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Hidroituango pasará a la historia de Colombia como uno de los mayores errores de ingeniería que terminó en desastre tanto para el río Cauca como para las más de 4.000 personas desplazadas tras el colapso parcial de la obra en el 2018, según cálculos del Movimiento Ríos Vivos.
A pesar de la magnitud del desastre, el cual hubiese podido evitarse con una adecuada planeación, parece que los promotores de proyectos hidroeléctricos en Colombia no han aprendido la lección: la improvisación continúa siendo su método. (Le puede interesar: Los efectos de las hidroeléctricas en Colombia más allá de Hidroituango)
En el caso del departamento de Caldas, el proyecto Miel II, que busca intervenir la parte alta de la cuenca del río La Miel, continúa con el mismo patrón observado en Hidroituango: se toman decisiones improvisadas por la premura del tiempo, mientras se ignoran los posibles efectos negativos advertidos por las comunidades que conocen el territorio y sus particularidades.
En comparación con Hidroituango, Miel II tendría una dimensión menor porque no requiere la construcción de un embalse. Sin embargo, los habitantes del oriente de Caldas han protestado contra su construcción, a través de movimientos como la Alianza Abrazo al Río la Miel y el Movimiento Ambiental Campesino del Oriente de Caldas – MACO. (Lea también: Colombia podría aprovechar mejor su energía hidroeléctrica)
Su oposición se fundamenta en el cuidado del agua, la cultura campesina y la permanencia de las generaciones futuras en el territorio. Tras los efectos de otros proyectos hidroeléctricos en las fuentes hídricas de la región, sus habitantes temen por un nueva intervención.
Estado actual de La Miel II
Aunque la hidroeléctrica Miel II cuenta con licencia ambiental desde el año 1994 (modificada en el 2010), su construcción se ha retrasado por la falta de un socio estratégico. Lo sorprendente -y cuestionable- es que, a pesar de no contar con un socio inversor, en el año 2018, Inficaldas y la Promotora Energética del Centro decidieron presentarse a una subasta de cargo por confiabilidad, en la cual se comprometieron a que Miel II suministraría energía a partir del 1 de diciembre de 2022. La presentación de tal oferta, requirió la constitución de una garantía bancaría por 3.600 millones de pesos.
En un debate de control político en la Asamblea de Caldas (ver desde 1:53:39), se reveló que los directivos de la Promotora e Inficaldas tomaron esta decisión ignorando las advertencias sobre el alto riesgo que implicaba presentarse sin un socio estratégico. Actualmente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas declaró el incumplimiento grave a insalvable de Miel II y aún no está claro quién asumirá la responsabilidad fiscal.
Lo que preocupa, es que el argumento de la necesidad de cumplir las obligaciones legales y recuperar los recursos invertidos, sacrifica la posibilidad de dar un debate de fondo sobre la conveniencia y legitimidad social del proyecto Miel II. (Le sugerimos: El cambio climático influyó en la lluvia de los huracanes en 2020)
Los posibles efectos en el territorio de La Miel II
Miel II se ha presentado como un proyecto de energía limpia, que no generará altos impactos ambientales y no requerirá la adquisición de muchos predios. Sin embargo, tales afirmaciones, parecen estar más relacionadas con el plan de mercado del proyecto que con evidencia técnica y científica.
En la actualidad, hay una alta incertidumbre sobre los efectos de hidroeléctricas a filo de agua (run-of-the-river en inglés). Al respecto, un estudio científico publicado en ‘Water and Environment Journal’ en 2015, sugiere que, considerando la evidencia disponible, este tipo hidroeléctricas, pueden afectar la disponibilidad del hábitat, la estructura de las comunidades biológicas, y tienen el potencial de afectar el transporte de sedimentos y la migración de peces a escalas espaciales y temporales más grandes, particularmente si hay múltiples intervenciones en el río (como en el caso del río La Miel).
