El 15 de mayo, el Gobierno le dio luz verde a una nueva mina de cobre a cielo abierto en Colombia. Se trata del proyecto El Alacrán, propiedad de la multinacional china JCHX Mining Management, que planea invertir alrededor de US 700 millones. La transición energética, que requiere de la producción de baterías, paneles solares y aerogeneradores, ha impulsado la demanda de este mineral y el país quiere estar en el mapa de los grandes productores de cobre en el mundo.
Durante más de 30 años solo se ha explotado una mina de cobre en Colombia. Se llama El Roble y está ubicada en El Carmen de Atrato, Chocó. Desde que empezó su operación, en 1987, ha extraído poco más de cinco millones de toneladas de minerales, principalmente cobre y oro. Mientras tanto, las reservas que estima El Alacrán, ubicado en Puerto Libertador, Córdoba, son de 97 millones de toneladas para una operación que durará 14 años. Su propósito será lograr el procesamiento de hasta 20.000 toneladas de cobre, oro y plata diariamente.
El Alacrán fue declarado como proyecto de “importancia nacional” por el Gobierno en 2018, en medio del impulso a la demanda de este mineral para la transición energética. Ese contexto “ha generado unas presiones en países como Colombia para impulsar este tipo de proyectos”, apunta Christian Torres Salcedo, coordinador del área de conflictos mineros de Censat Agua Viva, una organización que promueve la protección ambiental en lugares de explotación minera.
La aprobación del proyecto ya fue anunciada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), pero estuvo condicionada a “estrictas medidas socioeconómicas para las comunidades”. Se refieren a las medidas que impuso la licencia para proteger a las 400 familias que deben ser reubicadas a una vivienda digna y garantizando las condiciones económicas para este proceso. En la evaluación de la solicitud, se citó a un Consejo Técnico Consultivo compuesto por varias entidades y los principales institutos científicos del país.
“La ANLA activó este mecanismo debido a que el proyecto implica el reasentamiento de la población, el desvío de una fuente hídrica, requiere de un alto grado de especialización y tiene características de alta complejidad técnica, ambiental, social y económica”, según explicó la autoridad ambiental en un comunicado.
La decisión para darle vía libre al proyecto está contenida en un documento de más de 1.100 páginas. Allí se establecen varias medidas clave, como el reasentamiento de la vereda Mina El Alacrán, las condiciones para compensar los impactos ambientales de la actividad minera y la autorización de ocupar el cauce de al menos ocho quebradas.
Detrás de la decisión, sin embargo, hay varias advertencias del Servicio Geológico Colombiano (SGC) frente a falencias que tendría el estudio de impacto ambiental que presentó la empresa en su solicitud de licenciamiento. Aunque la compañía asegura que presentó estudios ajustados a los requisitos de la ANLA, el instituto científico advierte que, debido a los errores, podrían estar subestimando el riesgo de impacto ambiental que tiene la mina.
La historia minera de El Alacrán
Puerto Libertador ha sido, desde inicios de 1990, una zona de minería no titulada. En el mismo punto en el que ahora se desarrollará el proyecto de minería de cobre se ha explotado, desde entonces, oro de manera informal. Como hemos contado en El Espectador, la extracción no tecnificada de este mineral está vinculada al uso de mercurio, metilmercurio y a la contaminación de fuentes de agua, ecosistemas terrestres y suelos agrícolas.
Torres explica que con esta actividad, también han llegado “otras actividades económicas ilícitas” y, con estas, actores armados. Todo esto ha tenido como resultado una fuerte degradación ambiental en el territorio.
Una muestra de esto está en la Quebrada Valdés, una de las fuentes de agua que se encuentra en la zona y cuyo cauce será ocupado por el proyecto minero El Alacrán. Este cuerpo de agua “ha recibido durante 45 años impactos asociados a actividades de minería sin título, incluyendo presencia de sedimentos, sulfuros y de mercurio que actualmente afectan su calidad y la del río San Pedro. En los peces del área hemos evidenciado concentraciones de mercurio de hasta 852,81 microgramos por kilo”, dice CMH Colombia, filial de la multinacional china dueña del proyecto, en una respuesta escrita enviada por correo electrónico.
Los efectos de la minería también son evidentes en observaciones satelitales. En la plataforma Mapbiomas Colombia, que recopila información sobre la cobertura de bosque y las actividades que transforman el suelo en el país desde 1985, se puede apreciar la pérdida de cobertura de bosque y el crecimiento del área dedicada a la minería en la vereda El Alacrán.
