Hace poco más de 14 años, Porfirio Garcés Garcés, un campesino nacido en Palocabildo, el único corregimiento de Jericó, en el suroeste antioqueño, regresó a la casa de sus padres para cuidarlos. Tenía más de 70 años para ese entonces, pero como el mayor de los varones de 16 hermanos, sintió la responsabilidad de estar junto a su padre en sus últimos días y de acompañar a su madre que se quedaba sola.
En una finca de cuatro hectáreas, donde se cultivaba sobre todo café y plátano, característicos de esta montañosa región, Garcés se reconectó su tierra natal, al tiempo que cumplía la promesa de cuidar a su madre. Meses después, cuando ella murió, replanteó su propósito: cuidaría a la “señora tierra”, recuerda ahora a los 86 años.
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Desde hace 14 años disfruta, como dice, de “unas justas vacaciones” a pocos minutos de la casa familiar. Como “la costumbre es ley”, todos los días se levanta antes de las seis de la mañana, se prepara un desayuno y sale a caminar por una hora. El resto del día, lo pasa al ritmo de discos de tangos, bambucos y pasillos, y entre libros “de lo que caiga”, aunque prefiere la novela, la poesía y la crítica. Parte del tiempo también lo ocupa al frente de la representación legal del acueducto comunitario ‘Aguas el Roble’, que surte de agua a 100 familias de la región.
Es gracias al trabajo y el conocimiento que ha adquirido durante más de 10 años en el acueducto comunitario, entre otras razones, que Garcés se opone al proyecto de explotación minera que desde 2007 quiere adelantar la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti en Jericó y Támesis. A unos metros bajo tierra, la Minera de Cobre Quebradona (filial de la multinacional) pretende atravesar unos túneles —también por las veredas La Soledad y Vallecitos— que transportarían cerca de cinco millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y otros minerales que extraerían de la vereda Quebradona Alta, la montaña justo al frente del hogar de Porfirio Garcés.
Por estos días, Garcés se debate entre la tranquilidad y la preocupación. Está aliviado porque este lunes un juez decidió que él y otros 10 campesinos, conocidos como los “11 de Jericó”, enfrentarán un proceso penal, iniciado por la multinacional, en libertad, contrario a la petición de medida de aseguramiento con privación de la libertad que solicitó la Fiscalía.
Frente al proyecto, Garcés tiene dos preocupaciones puntuales: que se acabe el agua del acueducto que representa y que la tierra donde está su casa se hunda. Es una inquietud que se repite en buena parte de las otras veredas y de la cabecera municipal. De hecho, estas fueron algunas de las falencias que identificó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó la empresa en octubre de 2021 y que la llevaron a archivar la solicitud de licencia ambiental que se requiere para iniciar la fase de explotación.
Algunos de los “temas generales sobre los cuales se presentaron falencias de información”, según la autoridad, fueron la dinámica y niveles del agua subterránea y la caracterización geotécnica y comportamiento del fenómeno de subsidencia, como se le conoce en términos técnicos al hundimiento de la superficie terrestre, entre otras. “La información con las deficiencias antes descritas no permite a esta Autoridad Nacional continuar con la evaluación del proyecto de interés”, anotó en su decisión la entidad.
En los últimos meses, le empezó a inquietar las amenazas de muerte contra algunos compañeros suyos que se oponen al proyecto. Retoma la serenidad porque sabe que en algunos días el Ministerio de Ambiente decretará una Zona de Reserva Temporal (ZRT) en el suroeste antioqueño, que cubrirá la totalidad del título minero que ostenta AngloGold Ashanti en Jericó.
Con esta medida, el Estado tiene tres años (prorrogables por otros dos) para adelantar estudios en profundidad con el objetivo de determinar en qué zonas de la región se puede hacer minería y en qué otras no. Mientras Garcés, y varios pobladores de la región con las que este diario conversó en los últimos días, sienten que los blindará temporalmente del avance de la minera, para otros no es tan claro cuál es alcance de la zona de reserva temporal para AngloGold Ashanti.
El agua y un ecosistema frágil en el centro de la discusión
Desde que Gustavo Petro era candidato a la presidencia ha mostrado su oposición al proyecto minero que se quiere desarrollar en Jericó. En noviembre de 2021, durante una visita al municipio, prometió que en su gobierno no habría un distrito minero en Jericó, sino uno “agrario, del agua y de la Paz”. A inicios de 2023, ya como presidente, Petro volvió a este pueblo. En esa ocasión, aseguró que el Gobierno Nacional “privilegia el agua y, por tanto, detiene los proyectos mineros que la ponen en riesgo”. Eso, hasta el momento, no ha pasado y la empresa sigue en fase de exploración adelantando estudios técnicos para robustecer su Estudio de Impacto Ambiental.
