Un reciente fallo del Consejo de Estado, emitido a finales de mayo, encontró que las aguas residuales que se vierten en el mar en la costa de Santa Marta no está siendo vigiladas cómo se debería, al encontrar que “el monitoreo ambiental se ha hecho de manera insuficiente” y ordenó que “establecer las posibles afecciones en la salud de las personas que hacen uso de los balnearios y playas”.
Se trata de una determinación que llega en medio los preparativos de la ciudad para celebrar sus 500 años, lo que la convierte en una de las poblaciones más viejas del continente.
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También se produjo justo cuando un video de una ciudadana se hizo viral. En él María Marcela Preciado aseguró que perdió una parte de su cuerpo (la cual no especificó) al contraer una infección por una bacteria tras nadar, en diciembre de 2024, en la bahía de la ‘perla de Caribe’.
La Alcaldía de Santa Marta, al conocerse el caso, emitió un comunicado indicando que no han podido hablar con la denunciante, pero precisaron que no hay un “reporte médico oficial que permita confirmar que una infección” de este tipo en las playas de la ciudad. Además, aseveraron que la administración viene adelantando acciones para enfrentar “los problemas de saneamiento en la zona costera”.
Aunque no logramos comprobar la veracidad de la denuncia, el último pedazo del comunicado apunta, de manera sutil, a una realidad que viene siendo denunciada hace años en Santa Marta: la contaminación del mar y de la zona costera por el vertimiento de aguas residuales, es decir, las utilizadas por las casas, comercios e industrias de la ciudad, que van a parar directamente, tras un tratamiento primario, al mar a través de lo que conoce como un emisario submarino; que es, de manera resumida, una tubería de más de 400 metros en el suelo marino que, a través de difusores, libera los desechos.
Este mecanismo, que es utilizado en otras ciudades costeras del país y de la región, tiene una licencia ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente con monitoreos y acciones correctivas por entidades como Corpamag e Invemar, o por la Alcaldía de Santa Marta. Sin embargo, el Consejo de Estado encontró que esto no se estaba cumpliendo.
“Se concluye que el seguimiento ambiental del emisario submarino de Santa Marta no fue adecuado, efectivo ni suficiente”, se lee en el fallo conocido por El Espectador. “Los informes técnicos evidencian una limitada cobertura del emisario submarino, sin que se hubieran realizado inspecciones técnicas especializadas, monitoreos completos de calidad de agua marina o evaluaciones estructurales del sistema […] Se constata que el monitoreo de la calidad ambiental fue parcial, sin incluir parámetros clave ni información técnica detallada sobre los impactos en ecosistemas marino-costeros sensibles”.
A esto se suma deficiencias en el monitoreo ambiental en la zona de influencia del vertimiento de las aguas residuales y, entre otros, la falta acciones basadas en riesgo y prevención. “No se evidencia el uso de herramientas tecnológicas (como sensores, telemetría en el emisario, modelación del difusor o monitoreo remoto) que son recomendadas internacionalmente para controlar riesgos en sistemas de disposición marina. La respuesta a contingencias fue reactiva y sin seguimiento técnico riguroso. Por ejemplo, en 2019 se menciona una fisura con fuga al mar, pero no se presentan resultados del impacto”, se lee en el fallo.
Un problema histórico sin soluciones
Santa Marta viene arrojando sus aguas residuales al mar desde el año 2000, con la construcción de un sistema de EBAR y un emisor submarino. La distribución de este sistema, que se utiliza en otras ciudades costeras del país y del mundo, puede verlo en el mapa que acompaña esta nota.
Durante años, comunidades locales, científicos y ambientalistas han denunciado los impactos en la pérdida de ecosistemas y en la contaminación de peces debido a este sistema de disposición de residuos, señalando la falta de un seguimiento riguroso para minimizar los riesgos, una preocupación que confirmó el fallo del Consejo de Estado.
Esta situación es particularmente crítica en Taganga, una de las localidades más famosas de Santa Marta, conocida por su bahía enmarcada por montañas que pertenecen a las estribaciones de la Sierra Nevada. A pocos kilómetros de este atractivo turístico se encuentra la tubería submarina que vierte las aguas residuales de la ciudad.
En este sector del mar Caribe, hace seis años, un grupo de buzos de la Universidad de Antioquia se reunió con el objetivo de entender lo que estaba ocurriendo en la zona cercana al emisor submarino en la zona. “Es claro el impacto del emisario sobre sus zonas adyacentes, no solo en las zonas profundas, como estaría previsto en un sistema de tratamiento de este tipo, sino también en la superficie […]”, se lee en el estudio publicado tras esta visita de campo. En concreto, se encontró que problemas en los sistemas que arrojan el agua favorecerían que estas se asciendan a la superficie.
