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El miércoles 4 de mayo una expedición científica organizada por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá detectó algo extraño mientras llevaba a cabo sus actividades. Cuando se encontraba navegando por el océano, observó una embarcación con bandera colombiana que llevaba en su proa varias aletas de tiburón. Su nombre era Santa Bárbara II y su matrícula CP-01-2555-B. (Lea Encuentran una especie de coral que llevaba perdida más de 50 años)
Como lo cuenta la Fundación Marviva en un comunicado, ese barco estaba en el Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba (ARMCC), una zona protegida que recientemente fue ampliada por el Gobierno panameño. Aunque no se sabe con precisión cómo obtuvieron esas aletas, es posible que se trate de un nuevo caso de “aleteo”, una práctica que consiste en cortar las aletas del tiburón y devolver el cuerpo al mar.
Se trata de una actividad que está prohibida tanto en Colombia como en Panamá y que se ha convertido en una gran amenaza para los tiburones. Como lo habíamos contado en este artículo, se estima que, anualmente, más de 100 millones de tiburones son sacados del océano para el comercio de sus aletas y su carne.
La mayoría de esos productos van hacia Hong Kong, el mayor importador y exportador de aletas de tiburón. Un kilo de la aleta más preciada puede costar alrededor de US$1.000. Un solo plato de sopa de aleta de tiburón puede estar entre US$100 y US$300.
En este caso, Marviva, le pide al Ministerio de Ambiente de Colombia que, en coordinación con autoridades nacionales e internacionales con competencia en los espacios marinos y costeros, reúna toda la evidencia del caso y presenten la correspondiente denuncia ante sus contrapartes de Colombia y al Ministerio Público de Panamá”.
Les preocupa que esa actividad se esté presentando, justamente, en un área oceánica que “busca mejorar la conectividad del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) y fortalecer la conservación de las especies altamente migratorias y en peligro de extinción”.
“Sin un adecuado control de la pesca ilegal en estas áreas, su función como sitios de conservación de las especies marinas no será alcanzada. Nuestros países deben de seguir trabajando juntos, no solo para crear nuevas áreas protegidas, sino también, para vigilarlas y conservarlas”, añade la Fundación.