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El Consejo de Estado negó recientemente la medida cautelar que buscaba suspender el Decreto 044 del 2024, expedido en enero del año pasado por el Ministerio de Ambiente, en el que se permite la creación zonas de reserva temporal en el país para determinar en qué áreas es permitida, restringida y excluida la minería.
Estas áreas, de acuerdo con el documento, pueden declararse por un máximo de cinco años, para desarrollar un ordenamiento minero-ambiental. El plazo solo puede prolongarse una sola vez, y la idea es que durante el tiempo dure la declaratoria se realicen estudios técnicos para entender, entre otras cosas, cómo funciona el ciclo del agua en esa área, y así proteger y conservar los recursos naturales.
El alto tribunal consideró que este decreto nace como consecuencia de la sentencia del 4 de agosto de 2022, donde el mismo Consejo de Estado concedió el amparo de los derechos colectivos, como el goce de un ambiente sano, la conservación de las especies animales y vegetales, y a la protección de áreas de especial importancia ecológica.
(Lea también: El enredado camino para prohibir temporalmente la minería en Santurbán)
Además, explicaron que tampoco modifica el Artículo 47 del Decreto Ley 2811 de 1974, como decía el demandante. Este artículo menciona que podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona cuando sea necesario, para organizar o facilitar la prestación de un servicio público, adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos.
“En este estado del proceso no se evidencia que el acto demandado modifique el artículo 47 del Decreto Ley 2811 de 1974, ya que los mencionados criterios se refieren a recursos naturales renovables que, por su importancia ecosistémica, requieren especial protección, lo que se encuentra acorde con lo expuesto en la anotada norma de rango legal”, menciona el documento expedido por la Sección Primera del Consejo de Estado.
Esta no es la primera pelea jurídica que se da en torno a este decreto. En septiembre del año pasado, el mismo tribunal negó tres tutelas que buscaban tumbar la medida.
Ante la más reciente respuesta del Consejo de Estado, Susana Muhamad, quien presentó su renuncia como ministra de Ambiente hace un par de días, sostuvo que “con esta decisión se fortalece el ejercicio del sector ambiental en la protección de los recursos hídricos, vitales para la vida y el desarrollo sostenible”.
Actualmente, en el macizo de Santurbán, en jurisdicción de Santander, se está llevando a cabo un proceso que implica la posible declaración de un área de reserva temporal que abarca 76.012 hectáreas de siete municipios, incluido Bucaramanga.
El ministerio decidió extender la consulta pública, que iba hasta el 10 de febrero, para recibir comentarios de la comunidad sobre el borrador de la resolución que tiene listo desde noviembre del año pasado. La nueva fecha de cierre es el 14 de febrero.
La cartera también desarrolló una serie de encuentros presenciales en siete municipios de Santander para socializar la medida, pero estos estuvieron marcados por la poca asistencia de público y el rechazo generalizado de las comunidades que habitan las zonas del páramo de Santurbán. El Ministerio afirmó que se dejó un documento físico en cada municipio para que la comunidad sin acceso a internet pueda revisarlo.
Sin embargo, una de las quejas recurrentes por parte de quienes se oponen a la declaración de la zona es que no fueron tenidas en cuenta desde el principio, sino solo al final.
Ante esta situación, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, envío una carta a Susana Muhamad, en la que rechazó la posible resolución del Ministerio de Ambiente. “La invito a que, antes de tomar una decisión de semejante peligrosidad, pongamos en marcha las mesas técnicas que hace ya más de seis meses convinimos, para estructurar verdaderos espacios de diálogo”.
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