Científicos critican a Australia por abolir el impuesto a emisiones de CO2
La eliminación del impuesto se hizo con el fin de reducir el costo en las tarifas eléctricas de los hogares.
EFE
Unos 600 científicos y activistas expresaron este martes su "grave" preocupación por la abolición del impuesto al dióxido de carbono (CO2) por el Gobierno de Australia, al que instaron a implementar un sistema de comercio de emisiones.
"Este cambio reciente ha preocupado a todos", expresó en un comunicado el copresidente del comité de la Asociación de Biología Tropical y Conservación, José Fragoso, quien se preguntó cómo afrontará Australia sus "serios" asuntos medioambientales.
El también biólogo de la Universidad de Stanford en Estados Unidos dijo que el Ejecutivo del conservador Tony Abbott ha dado un doble golpe a los esfuerzos para mitigar el cambio climático con la derogación de este impuesto y la reducción de la financiación a las investigaciones ambientales.
Fragoso agregó que una nación desarrollada como Australia, que es el principal contaminador per cápita del planeta, "está dando un mensaje equivocado al resto de la comunidad internacional", según la nota reproducida por la agencia local AAP.
La asociación, que es la mayor organización dedicada al estudio de ecosistemas tropicales, pidió también que se mantenga el objetivo de promover el uso de energías renovables y se refuercen las leyes para prohibir la importación de madera talada ilegalmente.
El Parlamento australiano derogó la semana pasada el impuesto a la emisión de dióxido de carbono, introducido por el gobierno laborista de Julia Gillard, que inicialmente obligaba a las grandes empresas contaminantes a pagar unos 23 dólares locales (21,7 dólares estadounidenses, 16,1 euros) por tonelada de CO2 emitida.
El plan incluía un aumento de un 2,5 por ciento en términos reales hasta 2015, año en que se daría paso al sistema de comercio de emisiones.
La eliminación del impuesto al carbono fue una de las principales promesas electorales de Abbott, que accedió al cargo en septiembre, con el objetivo, según su propuesta, de reducir su repercusión en las tarifas eléctricas de los hogares y pequeños negocios.
Unos 600 científicos y activistas expresaron este martes su "grave" preocupación por la abolición del impuesto al dióxido de carbono (CO2) por el Gobierno de Australia, al que instaron a implementar un sistema de comercio de emisiones.
"Este cambio reciente ha preocupado a todos", expresó en un comunicado el copresidente del comité de la Asociación de Biología Tropical y Conservación, José Fragoso, quien se preguntó cómo afrontará Australia sus "serios" asuntos medioambientales.
El también biólogo de la Universidad de Stanford en Estados Unidos dijo que el Ejecutivo del conservador Tony Abbott ha dado un doble golpe a los esfuerzos para mitigar el cambio climático con la derogación de este impuesto y la reducción de la financiación a las investigaciones ambientales.
Fragoso agregó que una nación desarrollada como Australia, que es el principal contaminador per cápita del planeta, "está dando un mensaje equivocado al resto de la comunidad internacional", según la nota reproducida por la agencia local AAP.
La asociación, que es la mayor organización dedicada al estudio de ecosistemas tropicales, pidió también que se mantenga el objetivo de promover el uso de energías renovables y se refuercen las leyes para prohibir la importación de madera talada ilegalmente.
El Parlamento australiano derogó la semana pasada el impuesto a la emisión de dióxido de carbono, introducido por el gobierno laborista de Julia Gillard, que inicialmente obligaba a las grandes empresas contaminantes a pagar unos 23 dólares locales (21,7 dólares estadounidenses, 16,1 euros) por tonelada de CO2 emitida.
El plan incluía un aumento de un 2,5 por ciento en términos reales hasta 2015, año en que se daría paso al sistema de comercio de emisiones.
La eliminación del impuesto al carbono fue una de las principales promesas electorales de Abbott, que accedió al cargo en septiembre, con el objetivo, según su propuesta, de reducir su repercusión en las tarifas eléctricas de los hogares y pequeños negocios.