Menos de un mes después de la visita de Petro, el Ministerio de Ambiente publicó para comentarios una resolución que buscaba declarar una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables en el suroeste antioqueño, incluido Jericó. Ante la cantidad de comentarios que recibió el proyecto (cerca de 400, según el mismo ministerio), la cartera inició un proceso de diálogo durante 2023 y 2024 que dio como resultado una segunda propuesta que cerró su etapa de comentarios a finales de marzo de este año.
Según pudo conocer este diario, la resolución ya está lista y sería publicada por el ministerio en los próximos días. Con esta, creará una reserva de recursos naturales renovables de carácter temporal en seis municipios del suroeste antioqueño y abarca un área de 37.365 hectáreas, de las que Jericó representa el 33 %.
La idea, a grandes rasgos, es que durante el tiempo que dure la reserva temporal, el Estado adelante estudios que permitan determinar qué áreas son excluibles de la minería y en qué otras se puede adelantar esta actividad. El objetivo es, según el ministerio, “proteger la biodiversidad existente y contar con elementos que permitan a las autoridades ambientales tomar decisiones frente al ordenamiento minero ambiental y favorecer la protección de los atributos ambientales existentes”.
Al ministerio le preocupa, sobre todo, los impactos que la minería pudiese tener sobre el agua subterránea de la región y sobre un ecosistema que el país ha perdido en más de un 90 %, el bosque seco tropical, del cual hay relictos en el suroeste antioqueño. Estas inquietudes surgieron gracias a dos estudios que adelantaron la Universidad de Antioquia y Corantioquia entre 2021 y 2022.
En estos, explica Teresita Betancur Vargas, geóloga con un doctorado en ingeniería, profesora de la Universidad de Antioquia y una de las autoras de la investigación, buscaban investigar las aguas subterráneas desde dos puntos de vista: como un recurso que los humanos utilizan para satisfacer necesidades y como un bien fundamental para que ciertos ecosistemas puedan prevalecer, subsistir e, incluso, “para que puedan recuperarse”. “Un ecosistema estratégico que está a punto de desaparecer es el bosque seco tropical. Este puede recuperarse gracias a que existen aguas subterráneas”.
Saltándonos varios detalles técnicos de los estudios, la profesora Betancur resume los hallazgos de la siguiente manera: “el suroeste de Antioquia, sobre todo en la zona de Piedras Mulatos, que comprende los municipios de Jericó, Tarso y Pueblo Rico, tiene más características para albergar una importante cantidad de aguas subterráneas”. Esto se traduce en que alrededor de 10.000 personas se abastecen con estas aguas en su día a día, mientras que las rutas de flujo coinciden con las áreas del bosque seco tropical, lo que “constituye una evidencia irrefutable del rol que los flujos subterráneos tiene en términos del propósito de recuperar este ecosistema”, concluyen en el estudio.
El problema, según un análisis adelantado por el ministerio, es que, tanto las solicitudes mineras, como los títulos vigentes, podrían afectar ambas características. En la zona objeto de reserva, la Agencia Nacional de Minería tiene registro de ocho títulos mineros (incluido el de AngloGold Ashanti) y 48 solicitudes de nuevos títulos. De estas, el 94 % de las solicitudes mineras y el 98 % de los títulos se encuentran sobre áreas de recarga directa de importancia mayor de las aguas subterráneas. Además, el traslape de estas figuras mineras corresponde a poco más del 80 % del área ocupada por el bosque seco tropical.
Con estas cifras, presentadas en un documento técnico, y bajo el principio de precaución, es que el ministerio declarará esta área de reserva temporal. Betancur dice sentirse orgullosa de que el estudio haya dado pie a esta medida y espera que, con datos más específicos, se tomen las medidas necesarias para proteger el agua y el bosque seco tropical del suroeste de Antioquia.
Campesinos como Garcés, o William Gaviria, otro de los “11 de Jericó” y que vive en la vereda de Vallecitos, han celebrado esta medida. Desde Támesis, Herman Vergara, líder del Cinturón Occidental Ambiental, una articulación de organizaciones campesinas, indígenas y ambientales del suroeste, la define como un “respiro” frente al tema minero. Christian Torres, coordinador del área de Conflictos Mineros, de la organización Censat Agua Viva, quien ha acompañado el proceso en Jericó y la región, hace un símil con “unas medidas cautelares” para el territorio.
