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En junio de 2022, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, celebrada en Lisboa, Portugal, el entonces presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, reveló que el país había alcanzado el objetivo de proteger el 30 % de sus océanos. El anuncio se produjo ocho años antes de la fecha límite establecida en la Meta 3 del Marco Mundial de Kunming-Montreal para la Diversidad Biológica, también conocida como la meta 30x30, que busca garantizar que «al menos el 30 % de las áreas terrestres, continentales, costeras y marinas (...) se conserven y gestionen de manera eficaz mediante sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativas (...)».
Según Protected Planet, la fuente autorizada de datos sobre áreas protegidas en todo el mundo, hasta octubre de este año, 299.399 km² de las áreas marinas y costeras de Colombia han sido designadas como Áreas Marinas Protegidas (AMP). Esto corresponde al 41,11 % de los mares y costas de Colombia.
Sin embargo, como señala el Marco Mundial para la Diversidad Biológica y enfatizan organizaciones como el Marine Conservation Institute, el objetivo pretende ir más allá del simple porcentaje: el nivel de protección que se le brinde a las AMP debe ser suficiente para preservar la biodiversidad. Y en Colombia, según datos de la Guía de AMP, solo el 6,7 % está total o altamente protegido.
Una de las actividades que pone a prueba dicha protección es la pesca ilegal. En Seaflower, la AMP más grande del Caribe colombiano, esta situación preocupa a los habitantes y a las autoridades, pues es posible encontrar pescadores extranjeros violando las reglas de Colombia, así como pescadores colombianos adelantando sus faenas en zonas que están excluidas de esta actividad. Los siguientes mapas ubican la AMP y presentan su zonificación.
“Antes había mucho más producto, porque cuando uno iba a los cayos no había nada de nicaragüenses u hondureños. Pero últimamente uno se encuentra bastantes lanchas de estos países y ahí mismo, donde uno bucea a pulmón libre, ellos están buceando con compresor”, relata Rolando Taylor (34 años), pescador raizal de Providencia, una de las dos islas —junto a San Andrés— que se encuentra al interior del AMP.
La denuncia de Taylor es respaldada por Nacor Bolaños Cubillos, biólogo marino y coordinador de las áreas protegidas de Coralina, la autoridad ambiental del archipiélago. En el marco de las investigaciones científicas que se emprenden, “casi siempre que uno sale al mar se encuentra embarcaciones que no son colombianas pescando en aguas que son nuestras con artes de pesca que en Colombia no están permitidas”, apunta Bolaños, en referencia, entre otras, al buceo con compresor.
Con esta técnica, los pescadores pueden pasar más tiempo sumergidos, lo que aumenta la presión sobre las especies, además de incrementar los riesgos para la seguridad de los buzos, como la descompresión, la narcosis por nitrógeno, la intoxicación por monóxido de carbono, entre otras, según señala un informe técnico realizado por la organización peruana Redes SP, en 2023.
Aunque la pesca ilegal adelantada por extranjeros que ingresan sin permisos al AMP de Seaflower ha sido “persistente en el área durante mucho tiempo”, en los últimos años la actividad “ha aumentado”, menciona César Gómez, capitán de navío y jefe del Estado Mayor del Comando Específico de San Andrés y Providencia (CESYP), de la Armada de Colombia, quien está a cargo de enfrentar este delito.
Según el Código Penal colombiano, la pesca ilegal se entiende como “el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en épocas vedadas, o en zona prohibida”.
Un estudio, publicado a mediados de este año por investigadoras de la Armada Nacional, también destaca la ocurrencia de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) en AMPs como Seaflower, en el Caribe, y el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo, en el Pacífico.
Al panorama de la pesca ilegal en Seaflower, definida por la FAO como aquella “realizada por buques nacionales o extranjeros en aguas bajo jurisdicción de un Estado, sin el permiso de este o contraviniendo su legislación”, se le suma la adelantada por colombianos, sean industriales o artesanales, en zonas donde cualquier tipo de extracción está prohibida. Eso sí, advierte Bolaños, la intensidad y el impacto de la pesca ilegal en la que incurren estos últimos es mucho menor a la de los industriales y los extranjeros.
Por eso, el caso de Seaflower, con 62.141 km², es preocupante a ojos de científicos y ciudadanos, ya que alberga el tercer arrecife de coral de importancia mundial, el cual es especialmente sensible a la pesca ilegal, pues esta actividad agota especies de los arrecifes, lo que conduce a su degradación.
Aunque Seaflower se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Seaflower, declarada como tal por la UNESCO en 2000, Nacor Bolaños, el biólogo de la autoridad ambiental del archipiélago, afirma que, según la normativa colombiana, las reservas de la biosfera son meramente una formalidad, “eso es prácticamente un saludo a la bandera, no son consideradas áreas protegidas”. De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, las distinciones internacionales, como las reservas de la biosfera, “no son categorías de manejo de áreas protegidas, sino estrategias complementarias para la conservación de la diversidad biológica”.
