Una buena manera de aproximarse al concepto que emitió este miércoles el tribunal más importante del mundo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático, está en las reacciones que generó la lectura de la Opinión Consultiva, como se le conoce al documento en términos técnicos, a cargo del presidente de la Corte, el juez japonés Iwasawa Yuji.
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Para el científico sueco Johan Rockström, pionero en el estudio de los límites planetarios, que justamente ponen de relieve los riesgos crecientes derivados de la presión humana sobre nueve procesos globales críticos, se trata de una “sentencia histórica”, como lo manifestó a través de su cuenta de X minutos después de que finalizarán las dos horas que le tomó a Iwasawa Yuji leer el documento.
Mientras tanto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el abogado austriaco Volker Türk, la calificó como un “hito para las personas y nuestro planeta”. La abogada colombiana, Astrid Puentes Riaño, quien se desempeña como relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, aseguró que, aunque todavía está procesando la “histórica Opinión Consultiva (…) este momento evidencia el fin de una era y el comienzo de otra nueva”.
La compilación de reacciones, que también podría incluir palabras en el mismo sentido de organizaciones internacionales reconocidas como WWF y Amnistía Internacional, por mencionar algunas, no estaría completa si no se hace referencia a lo dicho por ‘Estudiantes de las islas del Pacífico que luchan contra el cambio climático’. Fue este grupo de 27 estudiantes de derecho el que en 2019, y desde las islas más amenazadas por la crisis climática, se propusieron que el tribunal de justicia más importante del mundo les respondiera dos preguntas: ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados para garantizar la protección de la Tierra frente al cambio climático? Y, ¿cuáles son las consecuencias para los Estados que incumplan esas obligaciones?
“Firmado. Sellado. Entregado. ¡La Opinión Consultiva de la CIJ ya está aquí! Un razonamiento muy sólido de todo por lo que hemos luchado y todo lo que hemos pedido. Esto es historia”, dijeron a través de su cuenta de X.
Una opinión consultiva histórica
En 2019, los 27 estudiantes de derecho de las islas del Pacífico emprendieron un plan para lograr que el CIJ se pronunciara sobre la crisis más acuciante que enfrenta la humanidad: el cambio climático. El primer país en apoyar la idea fue Vanuatu, una isla un poco más grande que el departamento de Sucre, que podría convertirse en uno de los primeros Estados en desaparecer por cuenta del aumento en el nivel del mar.
Luego de algunos años y un esfuerzo liderado por la pequeña isla, 18 territorios insulares del Pacífico llevaron la idea a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tras un intenso trabajo, lograron que la solicitud fuera planteada en esta instancia y, en marzo de 2023, un proyecto de resolución de la solicitud fue apoyada por 132 países. Un mes después, el Secretario General de la ONU, António Guterres, radicó la solicitud formal ante el tribunal. Este, como explica Wilfredo Robayo Galvis, abogado y profesor de la Universidad Externado, con una maestría en Derecho Internacional de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), era un paso clave y necesario para que la CIJ pudiera iniciar el proceso, pues al ser el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solo responde a las solicitudes planteadas por los organismos de esta.
Otras dos cifras sirven para dimensionar la importancia de este proceso, que para el tribunal correspondió al Caso 187. Hasta agosto de 2024, los Estados y organizaciones internacionales podían enviar sus declaraciones escritas para que fueran consideradas por la Corte: se presentaron 91 documentos, una cifra récord. En diciembre del año pasado, el tribunal abrió las puertas de su sede, el Palacio de la Paz, en la Haya (Países Bajos), para las visitas orales. Se registraron 97 intervenciones, una cifra nunca antes vista al respecto.
“Este es el nivel más alto de participación en un procedimiento tanto en la historia de esta Corte como en la de su predecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional”, señaló el tribunal en el comunicado de prensa en el que condensó las 140 páginas que contienen la Opinión Consultiva número 29.
¿Cuáles son las implicaciones de este pronunciamiento?
Lo primero que hay que aclarar, como lo anticipó la relatora Puentes, es que harán falta semanas para procesar todo el contenido del documento conocido en la mañana de este miércoles. Lo segundo, apunta Robayo, del Externado, es que las opiniones consultivas no son vinculantes, es decir, no imponen obligaciones a los Estados. Su importancia radica, según Sergio Chaparro, coordinador internacional de Dejustica, “en que se trata de una visión autorizada sobre qué obligaciones impone el derecho internacional a los Estados para enfrentar la emergencia climática”.
Conscientes de estas limitaciones, desde el Climate Action Network América Latina (CANLA), una red regional de 70 ONG que trabajan en la lucha contra las causas y los efectos nocivos del cambio climático, destacaron que “la Corte ha confirmado que la protección de las personas y del planeta es una obligación legal y moral ineludible”. Así mismo, resaltan que la Opinión Consultiva es clara en que los Estados deben actuar con la máxima ambición y de acuerdo con la mejor ciencia disponible, reflejada en los reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)”.
La CIJ, continúan desde CANLA, “reconoce que la crisis climática representa una amenaza existencial para millones de personas y que los Estados tienen obligaciones claras de proteger tanto a las generaciones presentes como futuras”. Sobre esto último, varias organizaciones y académicos, han resaltado la claridad que el tribunal hace al señalar que la inacción climática puede constituir una violación al derecho internacional, al tiempo que establece las consecuencias legales que enfrentan los Estados que no cumplan con las obligaciones.
A los ojos de Chaparro, de Dejusticia, uno de los puntos clave del documento radica en que “ante los intentos de algunos Estados de limitar el alcance de sus obligaciones al Acuerdo de París (que busca limitar el aumento de temperatura a 1.5 °C para finales de siglo), la Corte Internacional de Justicia dice que otras fuentes también importan, incluyendo las normas de derechos humanos”. En este punto es importante recordar, por ejemplo, que a inicios de este año, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este país, el segundo que más contamina a nivel mundial, abandonaría este tratado.
Al aclarar esto, sigue el economista y filósofo con maestría en Derecho y Ciencias Sociales, “le da plena validez a principios como las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, el principio de precaución y de equidad intergeneracional y al derecho a un ambiente sano, reconocido recientemente por la ONU”. Esto, complementa Mauricio Madrigal, especialista en Incidencia Política de WWF Colombia y abogado con especialización en derecho ambiental, “nos lleva a una reflexión profunda sobre daños y pérdidas”. En otras palabras, a plantearse y responder preguntas como: lo que van a sufrir las generaciones actuales y futuras por los daños causados, quiénes y qué países tienen más responsabilidad de la crisis que vivimos y quién debe indemnizar esos daños en el futuro.
Esto es clave, dicen las organizaciones del CANLA, pues la Opinión Consultiva “servirá como un marco jurídico sólido para impulsar litigios climáticos, reforzar los compromisos nacionales e internacionales y abrir el camino hacia una transición energética justa”. Además, proporcionará un respaldo legal para que los países y comunidades más vulnerables puedan exigir acciones concretas, financiamiento, reparación por pérdidas y daños y, en general, una mayor cooperación internacional.
En síntesis, dice Laura Restrepo Alameda, oficial de Incidencia de la CANLA desde Colombia, “esta opinión consultiva marca un punto de no retorno en la historia del derecho internacional: la crisis climática no puede seguir tratándose como una cuestión aislada, sino como una violación sistémica de los derechos humanos más fundamentales, especialmente de quienes más sufren sus efectos —infancias, adolescencias, juventudes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, diversidades sexuales, comunidades afrodescendientes, indígenas y otras comunidades locales”.
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