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La pérdida de biodiversidad a escala mundial, las consecuencias masivas a raíz de los desastres naturales y los inminentes estragos surgidos por el cambio climático fueron apenas tres de los riesgos que el Foro Económico Mundial (FEM) advirtió como efectos colaterales en el uso desmedido de hidrocarburos a comienzos de 2020, semanas antes de la pandemia por COVID-19.
Por ese entonces, las proyecciones del FEM indicaban que si no había una pronta y acelerada transición hacia las energías renovables, como motor de la mayoría de actividades industriales, este factor, sumado a la escasez de medidas de adaptación y mitigación en distintos países, le generarían daños más profundos e irreversibles a los ecosistemas y, consecuentemente, a la calidad de vida y el bienestar de las personas, sin discriminar latitudes o sistemas de gobierno.
Ahora, en un contexto que busca una recuperación económica efectiva después de los impactos macroeconómicos generados por la emergencia sanitaria global, el riesgo de seguir impulsando los hidrocarburos como eje de desarrollo cobra mayor sentido como objeto de análisis detallado y, a su vez, es un debate sobre el cual los países deben prestar especial atención desde todos los sectores. Esto trasciende el escenario político e invita a que la humanidad se pregunte: ¿qué clase de mundo se les quiere dejar a las generaciones venideras?
Los daños en el país
Aterrizando esto en Colombia, el profesor Guillermo Rudas, economista e investigador de la Universidad Externado de Colombia y magíster en economía ambiental y de recursos naturales de la Universidad de Londres (UCL), aseveró que los daños que los hidrocarburos han ocasionado en el país son de distintos niveles, difíciles de controlar y generadores de conflictos irresueltos.
“Por nombrar algunos elementos, está la falta de transparencia en el manejo de los impactos socioambientales en las zonas donde se extraen hidrocarburos, la gran volatilidad del comportamiento económico de esta actividad frente a factores externos o los altos niveles de corrupción que hay a su alrededor, con la complicidad de empresas extractivas que no han permitido que las regalías se traduzcan en factores de desarrollo efectivo en las regiones productoras”, explicó Rudas.
Datos oficiales indican que la economía en Colombia basada en hidrocarburos y minería representa poco más del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, esta cifra o cualquier otra de algún sector que atente contra la naturaleza y la calidad de vida de las personas es insuficiente para seguir defendiendo sus prácticas insostenibles, especialmente aquellas que sometan los recursos extractivistas al fracking, según expertos en medioambiente como Guillermo Rudas o Mauricio Cabrera, asesor de relaciones de gobierno y relaciones internacionales de WWF Colombia, dos de las voces consultadas para la elaboración de este editorial periodístico.
De hecho, Mauricio Cabrera le dijo a este diario que una recuperación verde (en armonía con la naturaleza), justa (que cierre brechas sociales) y resiliente (consciente de los efectos del cambio climático) no puede pretender incorporar la explotación de petróleo y gas a través de ninguna práctica, y mucho menos una de alto impacto, como el fracking, de la cual persisten las malas señales porque, por ejemplo actualmente en el Magdalena Medio se adelantan dos pilotos de esta cuestionada técnica de explotación de hidrocarburos.
La explotación de hidrocarburos afecta la calidad y cantidad del recurso hídrico disponible, y el país no cuenta con un marco legislativo ni reglamentario para la gestión de los pasivos ambientales -el impacto ambiental negativo que puede identificarse y delimitarse luego de que la actividad, obra o proyecto que lo provocó termina en determinado territorio- de los sectores minero y petrolero: “Si bien más del 70 % de los pasivos ambientales del país son generados por actividades mineras y petroleras, el país no cuenta con un marco legislativo ni reglamentario para su gestión, ni para adecuados cierres mineros. Hoy estos pasivos son focos de contaminación y afectación a la salud y al ambiente”, advirtió Cabrera.
