Las imágenes satelitales que verá a continuación son de un pueblo que siempre ha estado rodeado de agua. Está en el Caribe y por nombre lleva Bocas de Aracataca. Algunos también lo llaman Trojas de Cataca o Bocas de Cataca. Como se puede intuir de las primeras capturas, sus habitantes han construido su vida sobre el agua. Hacen parte de los pueblos palafíticos que representan la cultura anfibia de Colombia.
Pero Bocas de Cataca, construido sobre la desembocadura del río Aracataca, se ha ido quedando sin agua a lo largo de este siglo. Las imágenes muestran justo eso: que el agua que rodeaba las casas y por la que sus habitantes se movían para pescar, para visitar vecinos o para regresar de una parranda, empezó a retirarse poco a poco de donde solía estar.
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“Lo que vemos es cómo el agua se retira del sistema y eso tiene que ver con lo que pasa aguas arriba: sus caudales dejaron de ser manejados, los distritos de riego no devolvían el agua y se hicieron muchas desviaciones ilegales para alimentar cultivos”, explica la bióloga Sandra Vilardy, profesora de la Universidad de los Andes, que ha dedicado a estudiar su vida a ese complejo en el que desemboca el río Aracataca: la Ciénaga Grande de Santa Marta.
En la siguiente imagen se puede apreciar un poco mejor el cambio que ha habido en las últimas dos décadas. Desde 2003, la transformación se ha acentuado más:
Las imágenes son de ella y, vistas desde la tierra, muestran que en algunas porciones, en vez de agua, hay fango. Como dice Vilardy, quienes movían en canoas empezaron a quedar atrapados en los sedimentos que dejó al descubierto el río. “El pueblo palafítico se volvió un pueblo fangoso. Además, como el volumen de la Ciénaga ha ido cambiando, el sistema se sedimentó”, añade.
Quienes van a la Ciénaga Grande de Santa Marta para conocer esas casas construidas sobre un espejo de agua de unos 730 km2 —algo así como la mitad de Bogotá—, rara vez llegan hasta Bocas de Cataca porque las “vías” de ingreso están llenas de barro y sedimentos. Pongámoslo al revés: ¿Qué tal que Autopista Norte, que conecta a la capital con municipios vecinos como Chía o Tocancipá, empezara a llenarse de agua e hiciera intransitable el paso de autos? Algo así —guardadas las proporciones— les ha pasado a los habitantes de ese lugar.
Sus “calles” transformadas no es el único desafío que tienen los habitantes de Bocas de Cataca. Aunque por generaciones las familias han estado rodeadas del agua que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y se alimenta del deshielo del glaciar, no tienen agua potable. Si bien la administración del municipio de Pueblo Viejo, al que pertenece Bocas de Cataca, ha hecho esfuerzos por llevarle soluciones (filtros de agua hoy deteriorados por una ola invernal y el inicio de un proyecto, aún incipiente, para construir un acueducto), “actualmente las familias de Trojas de Cataca siguen sin abastecimiento de agua potable”, señala una sentencia que acaba de emitir el Tribunal Administrativo de Magdalena.
Se trata de un fallo que Vilardy califica como un hito, pues, por primera vez, un tribunal reconoce las afectaciones que han causado particulares y reconoce que ha habido omisión de entidades del Estado para entender y garantizar el flujo de agua de uno de los ríos fundamentales de la Ciénaga Grande. Además, reitera, “genera un precedente en la defensa de los derechos de Bocas de Cataca, una población en proceso de desaparición”.
La sentencia es el resultado de una demanda que instauró Efraín Cepeda cuando era presidente del Senado entre 2017 y 2018. En la decisión, firmada por los magistrados María Victoria Quiñones (ponente), Adonay Ferrari Padilla y Elsa Mireya Reyes Castellanos, el tribunal optó por impartir varias órdenes. La primera fue “amparar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, su restauración o sustitución”.
También, escribieron, optaron por amparar la protección de áreas de especial importancia ecológica, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente y el derecho fundamental al agua.
La decisión llegó a los correos de los diferentes actores implicados el pasado 4 de marzo y gran parte de ellos ya presentó sus argumentos de apelación, pues no están de acuerdo con la decisión de los magistrados. Ahora quedará en manos del Consejo de Estado.
Órdenes y desacuerdos
Hace siete años, Wilfrido Ayala, entonces alcalde de Pueblo Viejo, hizo un recorrido por el río Aracataca. Sus pobladores le habían pedido que comprobara que el caudal del río que popularizó García Márquez había disminuido. Ayala también había nacido en Bocas de Catata y luego de hacer un recorrido posteó en su Twitter un llamado de atención. El agua del río Aracataca estaba siendo captada de manera ilegal por productores de aceite, palma y banano. Habían ingeniado trincheras rústicas para desviar el agua hacia sus cultivos.
Cuando habló aquella vez con El Espectador, Ayala recordaba que otra era la historia del río en su infancia. “La corriente era tanta que nuestros padres nos prohibían bañarnos por fuera de las embarcaciones. Las mujeres lavaban en la orilla y en alguna ocasión, una de esas madres perdió a su hijo porque cayó al agua. Ocho horas se tardaron para hallar el cuerpo, muy lejos, dentro de la Ciénaga Grande de Santa Marta”, le contó a una colega.