En Colombia, continúa Nacor Bolaños, lo que importan son las áreas protegidas designadas a nivel nacional o subnacional, como el AMP de Seaflower, declarada en 2005 por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con participación de las comunidades raizales.
Las múltiples caras de una actividad ilegal
Entre 2008 y 2025, en el AMP de Seaflower las autoridades incautaron 81.176 kilogramos de pesca ilegal, según datos que la Secretaría de Agricultura y Pesca Departamental y la Armada Nacional entregaron a este diario. Del total, el 67,26 %, lo que se traduce en 54.595 kg, se incautaron a embarcaciones extranjeras. Había cinco provenientes de Nicaragua y cinco de Honduras; cuatro de Jamaica; y dos más de República Dominicana y Sierra Leona.
Pero los datos recibidos tienen varias limitaciones. Mientras la información que facilitó la Secretaría y que abarca un periodo de 18 años tiene un vacío de seis años no continuos, los de la Armada se limitan a los últimos tres años. (Ver gráfica)
Los datos, aunque incompletos, sirven para dimensionar el impacto de la pesca ilegal que extranjeros efectúan en Seaflower.
Para Erlid Arroyo, pescador artesanal de San Andrés y Providencia, la situación se agravó hacia 2012. Ese año, en el marco de una disputa limítrofe, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Colombia mantendría la soberanía sobre las islas del archipiélago, pero perdería casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar, donde buena parte de los pescadores raizales e industriales adelantaban sus faenas de pesca.
“Lo que ha agravado todo esto es esa pelea que se tuvo del mar, en la que Colombia, de alguna manera u otra, perdió. Los nicaragüenses y hondureños cada vez más lo hacen con mayor convencimiento, por decirlo así”, continúa Erlid Arroyo, de la Asociación de Pescadores I-Fish, de la que también hace parte Rolando Taylor. De acuerdo con los pescadores, en cayos como Quitasueño, es cada vez más común ver embarcaciones extranjeras pescando con compresor, como denuncia Taylor.
Ante la falta de estadísticas más robustas, la Armada señala que, de las 77 personas capturadas por este “delito” o “falta” en los últimos tres años, 68 eran nicaragüenses, siete eran colombianos y dos hondureños. Si bien las personas capturadas pueden enfrentar penas de prisión de entre cuatro y nueve años, así como multas de entre 48.000 dólares y más de 18 millones de dólares, uno de los problemas, a los ojos de la Armada, es el bajo enjuiciamiento de los infractores. En el caso de Seaflower, la marina estima que menos del 10 % de los capturados han recibido una sanción, según le dijeron a este diario.
Esta es una situación que se repite a lo largo del país. De acuerdo con un informe del Ministerio de Justicia publicado este año, “la pesca ilegal representa un delito de baja incidencia en términos de privación de libertad en modalidad intramural”, aunque no ahonda en las razones detrás de esta tendencia.
Colombianos y raizales también pescan ilegalmente
El restante 32,74% de pesca ilegal incautada entre 2018 y 2025 y que equivale a 26.851 kg, le fueron encontrados a 15 embarcaciones colombianas, de las cuales 12 eran industriales y tres artesanales. La pesca ilegal de las embarcaciones nacionales ocurre cuando los pescadores adelantan sus faenas en zonas excluidas de esta actividad o en periodos de veda. (Ver mapa de la zonificación de tres de los bancos más importantes para la pesca en la AMP de Seaflower).
En cuanto a la pesca ilegal que efectúan personas colombianas, es importante hacer la distinción entre industriales y raizales, porque, históricamente, los raizales han exigido que en el archipiélago solo a ellos y a los residentes permanentes se les permita pescar, cerrándole la puerta a la pesca industrial, que suele emplear a pescadores de otras regiones del país.
Aunque en 2023, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), emitió una resolución respaldando la solicitud de los raizales, a inicios de este año, la autoridad raizal del archipiélago publicó un decreto (que no es vinculante jurídicamente) adjudicándose la regulación de la pesca, debido a que, según ellos, la normativa sigue siendo incumplida por las autoridades de la isla.
Christian Harvey, secretario de Agricultura y Pesca del departamento, le dijo a este diario que el gobierno departamental sí autoriza en el archipiélago la pesca de estas embarcaciones industriales y de personas de otras regiones de Colombia, por las distancias a las que se encuentran algunos cayos y porque “nadie más ejerce esa labor”.
El impacto ambiental de la pesca ilegal
El caracol pala (Lobatus gigas) y la langosta espinosa (Panulirus argus) concentran el grueso de las principales especies objeto de la pesca ilegal, como puede ver en la tabla a continuación. La tercera especie más capturada ilegalmente es el pez loro (Scaridae), cuya pesca está prohibida en el país desde julio de 2019.
“La sobrepesca y la explotación descontrolada de los recursos han puesto en riesgo la biodiversidad marina del archipiélago. Específicamente, la captura indiscriminada de tiburones, langostas, caracol pala y otras especies clave han llevado a un deterioro progresivo de los ecosistemas coralinos y arrecifales”, describe Coralina en un informe técnico presentado a la Armada a inicios de este año, luego de que esta interceptara a 32 hondureños que pescaban de manera ilegal en aguas colombianas.
En Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y con las categorías de la Lista Roja propuestas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la categoría de amenaza para el caracol pala y la langosta espinosa es Vulnerable. Ambas especies se encuentran en esta categoría por su captura indiscriminada, la cual ha reducido su población, afectando el equilibrio del ecosistema marino.
Si bien la presencia del caracol pala y la langosta espinosa en Seaflower es un indicador de la salud y biodiversidad de los arrecifes, a científicos como Bolaños, de Coralina, les preocupa lo que sucede con los peces loro. Según explica el biólogo, este pez “come algas, las que compiten con los corales por los mismos recursos, como la luz”. La ecuación es simple: “si tengo el pez, me ayuda a proteger a los corales”. Y como ya se ha mencionado, esta AMP alberga el 77 % de los arrecifes de coral del país y, junto al resto del departamento, completan el 91 % del área coralina de Colombia.
Los retos de conservar una AMP van más allá de los datos
Proteger un área extensa como las que usualmente abarcan las AMP es complejo, dice Gómez, quien asegura que la Armada tiene desplegados hombres en los cinco bancos y cayos al interior de Seaflower. No obstante, este capitán de navío advierte que los puestos destacados carecen de embarcaciones y, por lo tanto, permanecen en tierra. Para las labores de patrullaje en toda el área, la Armada contaría solamente con una fragata (un buque de guerra). Pero él se niega a indicar el número preciso de hombres armados “por temas operacionales”. La fragata, y algunas lanchas rápidas, se desplazan a los cayos cuando hay denuncias de los pescadores o cuando se detecta alguna embarcación mediante plataformas como Skylight.
A los ojos de Bolaños, el coordinador de las AMP del departamento, esta es una de las principales limitaciones para enfrentar la pesca ilegal, pues, la Armada solo cuenta con una gran embarcación para patrullar. Esta denuncia, respaldada por pescadores como Taylor y Arroyo, es negada por el capitán Gómez, quien se niega a revelar cuántas embarcaciones patrullan Seaflower. Él se limita a asegurar que “son las suficientes para lo que tenemos en el área”, haciendo alusión, además, a la problemática del narcotráfico, que persiste en la zona.
Seaflower también es una ruta de salida o paso para traficantes de droga y según los raizales, para la Armada es más llamativo interceptar estas lanchas que a pescadores ilegales. Quizás es por ello que, mientras todas las fuentes consultadas, incluyendo la Armada, reconocen que la pesca ilegal va en aumento en el área protegida, las incautaciones han disminuido ostensiblemente en los últimos años: de 3.753 kilogramos en 2023, a 1.301 en 2024 y, en lo corrido de 2025, van tan solo 394.
Para el capitán Gómez, la razón es distinta: la “dinámica de la pesca ilegal ha cambiado”. Ahora, advierte, las embarcaciones utilizan métodos más evasivos, navegan sin activar los sistemas de identificación y siguen rutas menos previsibles. Aunque desde agosto de este año, Colombia hace parte del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del Puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el cual obliga a sus Estados parte a cooperar e intercambiar información para combatir estas actividades ilícitas, el capitán reconoce que no existe articulación específica con Nicaragua, Honduras, Jamaica, ni los otros cinco países vecinos, para enfrentar la situación. Este tratado es el primero centrado en la pesca INDNR.
Los caminos a futuro
Todas las personas consultadas coinciden en un punto que consideran clave: la contención de la pesca ilegal debe pasar por una articulación entre las autoridades de los países de la región. El paso más contundente en esta línea surgió de una iniciativa de la sociedad civil y la comunidad raizal que en los últimos años ha acumulado apoyo político. Se trata de la propuesta de creación de la Reserva de Biosfera Transfronteriza del Caribe Suroccidental, que toma de base la reserva de la Biosfera de Seaflower, y propone conservar 500.000 kilómetros cuadrados a lo largo de seis países del Caribe: Colombia, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá.
Aunque en Colombia, las reservas de Biosfera no son categorías de manejo de áreas protegidas, las comunidades esperan que se convierta en un espacio de coordinación y cooperación entre países.
En octubre del año pasado, los seis países citados firmaron un documento que formaliza el inicio de un camino cuyo resultado, esperan, sea la declaratoria de la reserva de la biosfera marina transfronteriza más grande del mundo por parte de la UNESCO.
Mientras se recorre este proceso, los pescadores de iFish reclaman mayor inversión en tecnología para sus embarcaciones. El capitán Gómez reconoce que más dinero “siempre va a faltar”. Sin embargo, los involucrados reconocen que sería imposible tener una presencia constante en todas las zonas donde se adelanta la pesca ilegal. Por eso, apunta Bolaños, de Coralina, el fortalecimiento debería estar encaminado para ambos actores. Esta articulación es clave, a los ojos de Arroyo, porque los pescadores artesanales, como él, “haciendo nuestras faenas de pesca, ya estamos haciendo posesión sobre un espacio en el que nadie está”.
*Este reportaje se produjo con el apoyo de Internews’ Earth Journalism Network.
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