Así ha cambiado el uso del suelo en El Alacrán desde 1985. En verde, la cobertura de bosque. En amarillo, los suelos dedicados al agro. En rojo, el área de explotación minera./ Mapbiomas Colombia
Debido a la complejidad de la zona en la que se encuentra El Alacrán y su historial de minería informal, la ANLA se tomó cerca de un año para analizar los documentos que presentó CMH Colombia como parte de su solicitud para explotar cobre en Córdoba. A finales de 2025, solicitó a varias entidades un concepto técnico sobre aspectos como el estado de los suelos y las fuentes de agua en la región debido a la minería informal, así como una evaluación de los estudios que hizo la compañía.
El Servicio Geológico Colombiano respondió a esa solicitud en varios documentos, enviados a la ANLA entre noviembre de 2025 y enero de 2026. Allí, la entidad analizó en detalle algunos de los estudios que hizo CMH Colombia para estimar el impacto de su proyecto en las fuentes de agua superficiales y subterráneas, así como el riesgo que existe por la acumulación histórica de desechos mineros en la región.
Las dudas del Servicio Geológico
Frente al análisis de los estudios asociados a las fuentes de agua, el SGC repite una idea en varias partes de los documentos. Insisten en que la empresa calificó como impermeables algunas de las rocas que se encuentran en el subsuelo de El Alacrán, a pesar de que no lo son.
Al referirse a un macizo rocoso estudiado por CMH, por ejemplo, el Servicio Geológico dice que “esta caracterización evidencia la configuración de un sistema de acuífero fracturado debido a la permeabilidad secundaria; sin embargo, el estudio no lo reconoce, y por el contrario clasifica estas rocas como acuífugas”.
Para entenderlo mejor, un acuífero es un suelo en el que se almacenan grandes cantidades de agua y se permite el paso de estas desde la superficie, generando una interacción entre las aguas subterráneas y las quebradas y ríos de la zona. En otras palabras, tiene un alto nivel de permeabilidad. Un acuífugo, por el contrario, es un suelo que no permite el almacenamiento ni el paso del agua, haciéndolo impermeable.
José Cabello, geólogo chileno que ha dedicado más de 20 años a estudiar la viabilidad de proyectos de minería de cobre y litio en uno de los países más productores de estos minerales, explica que “es muy difícil que haya rocas completamente impermeables”. Cuando se observa una roca de cerca, a nivel microscópico, “está compuesta de granos, no es compacta. Entonces, casi siempre contiene agua”, añade.
Para el Servicio Geológico, como se detalla en uno de los documentos, ese error en la caracterización del suelo como un acuífugo y no como un acuífero hace “posible que el área de influencia definida no muestre adecuadamente hasta dónde podría trascender el impacto del cambio en la disponibilidad de agua subterránea sobre el sistema hidrogeológico regional”. Su recomendación es que revisen y se amplíen los estudios que hizo la empresa para tener certeza sobre cuáles serán los impactos del proyecto en las fuentes de agua de Puerto Libertador.
El geólogo Cabello revisó con detenimiento los documentos que el SGC entregó a la ANLA y coincide en que “hay una valoración correcta de los errores del estudio y una preocupación genuina por el desarrollo del proyecto”.
Al consultar a la ANLA por la valoración de estas preocupaciones durante la evaluación para otorgar la licencia ambiental, la entidad explicó que realizó una reunión en la que solicitó información adicional a la empresa. Ese encuentro se realizó a mediados de 2025. De acuerdo con la autoridad ambiental, “a partir de la información presentada por la Solicitante, se identificaron y evaluaron los principales impactos esperados sobre el recurso hídrico y se establecieron las medidas de manejo, seguimiento y monitoreo orientadas a prevenir, controlar y verificar dichos impactos durante las diferentes fases del proyecto”.
Además, la entidad asegura que, con base en esa información, estableció obligaciones adicionales a la empresa para monitorear y actualizar los estudios de los componentes hidrológico e hidrogeológico, y que la ANLA estará a cargo de verificar la efectividad con la que se implementen esas medidas para prevenir impactos ambientales. Todo esto, reafirma la entidad, con base en la información que entregó la empresa.
Sin embargo, en uno de los documentos enviados por el Servicio Geológico a la ANLA el 27 de enero de 2026, meses después de la reunión de información adicional, el instituto científico insiste en que, justamente, la información presentada por la compañía tiene inconsistencias, errores y vacíos que hacen que no se esté evaluando correctamente el impacto que tendría el proyecto en las fuentes de agua.
