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Un juez del Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó (Antioquia) decidió que los 11 campesinos que fueron acusados por la Fiscalía de la comisión de cuatro delitos, en el marco del conflicto socioambiental que se vive ese municipio por las intenciones de explotación minera, enfrenten lo que sigue del proceso en libertad hasta que se emita una sentencia definitiva.
El juez no acogió la solicitud de la Fiscalía que pedía que los 11 campesinos fueran cobijados por una medida de aseguramiento mientras se adelantan las siguientes etapas del juicio.
Sin embargo, los campesinos no podrán salir del país, deberán presentarse ante las autoridades cuando estas lo requieran dentro del proceso penal que continua y deben mostrar buena conducta.
Claudia Serna Cardona, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, quien hizo parte de la bancada de defensa de los campesinos, celebró que no se les haya privado de la libertad a los campesinos que defiende.
“Nuestra mayor preocupación era que, en aras de buscar la protección de unas víctimas y una sociedad en sentido abstracto, terminaran limitándoles la acción política u la participación social a través de la protesta”.
La abogada Cardona explica que, en realidad, hasta ahora inicia el proceso. “Acabamos de terminar las audiencias preliminares. Viene la audiencia de acusación, la preparatoria de juicio y el juicio”.
¿Quiénes son los “11 de Jericó” y por qué están siendo investigados?
Los 11 campesinos de Jericó, cuyas edades oscilan entre los 44 y los 85 años, fueron acusados por la Fiscalía 147 Especializada por los delitos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales. Además, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios solicitó agregar el cargo de concierto para delinquir.
Aunque las primeras querellas, que dieron paso al proceso penal, fueron interpuestas por la Minera Quebradona (filial de la multinacional AngloGold Ashanti) a finales de 2022, la Fiscalía se ha centrado en un hecho que tuvo lugar a mediados de diciembre de 2023. El 12 de diciembre, un grupo de entre 100 y 200 campesinos desmontaron una plataforma que había sido instalada por la empresa en un predio que es propiedad de la esposa del exalcalde de Jericó, Rafael Arteaga.
Los campesinos enviaron el piezómetro (un dispositivo para medir el nivel del agua en el subsuelo) que desinstalaron a la Alcaldía, mientras que Arteaga y Minera Quebradona interpusieron una nueva querella. Para Claudia Serna, de la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y una de las abogadas que representa a los 11 campesinos de Jericó, la judicialización busca “cercenar la movilización” que por más de una década han realizado los habitantes de este municipio de Antioquia en contra de la minería.
Esta medida, agregan desde Censat Agua Viva, una organización que ha acompañado el proceso, “ha sido interpretada por múltiples organizaciones de derechos humanos, sociales y ambientales como una acción desproporcionada, carente de fundamentos y orientada a infundir miedo, a deslegitimar la resistencia de las comunidades y a estigmatizar a la población campesina como blanco legítimo de la fuerza del Estado. Se trata de un uso punitivo del aparato judicial que castiga la movilización social y la defensa del territorio”.
Por su parte, la minera Quebradona ha señalado que, “con ocasión de las querellas interpuestas a un reducido grupo de personas, la empresa, en ejercicio de la restitución de sus derechos adquiridos y los de sus empleados, frente al ingreso y desmonte ilegal de plataformas donde se realizaban estudios ambientales, promueve estos espacios ante la autoridad competente con el fin de que se le permitan realizar las actividades legítimas otorgadas bajo el título minero indicado”.
A finales de mayo, la Oficina en Colombia de Derechos Humanos de la ONU, hizo un llamado a las autoridades para que “observen las garantías procesales y de derechos humanos en el caso de 11 líderes campesinos defensores del medio ambiente, detenidos en el marco de protestas ambientales en su municipio”.
Por esos mismos días, la Defensoría del Pueblo publicó un comunicado en el que expresamente rechazó la judicialización de líderes campesinos y defensores del ambiente en este municipio antioqueño. De acuerdo con este organismo que forma parte del Ministerio Público, “esta situación no puede entenderse de manera aislada ni exclusivamente bajo una óptica penal. Se enmarca, de forma clara y contundente, en un conflicto socioambiental estructural que ha marcado la vida del municipio durante las últimas décadas”.
Para la Defensoría, “el derecho penal no debería ser usado como herramienta de represión frente al ejercicio de la defensa de derechos fundamentales y colectivos”. Además, agregó el organismo, esto entra en conflicto con uno de los principios del Acuerdo de Escazú, declarado como constitucional por la Corte Constitucional a finales de agosto del año pasado. En su artículo 9, dice la Defensoría, “exige a los Estados garantizar un entorno seguro para quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales”.
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