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Esta mañana terminó en Londres una reunión que suele llamar poco la atención de los medios de comunicación y de la sociedad. Entre el 7 de 11 de abril, se reunieron delegados de 176 países en el 83º periodo de sesiones del Comité de protección del medio marino, en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI).
El asunto central de la reunión era buscar un camino para que el transporte marítimo para alcanzar emisiones netas nulas a 2050. Después de todo, recordaba la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), este tipo de transporte, que mueve el 80 % de las mercancías mundiales, es responsable del 2,9 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Esto, para que se haga una idea, es cercano al porcentaje de emisiones de un país como Japón.
De acuerdo con la asociación periodística Periodistas por el Planeta, que sigue este tipo de negociaciones, “los países acordaron un marco político que incluye el primer régimen mundial significativo de tarifas al carbono en cualquier industria”.
Bajo este acuerdo, desde 2028 todos los buques del mundo tendrán dos opciones: empezar a usar una mezcla de combustibles que emite menos CO₂ o pagar por un excedente si continúa empleando combustibles fósiles. En concreto, tendrán que pagar unos 380 dólares por tonelada por sus emisiones más intensivas.
Aunque aún quedan detalles por afinar, que se abordarán en la sesión de octubre, la decisión no dejó satisfechos a todos los participantes. La medida, que espera recaudar 10.000 millones de dólares anuales para financiar el uso de energías limpias en los buques, es insuficiente a los ojos de los Estados insulares del Pacífico, que aseguraron que el dinero no será suficiente para financiar la “transición justa y equitativa a la que se había comprometido la OMI”.
Además, Tuvalu, en nombre de las islas del Pacífico —de las más afectadas por el cambio climático y el aumento del nivel del mar—, expresó su preocupación por el resultado, pues faltaron mayores incentivos, no hubo transparencia y sus voces fueron excluidas de la negociación.
Con esta medida, las emisiones de este sector deberán reducirse en un 40 % en 2030 respecto a 2008, para que en 2040 sea de un 80 %. Para mitad del siglo, la reducción deberá ser del 100 %.
Sin embargo, según un análisis de la consultora UMAS, recogido por Periodistas por el Planeta, el acuerdo solo logrará una reducción absoluta de las emisiones del 8 % para 2030, un 32 % por debajo de lo que debería lograr.
Emma Fenton, Directora Senior de Diplomacia Climática de Opportunity Green, declaró: “La OMI ha tomado una decisión histórica, pero en última instancia una que falla a los países vulnerables al clima y se queda corta tanto en la ambición que la crisis climática exige como en la que los estados miembros se comprometieron, hace solo 2 años. La débil medida aprobada significa apuntar a un listón bajo y arrastrar los pies para llegar a él. Ni garantizará una reducción suficiente de las emisiones, ni recaudará los ingresos necesarios para una transición justa y equitativa”.
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