Ahora, por un mensaje de WhatsApp, recuerda que todo el material que recopiló lo llevó a la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde estaba Cepeda, junto con el personero municipal. También guarda fotografías que revelan cómo los dueños de unos predios capturaban el agua de manera ilegal.
En la sentencia del Tribunal de Magdalena hay un recuento con los nombres de las empresas que, en algunos momentos de la historia del río Aracataca, habían tomado esa mala decisión. Por ejemplo, el relato que hizo el entonces subdirector ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), la autoridad ambiental de toda esa región, revelaba que de los 15 procesos sancionatorios abiertos en agosto de 2023, tres habían culminado con multas que sumaban $600 millones.
Uno de ellos había sido en “el predio Las Mercedes de la sociedad International Affairs Interprises S.A.S., básicamente por la colocación de unos trinchos que llaman desvíos”. Esa compañía había sido sancionada por la “ocupación del cauce del río Aracataca”. Otra más involucró al predio El Jayo, de la sociedad Maestre y Asociados. Las dos son empresas de palma africana.
Los magistrados también recuerdan que los compromisos que había adquirido el Comité de Coordinación para la Gestión Integral de la Ciénaga Grande de Santa Marta, creado en 2016, quedaron en el papel. Conformado por varios ministerios, por el gobernador de Magdalena y el director de Corpamag, entre otras entidades, no había cumplido con ninguna de sus tareas. Ni con el Ordenamiento de la actividad pesquera en la Ciénaga Grande de Santa Marta, ni con el estudio hidrosedimentológico, por mencionar solo un par.
“Se evidencia una ausencia total en el cumplimiento de los compromisos que se establecieron para la conservación y recuperación del complejo lagunar de importancia prioritaria internacional (...) Por el contrario, se observa una desarticulación entre las entidades encargadas de formular e implementar de alternativas para mitigar y superar toda la problemática que se presenta en esa zona”, escriben los magistrados.
En otro párrafo llaman la atención sobre dos razones por las que debería haber especial protección sobre la Ciénaga: cuando en 1998 Colombia se adhirió a la Convención Ramsar, incluyó como primer humedal de importancia internacional al Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta. Dos años más tarde, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) decidió declarar este lugar como Reserva de la Biósfera.
Por esos motivos, en su sentencia, el Tribunal del Magdalena declaró como responsables de “la grave degradación ambiental del ecosistema de la Ciénaga Grande, de los ríos Aracataca y Tucurinca, así como del daño causado a la comunidad anfibia del corregimiento de Bocas de Aracataca”, tanto al Minambiente, al Minagricultura y Minvivienda, como a Corpamag, al municipio de Puebloviejo, al departamento de Magdalena a Parques Nacionales Naturales y al Invemar, entre otras entidades.
A todas ellas les ordena, en pocas palabras, que en tres meses elaboren un estudio técnico donde detallen un diagnóstico de las alternativas para “atender la sedimentación de la Ciénaga Grande y de las cuencas hidrológicas que confluyen en el complejo lagunar, especialmente los ríos Aracataca y Tucurinca”. A Corpamag le exige, además, que en seis meses formule el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) de los ríos Aracataca y Tucurinca y que junto a la Policía y la Fiscalía, incremente de manera inmediata los operativos en “el área de influencia de la Ciénaga”.
A la hora de declarar responsables, incluye a “las personas naturales y jurídicas de la zona de influencia de la Ciénaga Grande de Santa Marta, dedicadas a la agroindustria de banano, palma de aceite, arroz, ganado, entre otras, por el incumplimiento de las normas ambientales y por la explotación desproporcionada y arbitraria de los sistemas hídricos”.
La idea, sin embargo, no le suena a varias empresas que en sus documentos de apelación detallaron sus desacuerdos. La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), por ejemplo, indica que hay una violación al debido proceso y le recuerda a los magistrados que no es una empresa agrícola, ni desarrolla actividades económicas, ni tiene plantaciones de palma. A sus ojos, es un fallo arbitrario, con muchas imprecisiones: una de ellas, no especificar el área de influencia de la Ciénaga Grande.
Entre las compañías que manifestaron su descontento se encuentran La Sociedad Derivados y Fracciones de Palma S.A.S., que explica que hay violación al debido proceso y pide que haya un análisis individualizado de la “participación en la supuesta degradación ambiental”, pues no le parece justo establecer una relación de causalidad entre las actividades agroindustriales y la afectación ambiental. Lo mismo solicita C.I. Tequendama S.A.S.
El Invemar, que reitera que es un instituto de investigación científica y no una autoridad ambiental, y Corpamag, fueron otros de los involucrados que ya apelaron la decisión. Para esta última corporación, el fallo aborda aspectos que no se discutieron durante el proceso y hay ausencia de pruebas de la captación ilegal en los ríos y de la afectación de los derechos colectivos. Dice que hoy no hay captaciones ilegales del recurso hídrico en el río Aracataca.
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Por Sergio Silva Numa
