El 7 de mayo, las comunidades campesinas del corregimiento El Guayabo y otras veredas de la zona norte de Puerto Wilches (Santander) lanzaron una alerta advirtiendo sobre el riesgo de inundaciones debido al aumento del caudal del río Magdalena.
La advertencia, firmada por la organización campesina de Puerto Wilches AGROPEGU, hace un llamado urgente a las autoridades nacionales, regionales y locales para evitar una nueva emergencia humanitaria como la ocurrida en 2022.
La preocupación, según las comunidades, no es reciente. En abril de 2022, un aumento en el nivel del río provocó el rompimiento de varios diques de contención, causando la pérdida total de cultivos de pancoger, la muerte de más de 9.000 cabezas de ganado y el desplazamiento forzado de familias campesinas. La emergencia, dicen, se extendió hasta 2024, sin que hubiera una respuesta estructural adecuada por parte del Estado.
“El enfoque que la administración local le dio a la atención de la emergencia se centró en reparar los rompimientos, descuidando los impactos que sobrevinieron sobre las comunidades. A día de hoy las comunidades no han podido recuperar todo lo que perdieron, a pesar de los informes, derechos de petición, incidencia política, etc”, denuncia AGROPEGU.
En el comunicado, esa asociación explicó que las comunidades ya acudieron a la vía judicial. De manera más específica, el 4 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a su favor y otorgó medidas cautelares en el marco de una Acción Popular. En su decisión, la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi ordenó a la Presidencia de la República, a varios ministerios (Ambiente, Agricultura, Vivienda) y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) asumir la responsabilidad frente a la situación.
El Tribunal reconoció, además, el “carácter histórico del arraigo campesino” en el territorio y evidenció la “antigua y permanente vulneración de derechos colectivos y ambientales”, incluyendo el acceso al agua potable, salud básica, educación digna y medidas de prevención frente a riesgos ambientales.
Una de las órdenes más urgentes de la sentencia, cuenta AGROPEGU, fue la intervención inmediata de los puntos críticos donde se presentan desbordamientos recurrentes del río Magdalena. Pero, según los líderes del territorio, “poco o nada ha cambiado desde ese fallo”.
La denuncia actual menciona preocupación por la situación del corregimiento El Guayabo, que se encuentra aproximadamente tres metros por debajo del nivel de la cabecera municipal, lo que lo convierte en un punto altamente vulnerable.
“Sin la debida diligencia de las autoridades locales, regionales y nacionales, una crisis humanitaria peor podría tener lugar en la zona norte del municipio de Puerto Wilches”, advierten.
Por ahora, AGROPEGU manifestó la necesidad de que los ministerios correspondientes, además de la UNGRD, hiciera intervención urgente y preventiva del territorio.
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