El Páramo de Santurbán cuenta con una nueva medida de protección. El 21 de julio, el Tribunal Administrativo de Santander reconoció a este ecosistema, ubicado entre Santander y Norte de Santander, como sujeto de derechos. Eso quiere decir que, entre otras cosas, Santurbán deberá gozar de una protección prioritaria por parte del Estado y las comunidades que lo habitan, con el fin de garantizar su conservación, mantenimiento y restauración.
La decisión se tomó luego de que los magistrados Iván Fernando Prada Macías (ponente) y Julio Edisson Ramos Salazar, analizaran dos demandas interpuestas hace cinco y siete años. Como resultado, determinaron que el páramo enfrenta una amenaza estructural grave, persistente y con múltiples causas, provocada por actividades como la minería (legal e ilegal), la expansión agropecuaria no planificada, la contaminación hídrica y la fragmentación del hábitat, según se lee en la sentencia.
Por esto, entre las órdenes del tribunal está prohibir la minería en el Páramo y controlar toda actividad que dañe el agua o la biodiversidad; diseñar e implementar alternativas laborales sostenibles para las familias que viven en esta zona; y crear una estrategia conjunta con la Fuerza Pública para erradicar la minería ilegal. Esto le corresponderá a entidades como el Ministerio de Ambiente y las corporaciones ambientales de Bucaramanga (CDMB) y Norte de Santander (Corponor).
“Estas medidas no son solo para Santurbán, sino también para sus ecosistemas adyacentes, es decir, los bosques andinos y altoandinos, que tienen un papel muy importante en la regulación hídrica. Esto plantea el debate de qué Santurbán se debe proteger de manera integral”, menciona Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
Para esto, una de las tareas que deberán cumplir el Minambiente, la CDMB, Corponor y Bucaramanga dentro de los próximos tres meses, es identificar las zonas de transición de importancia ecológica o estratégica para conservar el recurso hídrico, teniendo en cuenta que, este páramo abastece de agua a 2,3 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander.
También ordena a esas mismas entidades, y a los municipios de Vetas, California y Suratá, coordinar y adoptar en un plazo no superior a seis meses, un “Plan de Protección Reforzada del Ecosistema del Páramo de Santurbán, con un enfoque en derechos, justicia ambiental y participación de comunidades”.
Aunque la decisión fue celebrada por grupos ambientalistas de Bucaramanga y el país, varios habitantes del páramo, por su parte, expresaron su descontento con la sentencia. Uno de los puntos en los que no están de acuerdo es en el plazo que determina el fallo para que Vetas, California y Suratá ajusten sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), para que se excluyan del desarrollo urbano, agropecuario o minero todas las áreas delimitadas como páramo.
“Es un poco absurdo que la sentencia les dé seis meses a los alcaldes para que tomen medidas de protección, cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional (T-361) que obliga al Ministerio de Ambiente a hacer una nueva delimitación y a garantizar la protección del Páramo, que lleva ocho años en proceso. Le están pidiendo a los alcaldes que hagan en seis meses, lo que el Ministerio no ha podido hacer en ocho años”, dice Fabio Maldonado, director de Consotonorte, agremiación de empresarios, mineros, agricultores, ganaderos, campesinos y organizaciones de la provincia Soto Norte, en Santander.
Cambiar de oficio
El otro punto que genera discordia son las prohibiciones. La sentencia ordena que, en zona de páramo, no se pueden realizar actividades de minería o de hidrocarburos, lo que implica el desarrollo de las actividades de exploración y explotación, agricultura extensiva con uso de agroquímicos y monocultivos, ganadería intensiva, y toda construcción que altere significativamente la geomorfología del páramo o fragmente su conectividad ecológica, como represas, autopistas o grandes obras de infraestructura, salvo que se trate de infraestructura menor, con licencia ambiental rigurosa y justificación de interés público.
En lugar de esto, propone que haya una reconversión de actividades. Por ejemplo, que se implementen prácticas sostenibles en los cultivos, que haya más viveros comunitarios y producción de especies nativas, con el fin de apoyar procesos de restauración ecológica, o que se incentive el turismo sostenible.
Sin embargo, para los campesinos del páramo esto no es tan fácil como se plantea. Pablo Anaya Cuadros, habitante de Santurbán, en el municipio de Tona, y líder campesino, menciona que es un proceso difícil. “Nosotros ya sabemos qué es lo que se produce en nuestros terrenos, (papa, cebolla, cilantro, lechería, ovejas). Al cambiar nuestro sistema de producción, lógicamente vamos a fracasar. Nosotros producimos el sustento de nuestros campesinos y también surtimos a los mercados en Bucaramanga, la costa, parte de Venezuela y Arauca”.
Una opinión similar comparte Edgar Ochoa, vicepresidente de la Asojuntas Charta, otro de los municipios que hace parte de Santurbán. “Los campesinos en este sector no tienen ni la formación, ni el interés de realizar otro tipo de actividades, especialmente porque son personas de edad y tienen un arraigo con las actividades que realizan”.
Para López, del Comité para la Defensa, ese es justamente uno de los retos. Por eso, destaca la importancia de una inversión estatal “para hacer capacitaciones que permitan una transición a, por ejemplo, cultivar alimentos sin utilizar agroquímicos, venenos o pesticidas, y en el caso de la minería, plantear alternativas económicas para esta población que vayan acordes con la protección”.
Santurbán, otro ecosistema sujeto de derechos en Colombia
En el país, este páramo no es el primero en ser reconocido como sujeto de derechos. Esta figura empezó a sonar en 2016, cuando la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como tal. Desde entonces, diferentes tribunales, juzgados y cortes han hecho lo mismo con otros ecosistemas como la Amazonía (STC4360 de 2018), el páramo de Pisba en 2018 y río Cauca en 2019.
Más allá del reconocimiento, María del Pilar García Pachón, abogada, PhD en derecho con énfasis en Derecho Ambiental y docente de la Universidad del Externado, menciona que esta figura se usa también como una manera de intentar solucionar problemas ambientales que enfrentan estos ecosistemas. “Lo que uno espera ver en esas sentencias son órdenes viables, que se puedan ejecutar en el tiempo y que sean útiles”, explica.
En el caso de Santurbán, por ejemplo, además de ser reconocido como sujeto de derechos, en marzo de este año el Ministerio de Ambiente declaró una zona de reserva temporal que, en términos generales, prohíbe la minería durante un plazo de dos años en un área de aproximadamente 75 mil hectáreas. Adicionalmente, el páramo está en un proceso de delimitación que tenía que estar listo en 2018, pero que a la fecha no ha logrado la concertación ni siquiera con la mitad de los municipios que hacen parte del páramo.
Aunque los habitantes de Santurbán ven todas estas medidas como una “persecución”, que “lo único que está haciendo es generar incertidumbre entre los campesinos”, como menciona Ochoa, de Asojuntas Charta, para la abogada de la U. del Externado, la reiteración de decisiones refleja una falla en la gestión.
En otras palabras, “muchas de las sentencias, no solamente esta, que reconoce al ecosistema como sujeto de derechos, sino las sentencias que la anteceden, lo que hacen es reiterar a las autoridades sus deberes y establecen algunas órdenes específicas”. Por esto, uno de los puntos importantes para velar por la conservación de Santurbán será determinar acciones que estén alineadas con las anteriores decisiones, y que, además, “limiten lo que deben limitar, prohíban lo que deban prohibir, pero que también permitan una gestión sostenible de los ecosistemas”, como menciona García Pachón.