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Este fue uno de los estudios citados por una veeduría ciudadana liderada por José Cantillo, habitante de la zona y exmiembro de la Armada Nacional. Este grupo ciudadano nació en 2010 luego de que miles de habitantes recibieron la orden de desalojar algunas zonas de Taganga al encontrarse en una zona de protección de ecosistemas. “A través de varias tutelas frenamos el proceso, justo cuando estaban empezando a tumbar casas, y así empezó esta lucha por la defensa de esta comunidad que ha estado abandonada por tanto tiempo, sin vías, sin seguridad y sin servicios básicos, como un acueducto o alcantarillado”, cuenta Cantillo.
Visitas, estudios y reportes como este hacen parte del expediente con el que el Consejo de Estado falló en segunda instancia para proteger los derechos de la comunidad de Taganga. Concluyó, entre otras cosas, que no se estaba cumpliendo con la licencia ambiental del proyecto.
¿Es seguro verter las aguas en el mar?
Aunque pueda sonar como un método un poco escandaloso, el hecho de verter aguas residuales en el océano es un sistema utilizado en varios países y en ciudades colombianas como San Andrés, Buenaventura y Cartagena. Un estudio del año 2000, justo cuando se construyó la de Santa Marta, mostraba que, para ese entonces, en el continente había 104 mecanismos de este tipo.
En palabras de José Mancera, doctor en biología ambiental y uno de los representantes de Colombia en la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI, por sus siglas en inglés), “esta práctica suele ser una alternativa aceptable para el manejo de aguas en las zonas costeras, pero tiene que hacerse bien para evitar, por ejemplo, que las aguas residuales lleguen a la costa o que la corriente no afecte el tubo”.
Mancera, quien trabajó hace algunos años en Invemar, en Santa Marta, señala que un aspecto clave es que los difusores de aguas residuales estén ubicados en zonas profundas del mar, donde se concentran los componentes más densos y se facilita la dispersión y procesamiento natural de los residuos.
“Si se cumplen estos criterios y se hace un monitoreo sólido, es un método aceptable. Pero el problema es que esto ocurre en una bahía ya afectada por otros procesos de contaminación relacionadas con el puerto y vertimientos, con registros ya históricos de coliformes fecales, que no es otra cosa que caca en el agua”, sostiene Mancera.
Como dictaminó el Consejo de Estado, “se comprende que el sistema no estaba concebido para generar impactos ambientales negativos, sino para mitigar los efectos del vertimiento de aguas residuales”.
“En el momento en el que se construyó el emisario submarino se tenía la información que factores como el pH del mar, la salinidad y los ciclos de carbono significaban que estos vertimientos no iban a afectar mucho la calidad de los ecosistemas. Pero fallas en la infraestructura y una vigilancia pobre nunca dieron esas garantías”, explica Luis Miguel Moisés, biólogo de la Universidad del Magdalena y ambientalista que también participó en la tutela.
Alertas sin sanciones
Informes de las entidades vinculadas al proceso, quienes aseguraron ante el alto tribunal que siempre cumplieron su tarea, muestran cómo, en los últimos años, se han encontrado problemas en la infraestructura de las EBAR, sus tuberías y en el emisario submarino, así como del monitoreo marino.
Muestra de ello es que a pesar de alertas por parte de Corpamag, la empresa de servicio públicos de Santa Marta, Essmar no respondió a tres Informes de Cumplimiento Ambiental, y a pesar de estas omisiones, no se impusieron sanciones. Además de esto, se registraron vertimientos y fugas críticas al mar que fueron tratadas, de acuerdo con el tribunal, de manera “superficial”.
Uno de estos casos, se registró en 2023, en el que se realizaron vertimientos de aguas residuales en la bahía de Santa Marta, por problemas en la EBAR Norte. De acuerdo con los equipos de Invemar los vertimientos causaron que el agua estuviese por debajo los niveles aceptables, en un problema “histórico”.
En ese momento, se recomendó establecer un sistema de alerta —como un semáforo— para advertir a los turistas y evitar que ingresaran al mar en situaciones críticas. Sin embargo, la medida nunca fue implementada.
El Consejo de Estado también encontró que el Invemar no ha realizado estudios suficientes para estudiar el impacto del emisario submarino en especies como fitoplancton, zooplancton y fauna.
