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La Procuraduría General de la Nación, a través de un comunicado, informó que solicitó a las autoridades ambientales y sanitarias de Santa Marta adelantar una “evaluación urgente de la calidad ambiental marino-costera”. El objetivo de estos análisis, explicó el ente de control, es verificar las condiciones en distintos sectores del litoral.
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Las entidades encargadas de realizar este estudio, se lee en el comunicado, son el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA), la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) y la Secretaría de Salud Distrital.
De acuerdo con la Procuraduría, estas instituciones deben evaluar las condiciones ambientales y sanitarias en zonas como la Bahía de Santa Marta, Taganga, El Rodadero, Puerto Gaira, Playa Salguero, Pleno Mar y Bello Horizonte.
“El objetivo del requerimiento es verificar el cumplimiento de las normas que garantizan el uso recreacional de estos espacios y su idoneidad para el contacto primario y secundario, en términos de salud pública y calidad ambiental”, indicó el ente en el comunicado.
La solicitud, añadió la Procuraduría, se realizó después de que se conociera que varios turistas denunciaran casos de brotes, picazón y enrojecimiento en la piel tras ingresar al mar en algunas playas del sur de la ciudad.
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Frente a estas denuncias, la Alcaldía de Santa Marta negó que exista contaminación en el agua. Por su parte, la Secretaría de Salud Distrital afirmó que, tras revisar los casos y las atenciones médicas, no hay evidencia científica que relacione los síntomas con contaminación marina. Según la entidad, se trataría de un fenómeno conocido como “erupción del bañista”, común en estas aguas.
Hace un par de semanas, como lo contamos en este artículo, la ciudad recibió un jalón de orejas para que vigile mejor las aguas residuales que llegan al mar. Sucedió después de que se conociera un reciente fallo del Consejo de Estado, que advirtió sobre la falta de vigilancia en las aguas residuales que se vierten al mar.
En su reciente fallo, el alto tribunal concluyó que “el monitoreo ambiental se ha hecho de manera insuficiente” y ordenó “establecer las posibles afecciones en la salud de las personas que hacen uso de los balnearios y playas”.
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Desde el año 2000, Santa Marta vierte sus aguas residuales al mar a través de un sistema compuesto por varias Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) y un emisor submarino. Este mecanismo, aunque polémico, es utilizado también en otras ciudades costeras de Colombia, como San Andrés, Buenaventura y Cartagena, y en distintos países del mundo.
Un estudio realizado en ese mismo año —cuando se implementó el sistema en Santa Marta— identificó 104 emisores submarinos en funcionamiento en América. Aunque pueda parecer una práctica controversial, expertos en el tema la consideran una alternativa viable si se gestiona correctamente.
Así lo explicó a este diario José Mancera, doctor en biología ambiental y representante de Colombia ante la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI). “Esta práctica suele ser una alternativa aceptable para el manejo de aguas en zonas costeras, pero tiene que hacerse bien para evitar, por ejemplo, que las aguas residuales lleguen a la costa o que las corrientes marinas afecten el tubo”.
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