Los argumentos de la Promotora sobre los ‘efectos mínimos’ de Miel II sobre el río, reflejan un desconocimiento de los impactos sistémicos que tiene la construcción de una hidroeléctrica. Ya eso se ha estudiado y aprendido en Colombia. Investigadores colombianos e internacionales han explicado que la planeación y la medición de los efectos de un proyecto hidroeléctrico no pueden realizarse de manera aislada, sino considerando todas las intervenciones a la cuenca; especialmente en relación con el transporte de sedimentos y la migración de peces. Hay que entender al río La Miel como una parte del gran corazón de la macrocuenca Magdalena-Cauca, la más importante del país.
La urgencia de adoptar una visión integral para establecer los efectos de hidroeléctricas es particularmente apremiante en el caso del río La Miel. Su cuenca ha sido muy intervenida con preocupantes efectos. Por un lado, en la cuenca baja se construyó en 1995 la hidroeléctrica Miel I, cuya capacidad de producción fue ampliada con los trasvases de los ríos Guarinó (2010) y Manso (2013). En el caso del último trasvase, tanto la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como el Ministerio de Ambiente determinaron que el inicio de operaciones afectó los nacimientos de agua. Específicamente, fueron impactadas 22 quebradas, de las cuales 18 quedaron totalmente secas. Campesinos y campesinas de Norcasia y Samaná se vieron seriamente afectados por la disminución del agua, líquido vital para sus actividades diarias y productivas.
Además, en la parte alta de la cuenca, entre Pensilvania y Manzanares, en el 2012 comenzó la construcción de la hidroeléctrica a filo de agua ‘El Edén’. Esta infraestructura también ha encontrado una gran oposición social. La razón es, nuevamente, la desaparición de los nacimientos de agua, la cual ha afectado principalmente a los habitantes del corregimiento de Bolivia, quienes advierten la sequía de 19 quebradas por la filtración de agua en los túneles de la obra.
En relación con el número de predios que se verán afectados por Miel II; aunque la Promotora afirma que solo comprará 28 hectáreas de terreno, esta cifra es engañosa. La razón es que no incluye las obras complementarias requeridas para conectar la hidroeléctrica al sistema de transmisión nacional. Al respecto, el Gerente de la Promotora explicó en debate de la Asamblea de Caldas (ver desde 32:00), que se construirá un alimentador que requiere una licencia ambiental adicional, y aunque aún no cuenta con diseños, se prevé que atravesará 30 kilómetros e impactará alrededor de 200 predios. Además, es innegable, que las transformaciones económicas que generan estas hidroeléctricas también impactan el uso del suelo a largo plazo. Un efecto dominó que la planeación miope aún no reconoce en sus proyecciones.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la energía que eventualmente produciría Miel II no es tan limpia ni tan amigable con el ambiente como plantea la Promotora.
Si el río suena
La Miel II es un proyecto en el cual se ha invertido una gran cantidad dinero en estudios y garantías bancarias sin atender al principio de planeación. Lo paradójico del asunto, es que precisamente esas inversiones improvisadas terminan siendo uno de los argumentos centrales para sostener la necesidad de continuidad del proyecto ¿cómo desistir cuando hemos invertido tanto dinero en estudios y garantías? ¿cómo vamos a responder por las obligaciones que se han contraído?
Aunque tales preguntas son necesarias, no deberían prevalecer frente a la posibilidad de un debate de fondo sobre Miel II: un proyecto pensado en los 90′s, en un contexto muy diferente al actual. Frente a crisis globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el aumento de las sequías, la tendencia mundial es transitar hacia otras fuentes de energía como la solar y la eólica, lo cual arroja pistas para entender por qué ha sido tan difícil encontrarle un socio estratégico a Miel II.
La conveniencia de los proyectos hidroeléctricos no debe tomarse por sentada y debe ser analizada cuidadosamente. En el caso de Miel II, más allá de la recuperación los recursos invertidos en estudios y garantías bancarias, es difícil encontrar argumentos para justificar su construcción. Ante el rechazo de la comunidad y la fallas de planeación que ha presentado el proyecto, quedan dos preguntas para los tomadores de decisiones en Caldas: ¿Quieren repetir los errores de Hidroituango? ¿Vale la pena poner en riesgo el agua y la seguridad alimentaria de los habitantes de Caldas? Esperemos que su respuesta a ambos interrogantes sea negativa.