Cogua, un municipio capturado por la minería
Desde hace un año, habitantes del municipio de Cogua (Cundinamarca) vienen denunciando que empresas dedicadas a la explotación de materiales para construcción están interesadas en comprar tierras cerca al complejo de los páramos Guargua, Laguna Verde y Guerrero, una de las áreas protegidas más importantes de la región.
El Espectador
Pese a que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cogua es enfático en señalar que la minería no es la principal actividad económica del municipio, por lo que “debe hacerse de manera condicionada”, el número de hectáreas destinadas a tal fin ha venido aumentando.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, de las 13.290 hectáreas que conforman el municipio, 5.852 corresponden a 42 concesiones o títulos mineros que ya fueron otorgados, y 4.624 a otros 28 que están en trámite.
Si se suman ambas cifras, el 78,8 % del municipio de Cogua estaría en riesgo de destinarse a la minería, cuando históricamente se ha venido haciendo extracción de arcilla y gravilla en un área de tan sólo 340 hectáreas.
Frente a ese panorama, la Alcaldía municipal señaló que no aprueba la expansión minera, dado que Cogua “tiene una vocación ambiental, ecológica y turística, contando con cerca de mil hectáreas en reserva forestal protectora”. El alcalde William Forero dijo que una minería a gran escala podría poner en riesgo el acueducto Sucuneta (que suministra agua al área rural de los municipios de Sutatausa, Cucunubá, Nemocón y Tausa), el complejo de cerros de Nemocón, el embalse de Neusa, la Reserva Forestal Rodamontal y los afluentes del río Neusa.
Uno de los títulos que más preocupan a los lugareños es el de la empresa Ladrillera Santafé, de 239,9 hectáreas, ubicado en las veredas Ojo de Agua, La Plazuela y el Olivo. Según Forero, allí “pretenden sacar cinco millones de toneladas de arcilla anuales en una zona donde viven 3.600 personas en casas campestres y campesinas”.
Para evitar que la actividad agropecuaria sea reemplazada por retroexcavadoras utilizadas para la explotación de carbón, arcilla, gravilla y demás materiales, la Alcaldía le solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), a través de una audiencia pública, que frene las licencias ambientales.
Pese a que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cogua es enfático en señalar que la minería no es la principal actividad económica del municipio, por lo que “debe hacerse de manera condicionada”, el número de hectáreas destinadas a tal fin ha venido aumentando.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, de las 13.290 hectáreas que conforman el municipio, 5.852 corresponden a 42 concesiones o títulos mineros que ya fueron otorgados, y 4.624 a otros 28 que están en trámite.
Si se suman ambas cifras, el 78,8 % del municipio de Cogua estaría en riesgo de destinarse a la minería, cuando históricamente se ha venido haciendo extracción de arcilla y gravilla en un área de tan sólo 340 hectáreas.
Frente a ese panorama, la Alcaldía municipal señaló que no aprueba la expansión minera, dado que Cogua “tiene una vocación ambiental, ecológica y turística, contando con cerca de mil hectáreas en reserva forestal protectora”. El alcalde William Forero dijo que una minería a gran escala podría poner en riesgo el acueducto Sucuneta (que suministra agua al área rural de los municipios de Sutatausa, Cucunubá, Nemocón y Tausa), el complejo de cerros de Nemocón, el embalse de Neusa, la Reserva Forestal Rodamontal y los afluentes del río Neusa.
Uno de los títulos que más preocupan a los lugareños es el de la empresa Ladrillera Santafé, de 239,9 hectáreas, ubicado en las veredas Ojo de Agua, La Plazuela y el Olivo. Según Forero, allí “pretenden sacar cinco millones de toneladas de arcilla anuales en una zona donde viven 3.600 personas en casas campestres y campesinas”.
Para evitar que la actividad agropecuaria sea reemplazada por retroexcavadoras utilizadas para la explotación de carbón, arcilla, gravilla y demás materiales, la Alcaldía le solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), a través de una audiencia pública, que frene las licencias ambientales.