La Procuraduría dio a conocer oficialmente sus observaciones frente al proyecto del Ministerio de Ambiente que busca declarar una zona de reserva en el macizo de Santurbán, en un área de más de 75.000 hectáreas en el departamento de Santander.
Como contamos en esta nota, la propuesta de la cartera de Ambiente, que busca, en parte, prohibir la minería en esta zona durante dos años, ha sido recibida con preocupación y resistencia por parte diferentes sectores. De hecho, esa fue una de las razones del paro de campesinos y mineros que se realizó en octubre del 2024 en varios sectores del país, en medio de la COP16.
Los detalles de esta medida del Ministerio de Ambiente fueron revelados en finales de noviembre de 2024, con el borrador de la resolución que estuvo abierto a comentarios hasta el 10 de febrero de 2025.
En este se detalló el área de la primera zona de reserva temporal en el macizo de Santurbán, que abarca 76.012 hectáreas de siete municipios: Suratá (34 %), Matanza (29 %), California (4,6 %), Vetas (2,4 %), Charta (14 %), Tona (7,7 %) y Bucaramanga (6,4 %), sobre las cuencas hidrográficas de los ríos Alto Lebrija y Cáchira Sur.
La principal inquietud que han expresado las comunidades que habitan en el área sobre la resolución es que se busca declarar, es que la medida afecta a la pequeña minería tradicional, así como a los campesinos, agricultores y ganaderos.
Ahora, la Procuraduría se suma a las voces de preocupación ante la medida, que fue socializada a varias comunidades del Santander entre el 17 de enero y el 5 de febrero.
De acuerdo con el ente de control, asegura que el proyecto de resolución aplica de “manera incorrecta” el principio de precaución, al excluir actividades económicos sin el sustento para aplicar estas medidas.
En sentido, uno de los puntos que critica la Procuraduría es que el proyecto no justifica la determinación de un área mayor a la que plantean los soportes técnicos que respaldan la medida.
“Hay que advertir, además, los posibles efectos de la resolución en más de 600 pequeños mineros, así como el riesgo de fomentar la minería ilegal en la zona, aspectos que deben ser analizados con mayor profundidad para evitar consecuencias perjudiciales para la población local y el desarrollo social y económico de la región.”, indicó la Procuraduría, a través de un comunicado.
De esta manera, el ente de control hizo un llamado para que se dé un debate más amplio, un análisis detallado de la resolución, y que se termine la delimitación del páramo de Santurbán para tener más claridades de la medida.
Los argumentos del Ministerio de Ambiente
Ante la preocupación que ha generado el proyecto de resolución, el Ministerio de Ambiente le aseguró, hace dos semanas a El Espectador, que la reserva no tendrá ningún efecto en la actividad agropecuaria, ni sobre el turismo, el desarrollo vial o el desarrollo de infraestructura.
Sobre la minería, en el documento quedó establecido que no afectará los procesos de formalización que se están realizando con los mineros tradicionales, pues reconocen que la existencia de depósitos de oro en los municipios de Vetas, California y Suratá ha configurado una tradición minera en la región desde la Colonia.
Tampoco afecta los títulos mineros vigentes; es decir, que las actividades mineras en la zona que están en operación con sus instrumentos mineros y ambientales al día podrán continuar sus operaciones, según el documento que publicó el ministerio. Para esto se identificaron 655 hectáreas, que representan el 0,86 % de toda la zona que se piensa declarar, donde se podrían consolidar procesos de formalización de pequeña minería tradicional. O sea que serían zonas exentas de la medida.
Lo que sí ordenaría es que las autoridades mineras y ambientales competentes no podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales. Tampoco se podrán tramitar solicitudes de modificación de licencia ambiental cuyo objeto sea ampliar nuevas áreas mineras o modificar el proyecto. Esto estará vigente hasta que se desarrollen los estudios técnicos, (dos años en el caso de Santurbán), especialmente para entender cómo funciona el ciclo del agua en esta parte del macizo, y así proteger y conservar los recursos naturales.
Por el momento, el ministerio se encuentra realizando una lectura integral de los diferentes aportes ciudadanos y se estudiará la viabilidad de su incorporación al proyecto. “El resultado del análisis de todos los aportes de la consulta será publicado para conocimiento de la ciudadanía”, advierte la cartera. Afirman que, de ser necesario, se podrán convocar mesas de trabajo previas al ajuste de la propuesta y luego se tomará la decisión en un nuevo acto administrativo.
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