Campaña en Brasil contra Código Forestal

“Veta todo, Dilma”. Ese, en esencia, es el mensaje que organizaciones ecologistas y civiles le han querido llevar a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para que no le dé su aval al nuevo Código Forestal, aprobado el pasado 24 de abril por la Cámara de Representantes. Alrededor de 1,5 millones de personas han firmado una petición para que la mandataria frene la puesta en marcha de esta norma que, según los defensores del medio ambiente, no hace otra cosa que desproteger miles de kilómetros de la Amazonia, dejándolos en manos de agricultores y madereros que encontrarán una ley más laxa para la práctica de la deforestación.

El 25 de mayo se vence el plazo para que Rousseff tome una decisión. La primera mandataria no sólo tiene la presión de ONGs como Greenpeace, WWF y Avaaz –que están liderando campañas mundiales para que se vete el nuevo código–, sino de la comunidad internacional que tiene los ojos puestos en Brasil gracias al esperado encuentro de Rio +20 –la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable– que tendrá lugar en Río de Janeiro entre el 20 y el 22 de junio. La pregunta que se hacen los conocedores del tema es si Rousseff desafiará el llamado de los ecologistas en la antesala de una cumbre en la que el medio ambiente es el protagonista.

“La presidenta tiene dos opciones: firmar la sentencia de muerte o proteger los pulmones del planeta y emerger como un héroe público”, dijo el director ejecutivo de Avaaz, Ricken Patel.

“Presidenta Dilma: tenga coraje y vete los dispositivos que conceden amnistía a la deforestación ilegal”, pidió el diputado Ivan Valente, del Partido Socialista y Libertad.

Las sentencias, que podría sonar extremas, están argumentadas en unos cálculos que han hecho medios como The Wall Street Journal, en Estados Unidos, o El País, en España, según los cuales está en juego la pérdida de entre 400.000 y 700.000 kilómetros cuadrados de bosque (una extensión que es equiparable a Alemania y Suiza juntos), pues este territorio quedará expuesto a proyectos agrícolas y de explotación maderera.

En concreto lo que hace el nuevo Código Forestal es indultar los delitos de deforestación cometidos hasta el año 2008, lo que según el mismo Ministerio de medio Ambiente de Brasil significa que se condonarán multas por alrededor de US$5.680 millones. Pero las nuevas reglas van más allá al debilitar las llamadas Áreas de Preservación Permanente (APP), que fueron instauradas en 1989 con el propósito de frenar la deforestación en las zonas más vulnerables.

Hasta hoy quienes violan los límites establecidos por la ley tienen que reforestar por lo menos 30 metros del área afectada; con la aprobación del nuevo código la exigencia bajaría a sólo 15 metros. Para los ríos más anchos de 10 metros, sería cada uno de los 17 estados brasileños los que determinarían el tamaño de las áreas protegidas.

Quienes defienden el cambio, como la senadora Katia Abreu, argumentan que la ley es esencial para que el país mantenga su posición como uno de los principales productores mundiales de alimentos. Ella y los demás defensores de esta medida resaltan que el “agronegocio” representa el 37% de los empleos del país, el 27% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 37% de las exportaciones brasileñas.

“Veta todo, Dilma”. Ese, en esencia, es el mensaje que organizaciones ecologistas y civiles le han querido llevar a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para que no le dé su aval al nuevo Código Forestal, aprobado el pasado 24 de abril por la Cámara de Representantes. Alrededor de 1,5 millones de personas han firmado una petición para que la mandataria frene la puesta en marcha de esta norma que, según los defensores del medio ambiente, no hace otra cosa que desproteger miles de kilómetros de la Amazonia, dejándolos en manos de agricultores y madereros que encontrarán una ley más laxa para la práctica de la deforestación.

El 25 de mayo se vence el plazo para que Rousseff tome una decisión. La primera mandataria no sólo tiene la presión de ONGs como Greenpeace, WWF y Avaaz –que están liderando campañas mundiales para que se vete el nuevo código–, sino de la comunidad internacional que tiene los ojos puestos en Brasil gracias al esperado encuentro de Rio +20 –la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable– que tendrá lugar en Río de Janeiro entre el 20 y el 22 de junio. La pregunta que se hacen los conocedores del tema es si Rousseff desafiará el llamado de los ecologistas en la antesala de una cumbre en la que el medio ambiente es el protagonista.

“La presidenta tiene dos opciones: firmar la sentencia de muerte o proteger los pulmones del planeta y emerger como un héroe público”, dijo el director ejecutivo de Avaaz, Ricken Patel.

“Presidenta Dilma: tenga coraje y vete los dispositivos que conceden amnistía a la deforestación ilegal”, pidió el diputado Ivan Valente, del Partido Socialista y Libertad.

Las sentencias, que podría sonar extremas, están argumentadas en unos cálculos que han hecho medios como The Wall Street Journal, en Estados Unidos, o El País, en España, según los cuales está en juego la pérdida de entre 400.000 y 700.000 kilómetros cuadrados de bosque (una extensión que es equiparable a Alemania y Suiza juntos), pues este territorio quedará expuesto a proyectos agrícolas y de explotación maderera.

En concreto lo que hace el nuevo Código Forestal es indultar los delitos de deforestación cometidos hasta el año 2008, lo que según el mismo Ministerio de medio Ambiente de Brasil significa que se condonarán multas por alrededor de US$5.680 millones. Pero las nuevas reglas van más allá al debilitar las llamadas Áreas de Preservación Permanente (APP), que fueron instauradas en 1989 con el propósito de frenar la deforestación en las zonas más vulnerables.

Hasta hoy quienes violan los límites establecidos por la ley tienen que reforestar por lo menos 30 metros del área afectada; con la aprobación del nuevo código la exigencia bajaría a sólo 15 metros. Para los ríos más anchos de 10 metros, sería cada uno de los 17 estados brasileños los que determinarían el tamaño de las áreas protegidas.

Quienes defienden el cambio, como la senadora Katia Abreu, argumentan que la ley es esencial para que el país mantenga su posición como uno de los principales productores mundiales de alimentos. Ella y los demás defensores de esta medida resaltan que el “agronegocio” representa el 37% de los empleos del país, el 27% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 37% de las exportaciones brasileñas.