Para el geólogo Cabello, “lo correcto sería que la empresa respondiera a los puntos que plantea el Servicio Geológico de manera suficiente, antes de que se evalúe si se otorga o no la licencia ambiental”.
“Lo que es claro es que el Proyecto contempla medidas concretas orientadas a la protección del recurso hídrico y el abastecimiento de las comunidades del área de influencia”, contesta por escrito CMH Colombia a El Espectador.
En otra respuesta a un primer cuestionario enviado en marzo, antes de la aprobación de la licencia, la empresa además había asegurado que sus estudios se ajustaban a los términos de referencia que establece la ANLA. Pero no se refieren puntualmente a los vacíos que señala el SGC.
Las medidas adicionales que requiere el proyecto
Otra de las consideraciones clave de la ANLA al otorgar la licencia ambiental al proyecto El Alacrán tiene que ver con los residuos mineros que se han acumulado durante más de 30 años de actividad informal. La presencia de mercurio, plomo y otros minerales en la tierra y las fuentes de agua es uno de los principales retos para la instalación de una nueva mina en la región.
En el estado actual del territorio, si no se implementara el proyecto, la licencia ambiental considera que hay un riesgo de liberación de metales si se presenta alguna alteración física o intervención humana. En el otro escenario que contempla la ANLA, con la aprobación de la construcción del proyecto, una de las responsabilidades que tiene la empresa es la de hacerse cargo de la remoción de esos contaminantes y hacer un monitoreo para garantizar que, durante el tiempo de operación de la mina, no se presenten eventos relacionados con la liberación de metales pesados.
En su respuesta escrita a este medio, la ANLA detalla varias de las obligaciones que impuso a la empresa como parte del licenciamiento ambiental. Estas incluyen la impermeabilización y el correcto manejo de la zona en la que se va a depositar la tierra que tiene que remover el proyecto para llegar al cobre.
“Para el manejo de los relaves del proceso de beneficio, así como los residuos mineros históricos producto de la minería sin título, el Proyecto contará con una infraestructura denominada Zona de Codisposición de Relaves y Estériles (ZCRE), diseñada para garantizar que estos flujos queden adecuadamente confinados. Sus condiciones de estabilidad e impermeabilización evitan que los materiales salgan al medio y minimizan las afectaciones que pudieran ocasionar”, explica la empresa por escrito.
Todo esto se basó también en los estudios que hizo la compañía para garantizar que el almacenamiento de ese material no afecte el suelo o las fuentes de agua. Sobre estos estudios, el Servicio Geológico también advirtió carencias de información y algunas fallas.
Por ejemplo, en el apartado de “Resultados del estudio de campo materiales de relleno para la construcción de la ZCRE”, la compañía explica cuáles son los materiales con los que va a construir los muros de esa zona de disposición de materiales. “En dicha caracterización no se mencionan ensayos para la determinación de las propiedades de resistencia de dichos materiales, por lo que se debe solicitar aclaración y complementación al respecto”, dice el SGC.
La ANLA, por su parte, asegura que en las medidas de manejo ambiental que se establecieron como obligación en la licencia ambiental “se presenta la manera como la Solicitante debe ejecutar la actividad de remoción y relocalización de estos materiales contaminantes hacia áreas de disposición que cuenten medidas de manejo y control geoquímico como el encapsulamiento en capas, encaminado a la prevención de la movilización y removilización de elementos potencialmente peligrosos en las aguas del área de influencia del proyecto y sea restaurada la capacidad funcional ecológica de los cuerpos que están siendo afectados actualmente”.
La compañía también explicó que la resolución de licenciamiento ambiental “es un documento técnico extenso, cuyo contenido es objeto de un análisis detallado por parte de la Compañía. Esto, con el fin de atender el alcance y obligaciones determinadas por la autoridad”.
Mientras tanto, la ANLA recordó que aún está abierto el período en el cual se pueden presentar recursos de reposición frente a la decisión de aprobar la licencia ambiental.
Si el proyecto sigue adelante, de acuerdo con CMH Colombia, esperan poder iniciar con las labores de reubicación de la población de la vereda Mina El Alacrán. Posterior a esto, iniciarían la construcción de la mina en 2027 y en 2029 empezarían a explotar los 97 millones de toneladas de cobre, oro y plata.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
