Este sábado 21 de junio, en el Diario Oficial de la República se publicó una resolución que estaban esperando buena parte de los habitantes del suroeste antioqueño y, particularmente, en Jericó. (Para más contexto: Todos a la espera de la medida que detendría la minería de cobre en Jericó… ¿O no?)
Se trata de la resolución 0855 de 2025 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, como contamos en esta nota, se esperaba desde hace algunos días, pues en ella la cartera declara una zona de reserva de recursos naturales renovables de carácter temporal en seis municipios del suroeste antioqueño (Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada), que abarcará más de 37.000 hectáreas.
Con esta medida, el Estado tiene tres años (prorrogables por otros dos) para llevar a cabo estudios en profundidad que permitan determinar en qué zonas de esta región se pueden adelantar proyectos mineros y en qué otras zonas no.
En Jericó, varios campesinos, pobladores y organizaciones sociales esperaban que la zona de reserva temporal frenara, temporalmente, el proyecto minero que pretende desarrollar la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti en las montañas de Jericó desde 2007.
Minera de Cobre Quebradona, filial de la multinacional, pretende extraer cerca de cinco millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y otros minerales. La empresa todavía se encuentra en fase de exploración, luego de que en octubre de 2021 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le archivara la solicitud de licencia ambiental, tras advertir distintas falencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Sin embargo, para los habitantes de Jericó y Támesis (zona de influencia del proyecto) no era claro cuáles iban a ser las implicaciones de la zona de reserva temporal para el proyecto minero. De hecho, la misma empresa, consultada por este diario, tampoco lo tenía claro y aseguró que “hasta tanto no se expida dicha medida, no se podrán determinar los impactos concretos sobre la compañía y otros actores que dependen de este proyecto”.
Aunque El Espectador buscó al Ministerio de Ambiente y a la Agencia Nacional de Minería para conocer cuáles serían los impactos para el proyecto de cobre, no obtuvimos respuesta.
Pero la resolución aclara las dudas que tenían pobladores, campesinos e incluso la multinacional. A diferencia del proyecto que se socializó en la región a inicios de junio, en la resolución publicada se aclara que “en la etapa de exploración, las solicitudes de modificación de los permisos, autorizaciones o concesiones, o su prorroga, serán procedentes en vigencia de la reserva”.
Este parágrafo, del artículo 3, cobija a la empresa, pues se encuentra en la tercera prórroga de la fase de exploración. A mediados de diciembre de este año vence la actual prórroga, por lo cual la multinacional deberá solicitar la cuarta y última ante la Agencia Nacional de Minería. Bajo este parágrafo, la empresa no tendrá ninguna limitación para solicitarla.
Mientras esté vigente la zona de reserva de recursos naturales renovables de carácter temporal, las autoridades mineras no podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración ni de explotación, ni nuevos permisos o licencias para la exploración o explotación de minerales.
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