Además, agregó que, para pensar en sostenibilidad, desarrollo y proyección económica en Colombia, “se requiere acelerar la implementación de proyectos de energía de fuentes renovables no convencionales, eliminar las barreras de entrada a estos proyectos y trazar metas para aumentar el porcentaje de participación de estas fuentes en nuestra matriz energética. La implementación de estas fuentes puede ser un gran generador de trabajo y recursos para su adecuada implementación. Además, recordemos que los departamentos del Cesar y La Guajira, en donde están localizados los proyectos carboníferos, ya están teniendo disminución en sus ventas de carbón, por lo que, sí o sí, se requiere transitar hacia alternativas productivas”.
Esto, en últimas, aportaría al cumplimiento de la ambiciosa meta de reducción de emisiones que el Gobierno se planteó ante Naciones Unidas: disminuir en un 51 % los gases de efecto invernadero que tiene proyectado emitir de aquí a 2030.
¿Colombia está lista para dejar atrás los hidrocarburos?
En el papel, muchas propuestas sobre mejorar las relaciones entre las actividades humanas y su entorno natural parecen sencillas y prácticas, pero pasar de la teoría a la práctica es un paso a veces abismal, en el que el país parece estancarse.
Para Guillermo Rudas, las metas de descarbonización proyectadas para 2030 y 2050 a escala nacional deben tener como primer paso una institucionalidad pública que marche más en función de los intereses de la nación en su conjunto que en respaldo de los grupos de alto poder económico cooptados en el Estado colombiano.
“Se requiere una reorientación de la economía no solo para tener una matriz energética baja en carbono, sino principalmente para construir una estructura económica y un flujo de recursos al Estado que dependan de alta generación de valor y de empleo, como la producción de alimentos, la agroindustria, el turismo y la tecnología. Si se mantiene la alta dependencia de los hidrocarburos, difícilmente se podrán asumir los costos para transitar hacia una deseable electrificación de la economía, privilegiando las energías renovables no convencionales”, agregó Rudas.
A su turno, y en armonía con la perspectiva del economista de la UCL Mauricio Cabrera, reiteró que “los precios de generación con energías renovables no convencionales, como la eólica y solar, son cada día más competitivos y nuestro potencial de generación es muy alto. Las demás fuentes aún están en proceso de investigación mundial y los precios no alcanzan a ser competitivos. La apuesta debe ser por estas energías”.
Otros expertos de talla internacional en temas de sostenibilidad, como el profesor británico John Murton, indican que en las economías en vía de desarrollo, como la colombiana, es recomendable tomar la delantera férrea de desincentivar vehículos que funcionen con acpm y a partir de ahí podrían comenzar como efecto dominó otros escenarios que permitan nuevas formas de trabajo sobre el desarrollo, pliegos de políticas que ejecuten sobre la restauración de más ecosistemas y mayores posibilidades de crecer como especie.
Pensar hacia el futuro
Siguiendo la lógica de Murton, para Guillermo Rudas los cambios ambientales que comiencen con los ajustes al campo automotor en Colombia no son descabellados. De hecho, también considera que son un acelerador de desarrollo verde y justo.
“Hay cambios posibles, por ejemplo, mediante exenciones tributarias a quienes instalen filtros o hagan la reconversión a gas o incentivando la renovación del parque automotor obsoleto, generando subsidios y condiciones de crédito favorables, condicionadas a la chatarrización del vehículo viejo e incluso propiciando la economía circular. Esta transición energética es consistente con la necesidad de reactivación, si se asume que el Estado tiene que abandonar su visión de minimizar su esfuerzo para atender la pospademia”, concluyó Rudas.
Países como Francia, Noruega y Finlandia han dado pasos de gigante desde hace más de tres décadas en temas de reducción de carbono. Ahora, en un marco de recuperación económica y ambiental, Colombia no debe perder el foco de lo que han hecho estos países y, respetando contextos, puede comenzar a acondicionarse más sobre los eventuales beneficios que iniciativas hidroeléctricas o fotovoltaicas, por tomar como referencia unas opciones, pueden traer a la población, reemplazando las prácticas conexas al uso de hidrocarburos.
Los cambios que veremos en la pospandemia respecto a la recuperación económica con menores usos de hidrocarburos seguramente serán paulatinos. La paciencia y el trabajo articulado entre sectores marcarán el rumbo del éxito para tener un país más sostenible que se atreva a vivir sin depender de compuestos orgánicos que atenten contra la naturaleza y la salud de las personas.