La pugnacidad prelectoral no se debe trasladar al nuevo gobierno. En la gestión de la biodiversidad es necesario apreciar lo que como sociedad vamos logrando; incluyendo logros, limitaciones y desaciertos del gobierno saliente para discutir y monitorear las intenciones del entrante. Una evaluación serena, resguardada de la batalla cultural, debe basarse en datos, información e interpretación. Las diferencias en los enfoques deben ser explícitas y trasladarse al debate democrático.
Un primer tema se refiere a los cambios estructurales a acelerar. Los procesos sociales y ecológicos de los que depende el futuro de la biodiversidad y el bienestar humano son complejos, reconocidos en once “transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad” (Instituto Humboldt 2018). Otro conjunto de situaciones se refiere a lo que es preciso corregir. Además, hay propuestas de innovación sobre las cuales se han plantado semillas, que es preciso proteger y cultivar.
Un logro del gobierno saliente es haber aumentado la ambición para “ordenar el territorio alrededor del agua”. Quedó enriquecida en contenidos, enunciada y avanzada en algunos casos en actos administrativos, pero requiere hoy un rumbo estratégico. Con la crisis climática es una necesidad. Una de las mayores falencias estructurales heredadas es el retraso en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), con ajustes cercanos solo al 15%.
La incorporación de los “determinantes ambientales en el ordenamiento”, técnicamente ambigua, debe seguir una agenda priorizada, como oportunidad para hacer eficiente la gestión del Estado en el Sistema Nacional Ambiental (SINA), en los niveles administrativos central, regional y local.
Un asunto para corregir es la animadversión frente al sector privado, ya reconocido en el Convenio de Diversidad Biológica como actor importante. El Instituto Humboldt jugó un papel central en la evaluación “Negocios y Biodiversidad”, de la Plataforma Científico-Política de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES 2026). Además, está la hoja de ruta avanzada desde el Centro del Agua y la Biodiversidad de la ANDI. Instancias clave para discutir, y balancear social y ecológicamente los propósitos del nuevo gobierno.
En la deforestación, la disminución en porcentaje no es una línea gráfica que demuestre una sólida tendencia. No es aceptable usar cifras para seguir narrándola según “perder menos es ganar un poco”, pues es un proceso inestable que no corresponde a una deforestación evitada sino al limitado control del territorio.
Falta, además, atender lo que dice la ciencia. Por ejemplo, es claro que los efectos frente a la pérdida de la biodiversidad y el ciclo hidrológico son dependientes del sitio. La destrucción en los parques Macarena, Tinigua, Chiribiquete no admite narrativa de éxito parcial. La deforestación asociada con la minería ilegal en el río Puré es una tragedia que requiere corrección inmediata. La persistencia de asesinatos de líderes sociales es un tema crítico que hay que atender. Las intervenciones del Consejo Nacional de lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados CONALDEF deben pasar a un compromiso del más alto nivel de coordinación intersectorial en el hoy inactivo Consejo Nacional Ambiental.
El enfoque social en la lucha contra la deforestación debe ser reforzado para superar el 42% alcanzado de las 16.000 familias atendidas, expandiéndose en el “arco de deforestación”. Las concesiones forestales comunitarias y el pago por servicios ambientales localmente acusan una disminución de la deforestación y son procesos para reforzar los procesos hacia un bienestar humano justo y sostenible.
Además, contando con la bioeconomía y la forestería comunitaria, reflejados en un refuerzo presupuestal de los institutos de investigación Sinchi y Humboldt, que deberían mantenerse. Faltan en la rendición de cuentas indicadores sobre las sabanas, en donde el cambio de usos de la tierra entre 1985 y 2024 acumula 1,5 millones de hectáreas (18%). La transformación productiva de la altillanura no debería ser un dilema entre expandir o no la frontera productiva, sino más bien una oportunidad para actuar en la frontera de la sostenibilidad, innovando a través de alianzas público-privadas y comunitarias para la creación de varios millones de hectáreas de “paisajes productivos biodiversos”.
En las aguas continentales se presenta la mayor distancia entre lo dicho y lo que se va logrando. No se usan indicadores funcionales a nivel nacional de pérdida de humedales, tampoco hay suficientes medidas de saneamiento de aguas servidas y se carece de datos amplios sobre toxificación en entornos urbanos o industriales.
Hubo avances con la Ley 2469 (julio de 2025) que incorporó los humedales como “infraestructura natural” al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), con espacio potencial de implementación en hasta 3.5 millones de hectáreas, según la diferencia entre el mapa de los ecosistemas acuáticos del IDEAM (25.898.000 ha) y el modelo Colombia Anfibia del Instituto Humboldt (30.781.149 ha). El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Decreto 0149 de 2026) reconoció además a las comunidades anfibias y los ecosistemas acuáticos agroalimentarios.
Frente al cambio climático hubo énfasis en la promoción del abandono de los combustibles fósiles y el desarrollo de energía llamada limpia, temas necesarios y controversiales, pero sobre todo incompletos. La esbozada transición se ve opacada por la persistencia de la deforestación. Se echa de menos un liderazgo mayor a nivel internacional frente a este fenómeno. Sobresale el relativo abandono heredado en la adaptación, que requiere indicadores renovados de tendencia, trayectoria y umbrales de cambio aceptable. Con la creciente amenaza de El Niño, queda una institucionalidad debilitada para gestionar la confusión creada entre prevención y atención de desastres, que no debería afectar las acciones programadas para La Mojana.
En las Áreas Protegidas el balance es desigual. Además de la gestión normal que no se ha detenido y debe ser resaltada —la destrucción evitada es un indicador oculto de éxito— es necesario remarcar la continuidad entre gobiernos en la creación de áreas protegidas, como el Parque Nacional Manacacías, iniciado en el gobierno anterior, y el Santuario de Flora de la Palma de Cera de Tochecito, que debería acoger el entrante. Quedan retos en la gestión efectiva de la conservación, el fortalecimiento de la Unidad de Parques Nacionales y oportunidades para el desarrollo de la gobernanza en la conservación, esta última latente en el CONPES 4050.
La gestión de la biodiversidad en medio de las transformaciones territoriales es un reto. Sobre todo, en el sector minero energético, que se acelerarán, y en la infraestructura y vivienda. La Sabana de Bogotá y la Orinoquía, por ejemplo, son espacios de crecimiento económico que se constituyen hoy en fronteras para una gestión de la biodiversidad orientada al bienestar humano. Más que solo normas, se requieren allí acuerdos sociales por el territorio.
El mayor reto en las finanzas de la biodiversidad se refiere no solo a los siempre limitados presupuestos, situación que en medio de una crisis fiscal no parecería mejorar, sino a innovar rehaciendo las cuentas con el balance entre los incentivos económicos que destruyen la biodiversidad y lo que se invierte en su conservación. El país podría liderar este tema de interés global. Un vacío que se hereda es el manejo de las especies en riesgo de extinción, que son 1995 según el Ministerio de Medio Ambiente (2024), y sobre las que no hay indicadores funcionales y son escasos los planes de acción. Frente a las especies exóticas invasoras, el llamado es a aplicar primero lo conocido. El cambio de enfoque en los hipopótamos podría significar un retroceso en la relación entre ciencia y decisiones, mientras siguen creciendo las poblaciones y el riesgo para la población humana.
El milagro mayor en esta transición sería que pudiéramos construir acuerdos y gestionar las diferencias en un ambiente de paz política.
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