“Este aspecto es grave, pues cuando se agrega materia orgánica en un ecosistema marino, esto genera cambios en el plancton, claves en el balance de los procesos de los océanos, pero también permite el crecimiento de otras especies para las cuales ese ambiente es positivo. Es algo delicado, lo que puede pasar, y es un monitoreo que debe, en mi opinión, ser obligatorio”, explica Mancera, de la COI.
Por su parte, Esteban Gamboa, doctor en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional y miembro del Grupo de Investigación de Contaminación Marina, explica que “hay contaminación muy compleja de detectar como los metales pesados o los químicos asociados de los medicamentos que consumimos, procesamos y arrojamos al mar”.
Otro aspecto que complica la problemática es el estado del alcantarillado de Santa Marta. Los líos de la infraestructura se ven en las fallas de las bombas y la estaciones que procesan y dirigen el agua hacia el mar. Solo en el caso de la estación Norte, que registró entre enero de 2022 y marzo de 2023, 53 incidentes que afectaron su funcionamiento.
A esto se suma una situación que se ha vuelto paisaje en la ciudad: el rebosamiento del alcantarillado. Como puede ver en el mapa que acompaña estas páginas, este fenómeno afecta a casi toda la ciudad, y significa vertimientos de aguas residuales directamente al mar.
Para el secretario de Infraestructura de Santa Marta, Luis Felipe Gutiérrez, esto se debe a que el crecimiento de la ciudad no ha ido acompañado de la infraestructura necesaria, generando un “cóctel perfecto”, entre tuberías viejas y carga hidráulica excesiva, para el colapso de la red de alcantarillado de Santa Marta.
Según cifras oficiales, el 60 % del agua potable se desperdicia en Santa Marta por problema de infraestructura y, además, el tratamiento primario que se hace de las aguas solo cubre el 49 % de lo recibido por el sistema. Por su parte, cerca del 20 % de la población no cuenta, para empezar, con un sistema de alcantarillado.
Frente a esto, una de las inversiones más recientes para esta situación es un proyecto de 33.000 millones de pesos para modernizar la Ebar Norte (la principal de la ciudad), con recursos del Ministerio de Vivienda y el Distrito, con ocasión de los 500 años de la ciudad. Desde este diario intentamos comunicarnos con el Ministerio de Vivienda para abordar cómo esto mejorará esta problemática ambiental, o qué otros planes tienen para la ciudad en términos de saneamiento básico, pero no obtuvimos respuesta.
“Desde hace años se tenía contemplado la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), de la cual, a la fecha, no se sabe nada”, explica Moisés, biólogo de Santa Marta.
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Si bien la Alcaldía de Santa Marta tampoco respondió a las preguntas de este diario al cierre de esta edición, no hay mención de ello en el Plan de Desarrollo de la actual administración distrital, sino que se busca mejorar las Ebar ya existentes.
En su fallo,el Consejo de Estado ordenó a la Alcaldía de Santa Marta y a Corpomag realizar en un año un estudio para determinar los impactos en los ecosistemas y en la salud de los turistas y habitantes de la región. Estos serán evaluados por una comisión intersectorial que está aún por formarse.
¿Qué soluciones existen?
Como explica Gamboa, miembro del Grupo de Investigación de Contaminación Marina, los efectos de la falta de seguimiento se sienten en otras zonas del país.
“En la costa Pacífica se presentan casos similares, como es el de Buenaventura, que tampoco cuenta con PTAR, en las que se están afectando la capacidad de oxigenación de los ecosistemas, la presencia de especies de plancton, y otros factores que siguen siendo difíciles de medir”, explica Gamboa, de la Universidad Nacional, quien adelanta una investigación al respecto.
Para el investigador, una de las claves para mitigar estos procesos es que se construyan más PTAR en el país, tanto a nivel municipal, como en cada edificio. “Hay una gran responsabilidad por parte del sector inmobiliario y de los planes de ordenamiento para que cada vez menos arrojemos aguas residuales sin tratarlas. Y esto es todo el país, pues al final el agua de los ríos, donde se vierten los residuos de ciudades en el centro del país, llegan al mar”, sostiene.
Como indica Mancera, del COI, es clave, frente a estas problemáticas, que se avance en uno de los puntos del Acuerdo de Escazú, para que “los ciudadanos tengan acceso a datos abiertos y comprensibles sobre la contaminación de agua de uso, en este caso, recreativo, y pueda evitarse situaciones que afecten la seguridad de las personas”.
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Por Fernán Fortich
