12 Nov 2020 - 1:00 p. m.

Catalizando las finanzas del clima

Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria

La pandemia desplazó del primer lugar de las noticias al calentamiento global. Ahora bien, muchos expertos han advertido que ante la evidencia de que estamos muy próximos a un punto de no retorno en las consecuencias sobre el clima, se debe aprovechar esta coyuntura para lograr un mayor compromiso que permita una recuperación más verde y limpia que, al menos, nos ponga en la senda de cumplir los compromisos del Acuerdo de París.

Para alcanzar las metas del Acuerdo es claro que los aspectos financieros de las acciones necesarias para lograrlo requieren de una estrategia normativa, fiscal y de financiamiento para hacerlo viable. En particular, no se puede ignorar que los cambios en los patrones de consumo, de reutilización de materiales y fuentes de energía afectarán sectores productivos y regiones que ahora dependen de la minería de carbón o de tecnologías con elevadas emisiones; algunos podrán reconvertirse, pero para otros simplemente su modelo de negocio no será viable.

Por otra parte, el proceso de transitar como sociedad de una economía consumista y contaminadora a una basada en la economía circular, la bioeconomía, las energías renovables no convencionales y el transporte eléctrico demandará gigantescas inversiones que, con una adecuada normativa y estímulos e impuestos verdes, manden señales de precios que hagan transparentes los costos y beneficios ambientales de todos los sectores productivos, y, por ende, de su sostenibilidad.

Todo lo anterior requiere de nuevo financiamiento, pero al mismo tiempo impacta la matriz de riesgos de la cartera de las entidades financieras. Por ello, desde hace cinco años este tema comienza a ser interiorizado por las entidades financieras y, más rápido de lo esperado, lo están incorporando en sus estrategias corporativas.

Así mismo, iniciativas como las del Protocolo Verde de Asobancaria han ayudado a catalizar su adopción en el sector, tanto en los procesos de operación de las entidades como para definir las consideraciones ambientales que deben ser tenidas en cuenta para aprobar cartera con un criterio de sostenibilidad. Con esta iniciativa ya son cada vez más las entidades que aplican sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales (SARAS), han entrenado personal para su operación y comienzan a incorporar en sus decisiones de cartera los riesgos ambientales y sociales que conllevan ciertas actividades. Esto ha llevado a que en varias entidades hayan negado créditos que de otra manera se hubieran aprobado si se hubieran considerado solo por su mérito financiero. Así mismo, varias entidades ya han emitido bonos verdes, recursos que han servido para fondear líneas para el financiamiento de inversiones con impacto ambiental.

Finalmente, diría que todavía se puede hacer mucho más, pues el año anterior la nueva cartera verde fue de $4,1 billones, valor significativo pero que aún refleja la relativa infancia de muchos de los sectores y actividades mencionadas. Por ello, en la medida en que la fuerza comercial de las entidades conozca la madurez de tecnologías más amigables con el medio ambiente y de la viabilidad de los nuevos modelos de negocio, el sector financiero podrá acelerar mucho más este proceso en beneficio de las comunidades y su medio ambiente, una actividad económica sostenible y, en general, el bienestar del país.

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