección de la naturaleza, los fondos siguen siendo insuficientes y los mecanismos de financiación no están siendo tan efectivos en su apoyo a las acciones de conservación comunitarias lideradas por pueblos indígenas. Por ello, uno de los temas clave a discutir es el de los mecanismos de financiación directa para comunidades, que reflejen su enfoque integral del manejo del territorio.
Esto último es fundamental para Colombia. Las comunidades indígenas han demostrado ser efectivas en sus acciones de protección de la naturaleza (en 18 años, los bosques de la Amazonía solo se han reducido un 0.06% en los territorios indígenas). Por tanto, encontrar maneras de apoyarlas en sus labores de conservación, reconociendo y fortaleciendo su conocimiento ancestral del territorio y sus sistemas de gobernanza, le ayudará al país a avanzar en el cumplimiento de las metas del Marco Global de Biodiversidad, que busca frenar la acelerada pérdida de biodiversidad del planeta.
Además, elevar la voz de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las discusiones de financiación de la naturaleza, abre la puerta a que países megadiversos como Colombia exploren la creación e implementación de innovadores mecanismos de financiamiento que vayan más allá de prevenir la deforestación. “Las Soluciones basadas en Sistemas de Conocimiento deben ser reconocidas como un mecanismo efectivo para alcanzar resultados concretos vinculados a la conservación de la biodiversidad y el Cambio Climático”, dice López de la OPIAC.
La creación de fondos pensados, administrados y direccionados para pueblos indígenas que permitan la inversión múltiple en este tipo de soluciones es una de las apuestas claves. “El fondo INDII es una de las estrategias ideadas por nuestra organización, ya que va permitir tener un mecanismo donde diversos donantes, tanto de la sociedad civil, el sector público, privado, entre otros, puedan aportar de manera clara y direccionada desde una visión pensada por nosotros”, agrega López.
Hoy, el reto para el país consiste no solo en encontrar la mejor manera de regular el mercado de carbono y los proyectos REDD+, sino también en encontrar la manera de armonizar los esfuerzos nacionales con los proyectos locales de conservación de la naturaleza (las iniciativas jurisdiccionales pensadas para ello, siguen sin avanzar), y encontrar innovadoras maneras de convertir su biodiversidad en un motor de crecimiento económico, que asegure el bienestar de las personas.
Por TNC Colombia
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