Mientras tanto, la Asociación Colombiana de Minería y la empresa, entre otros actores, se han opuesto a la zona de reserva temporal. En una carta enviada al ministerio en febrero de 2023, el representante legal de Minera de Cobre Quebradona, le pidió a la cartera “abstenerse de expedir el proyecto de ley”.
¿El proyecto sigue o se detiene?
Aunque la medida ha sido recibida como un “blindaje”, un “respiro” e incluso una suerte de “medidas cautelares” para el suroeste antioqueño y, en particular, para Jericó, lo cierto del caso es que nadie tiene claro qué pasará con el proyecto de Minera de Cobre Quebradona en los próximos meses.
Uno de los artículos de la resolución señala que los proyectos que cuenten con título minero no se verán afectados por la zona de reserva temporal. Como la filial de la AngloGold Ashanti cuenta con uno desde 2007, entraría en esta categoría. Sin embargo, un parágrafo de ese artículo aclara que durante la duración de la reserva no se podrán otorgar, entre otras, “nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales”. La duda sobre el futuro del proyecto surge porque en diciembre de este año se vence la tercera prórroga que la Agencia Nacional de Minería le dio a la empresa en la fase de exploración. La minera aún puede solicitar una prórroga más.
Fernando Jaramillo, líder de la Mesa Ambiental de Jericó, y quien ha participado en las jornadas de socialización de la resolución, cuenta que en la última reunión, celebrada a inicios de este mes, planteó esa duda. La respuesta fue ambigua, pues dos funcionarios de la cartera ofrecieron respuestas opuestas. Incluso la empresa está esperando que se publique la resolución para saber sus alcances. “Hasta tanto no se expida dicha medida, no se podrán determinar los impactos concretos sobre la compañía y otros actores que dependen de este proyecto”, respondió la minera a este diario en un cuestionario por escrito.
Aunque desde El Espectador buscamos a la Agencia Nacional Minera y al Ministerio de Ambiente para encontrar respuestas a esta inquietud, al cierre de esta edición no recibimos respuesta.
A Torres, de Censat, le preocupa que “ante un cambio de gobierno”, que se dará en un año, “pueda que exista una cooptación de los estudios técnicos, como ha pasado en otros momentos”. En el pasado, continúa Torres, mesas técnicas que debían ser adelantadas con independencia, terminaron siendo conducidas por técnicos de empresas mineras cuyas conclusiones favorecieron al sector.
Por su parte, un abogado que trabaja con varios municipios de Antioquia, y que pidió no ser citado para poder hablar, se pregunta si el Gobierno Nacional cuenta con los recursos económicos para hacer los estudios. “Desde varias alcaldías hemos solicitado al gobierno apoyo económico para distintos procesos, pero la respuesta es que, por la crisis fiscal, no cuentan con dinero para apoyarnos”, relata. Frente a esto, el ministerio ha señalado que los estudios se financiaran con dineros del Fondo para la Vida.
Mientras tanto, el presidente Petro sigue exigiendo a sus funcionarios que cumplan su promesa de no permitir la minería en el suroeste antioqueño. En el Consejo de Ministros del 27 de mayo de este año, el mandatario pidió buscar los “caminos jurídicos (...) para obedecer al campesinado de Jericó y su mandato” para que no haya actividad minera.
De hecho, durante un evento público que convocó el presidente Petro durante este sábado 21 de junio, en Medellín, aseguró que los dueños de AngloGold Ashanti “deben saber que se deben retirar de la tierra campesina. Ojalá por su propia voluntad, sino iré hasta donde viven los accionistas de la empresa a decirles cómo esa empresa se estrella contra la vida en una región antioqueña”.
Nota: El sábado 21 de junio, en el Diario Oficial de la República se publicó la resolución 0855 de 2025 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En ella, la cartera declara la zona de reserva de recursos naturales renovables de carácter temporal.
A diferencia del proyecto de resolución que se socializó en la región a inicios de junio, en la resolución publicada se aclara que “en la etapa de exploración, las solicitudes de modificación de los permisos, autorizaciones o concesiones, o su prorroga, serán procedentes en vigencia de la reserva”. Este parágrafo del artículo 3 cobija a la empresa AngloGold Ashanti y al título que posee en Jericó.
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