“No es una revolución, pero es un instrumento necesario”. Así describió Yann Águila, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y el Club de Juristas de Francia, la idea del Pacto Mundial por el Medio Ambiente. Una iniciativa que ya recibió el respaldo de 54 países y que no es otra cosa que el intento por construir una constitución verde que sirva de marco jurídico para garantizar la protección del derecho a un medio ambiente sano en todo el planeta.
La idea surgió hace algunos meses entre un grupo de 80 juristas de unos 40 países, de diversas tradiciones jurídicas. Con el espaldarazo de Laurent Fabius, excanciller francés, uno de los principales artífices del Acuerdo de París en 2015, la iniciativa empezó a abrirse camino en la intrincada diplomacia internacional. En septiembre de 2017, en Nueva York, se dio la primera cita del Grupo de Amigos del Pacto y ayer, en Bogotá, bajo la coordinación de la Procuraduría General de la Nación, se llevó a cabo el segundo encuentro, con el fin de seguir reclutando aliados en Latinoamérica.
El borrador de esta Constitución, que se espera sea adoptada por Naciones Unidas, cuenta por ahora con 26 artículos. “Es un marco legal que agrupa los principios básicos de la ley ambiental”, explicó Jeffrey Sachs, economista y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. El texto compendia ideas universales como el derecho a un ambiente sano, el deber de cuidarlo, la equidad intergeneracional, los principios de prevención y precaución, la idea que el contaminador paga, derecho y acceso a información, entre otros.
Una de las propuestas más novedosas y al tiempo más discutidas es el principio de no regresión, es decir, que ningún país podría permitir actividades o adoptar normas que tengan el efecto de reducir el nivel global de protección ambiental garantizado por esta constitución.
¿Qué sentido tiene intentar una vez más alinear a toda la comunidad internacional para un nuevo tratado ambiental? Yann Águila lo resume en pocas palabras: codificar, facilitar acceso y unificar. En los últimos 30 años se han creado unos 1.200 acuerdos ambientales multilaterales. Desde la Declaración de Estocolmo en 1972, hasta el Acuerdo de París de 2015, pasando por el informe Brundtland en 1987, Declaración de Río de 1992, la Agenda 2030 y muchos otros relacionados con océanos, biodiversidad y especies amenazadas, entre otros.
Para Sachs y Águila, es necesario, entre tantos compromisos y acuerdos, no perder de vista lo esencial. Y lo esencial para ellos es este Pacto Mundial, que les permitiría a jueces en todo el mundo no extraviarse en esos laberintos de normas y mantener vivos los principios. “El proyecto no pretende de ninguna manera cambiar las instituciones existentes. Se trata de fortalecer las normas internacionales y de organizarlas en un texto breve, coherente y transversal”. Algo así como los mandamientos del medio ambiente.
Fernando Carrillo, procurador general de Colombia y anfitrión del de la reunión, comentó durante la reunión que el pacto es importante para que el derecho al medio ambiente sano sea “un derecho universal, vinculante, exigible y justiciable”.
“Ya estamos hablando del enverdecimiento de las cortes”, comentó Pilar Moraga, del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. La profesora insistió en que no basta con normas ambientales para garantizar un ambiente sano, sino que también es necesario “un modelo de desarrollo económico acorde con esa protección”. En Chile, como en el resto de Latinoamérica, el desarrollo basado principalmente en la explotación de recursos no renovables “no conversa con el deseo de un ambiente sano”. Y los impactos, como los conflictos socioambientales, están multiplicándose.
En Colombia, sentencias como la que otorgó derechos al río Atrato o casos jurídicos como la demanda que interpuso el Estado de Nueva York contra las principales petroleras del mundo, demuestran la tendencia señalada por Moraga. Los estrados judiciales se están convirtiendo en un gran escenario de la lucha contra el cambio climático, la crisis por pérdida de biodiversidad y el lío de la contaminación masiva de ecosistemas.
Sachs enfatizó en un evento previo organizado por la firma de abogados Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, la importancia de cambiar la economía para que estos principios de protección ambiental se materialicen. “Somos adictos al petróleo. Somos adictos a tumbar la selva para hacer más ganadería. Pero ese comportamiento es devastador para nuestro bienestar. Necesitamos instrumentos para despertar la conciencia sobre nuestro futuro. Nuestra generación es la última, desde un punto de vista científico, que puede parar este mal comportamiento. Tenemos que cambiar el comportamiento de nuestra economía”.
Michael Wilson, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Hawái, defendió la idea de una constitución verde ante la necesidad de contar con una “ley dura” para enfrentar los desafíos ambientales actuales. “La ley de una constitución es la ley mas alta en una sociedad”, afirmó.
Para Marina Silva, ex ministra de Ambiente de Brasil, el Pacto Mundial para el Medio Ambiente “puede ayudar a ampliar la conciencia ambiental como todos los acuerdos globales”, pero advirtió que, como ha ocurrido en su país, el reto está en la aplicación de esas normas. Es ahí donde se despierta el rechazo de grupos capaces de organizarse políticamente para frenar normas.
Por lo pronto, el Grupo de Amigos del Pacto seguirá reclutando apoyo entre otros estados e iniciará su camino burocrático en Naciones Unidas. La meta es que la constitución verde, el Pacto Mundial por el Medio Ambiente, se materialice en 2020.
*Este artículo fue modificado el 6 de marzo para aclarar la participación de Sachs en el evento de la firma Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría,