19 Jun 2021 - 1:52 a. m.

Las acciones pendientes para conservar los océanos en Colombia

Aunque en las últimas semanas se han hecho importantes anuncios para proteger nuestros océanos, Colombia tiene pendiente pasar de las declaraciones a las acciones para alcanzar la meta a 2030.

Hace diez días, durante la celebración del Día Mundial de los Océanos, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, entregó varios anuncios importantes en materia de protección de nuestros mares. Por un lado, aseguró que Colombia invertiría en los próximos cinco años más de $111.000 millones —provenientes de cooperación internacional— en la conservación de diversos ecosistemas costeros de varios departamentos. También aseguró que, desde su cartera, se trabajaría por mejorar la gestión marino-costera en el país, con la participación de Corporaciones Autónomas Regionales, institutos de investigación, academia y ONG.

Otro de los anuncios, tal vez el más importante, iba en línea con un compromiso que Colombia había anunciado desde hace algún tiempo: la adhesión a la Alianza Global por los Océanos, un pacto internacional en el que gobiernos, organizaciones internacionales, grupos de la sociedad civil y gremios privados se suman para proteger el 30 % del océano global para 2030. El pacto, además, busca generar estrategias para dar respuesta a problemáticas como la sobreexplotación pesquera, la degradación del entorno marino y la pérdida de biodiversidad.

En los últimos años se ha hecho visible la importancia (y la urgencia) de conservar nuestros océanos: sin ellos, la vida en la Tierra no podría existir. Producen el 50 % de oxígeno en el mundo, son fuente de alimentos y medicinas para miles de millones de personas, son el principal regulador climático del planeta y albergan el 80 % de la biodiversidad del mundo. La mala noticia es que los estamos acabando. Según la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), el 66 % de los océanos está deteriorado. Estamos extrayendo más del océano de lo que puede reponer. El 31 % de las poblaciones de peces está sobreexplotada, el 90 % de las especies marítimas de peces se han reducido y el 50 % de arrecifes están destruidos, según la ONU. Estas cifras han impulsado a la comunidad internacional a exigir acciones urgentes.

Una de esas, respaldada por varias investigaciones científicas, es la necesidad de conservar intacto el 30 % del océano. Uno de los estudios más completos y recientes, publicado en Nature, señalaba que al proteger ese porcentaje (en áreas identificadas como prioritarias) se podría salvaguardar más del 80 % de los hábitats de especies marinas en peligro de extinción, mientras que se aumentaban las capturas de pesca en el mundo en más de ocho millones de toneladas métricas.

Por eso, el anuncio de Colombia de sumarse a la alianza es una buena noticia, pero también deja en evidencia los retos que tiene el país para cumplir acciones y planes de manejo y conservación. Actualmente, por ejemplo, Colombia ha protegido apenas el 12 % de su área oceánica, y un escaso 3,8 % está altamente protegido. Como señalaba hace unos días en una cátedra de la Universidad Nacional el profesor Jaime Cantera, del departamento de Biología de la U. del Valle, quien participó en el grupo la Misión de Sabios sobre océanos y recursos hidrobiológicos, “aunque la normativa y la regulación que tenemos en mares y aguas continentales en Colombia es enorme, porque somos muy buenos haciendo leyes, es muy difícil llevarlas a la práctica”. Por eso, insistía, la normativa ayuda, pero no soluciona el problema sino va acompañada de acciones concretas.

Lo mismo asegura Viviana González, abogada y subdirectora del centro sociojurídico Siembra. “El anuncio es una buena noticia, pero lo importante es que se empiecen a tomar medidas y que los compromisos que se asuman internacionalmente se traduzcan en acciones concretas aquí en Colombia”. Para ella, esta vinculación también puede ser una forma de poner atención y materializar distintas demandas sociales de protección del océano que se están dando en el país desde las comunidades y no desde el Gobierno. La más conocida, tal vez, es la conservación del Golfo de Tribugá, pero hay muchas otras que llevan muchos años de procesos y litigios, que son menos conocidas y cuya implementación ha estado plagada de retrasos.

La lucha de los pescadores artesanales

En América Latina, la pesca de camarón es la segunda pesquería con mayor valor de exportación después del atún. En Colombia, su punto más importante está en el Pacífico, donde una pequeña flota industrial emplea la pesca de arrastre para recolectarlo. Lo grave es que, como su nombre lo indica, la pesca de arrastre acaba con el fondo marino y todo lo que vaya quedando a su paso, lo que implica graves impactos en la biodiversidad, el ecosistema y la liberación de carbono de los fondos marinos al agua. Según la FAO, con la pesca de arrastre de camarón, la cantidad de fauna acompañante (o pesca incidental) puede llegar a ser hasta 25 veces superior a la cantidad de camarón recolectado. La de atún no es menos grave. Las mallas que usan tienen muy poca selectividad, y caen otras especies como delfines, tortugas o atunes que no tienen las tallas de madurez necesarias. El proceso de deterioro es intensivo y acelerado.

“Los pescadores artesanales en el Pacífico chocoano norte, principalmente en los municipios de Bahía Solano y Juradó, empezaron a articularse con sus autoridades étnicas y consejos comunitarios para proteger la biodiversidad y compensar las disparidades entre el sector industrial y el artesanal”, asegura González, quien ha acompañado un largo proceso con las comunidades. El objetivo, más allá de no permitir la pesca industrial, era limitarla, para que no se vieran afectadas las poblaciones que viven de la pesca y los ecosistemas marinos.

El proceso inició en 2008 con la petición de una Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA), en las primeras 2,5 millas náuticas, que permitiera tener una especie de reserva en la que solo se pudiera pescar con unas artes de pesca específicas. Luego de muchos años de litigio y tras una acción popular, quedó oficializada la ZEPA, y el tribunal pidió al Gobierno, al sector ambiental y pesquero implementar medidas de control y manejo de esos impactos. También se estableció generar una mesa de negociación para ampliar la ZEPA a otros municipios de la costa, hacer un ordenamiento pesquero y mejorar la vigilancia de la pesquería industrial y artesanal. Aunque el Ministerio de Ambiente apeló, asegurando que esas eran unas medidas que no eran de su competencia, el fallo en segunda instancia, que fue en agosto de 2020, confirmó la sentencia y adicionó la orden de generar una mesa interinstitucional para coordinar la implementación. Si bien se ha iniciado la puesta en marcha de las órdenes, asegura González, “es necesario que las instituciones aceleren la implementación, porque las respuestas no han sido las deseadas, se ha ralentizado el proceso y el tiempo sigue corriendo; podrían entrar en un desacato”.

Para González, el anuncio del Minambiente también hace necesario que se escuche a las comunidades locales. “Es como si se escuchara los escenarios hacia afuera, pero se les diera la espalda a las solicitudes o reclamos que se hacen desde los propios territorios, de quienes viven ahí día a día los impactos”, asegura. “Genial que se establezcan esos compromisos, pero si se escucharan los procesos locales, seguro iríamos más avanzados en la conservación de nuestros océanos”.

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