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Sin mayores anuncios, el gobierno de Gustavo Petro definió en los últimos días de septiembre los nuevos compromisos climáticos del país ante las Naciones Unidas. Estas metas —también conocidas como las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)— indican las promesas del país en medio de la tarea mundial para mitigar el cambio climático, como parte del Acuerdo de París (firmado en 2015). Los detalles de estos compromisos también muestran, para algunos expertos y según admite entre líneas el gobierno, los riesgos que tiene la nación de no cumplirlas en los próximos años.
Como revelamos en este diario, una de las nuevas metas que tiene el país es que, para 2035, las emisiones se ubiquen en un rango máximo de 155 a 161 millones de toneladas de CO₂ equivalente —una medida que permite expresar el efecto de todos los gases de efecto invernadero como si fueran dióxido de carbono—. Para ponerlo en perspectiva, en 2018 en Colombia se emitieron 302 millones de toneladas directas de CO₂.
En contexto: Estas son las prioridades de las metas climáticas que presentará Colombia a la ONU.
Sobre la definición de estas nuevas metas, fuentes internas al proceso aseguran que se busca, por un lado, ratificar los compromisos pasados, con miras a 2050. Y, al tiempo, maniobrar estos compromisos dentro de los límites del presupuesto de carbono, es decir, la cantidad global estimada de emisiones que se pueden emitir en el planeta en los próximos años, sin sobrepasar el límite de los 2 °C del aumento de la temperatura global.
Una de las principales novedades de las metas es que ahora se expresan en valores absolutos, y no en porcentajes con relación a años base, lo que permite, aseguran, mayores claridades a la hora de medir los avances de estos compromisos.
Sin embargo, para científicos como Jorge García, investigador de los Andes y quien trabaja en uno de los próximos reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) “la nueva meta a 2035, incluida en la tercera actualización de las NDC, reconoce que la fijada para 2030 —definida en la segunda actualización de 2020—era ambiciosa y el país corre un alto riesgo de no cumplirla. Por lo anterior, los nuevos NDC no aumentan la ambición, lo cual parece sensato, pero preocupa mucho que tengamos algunos sectores que no están haciendo la tarea.”
Colombia también actualizó sus metas para la contención de la deforestación, la cual se busca reducir a un rango de 37.500 a 49.999 hectáreas anuales para 2035. Lo que, en su valor máximo, equivaldría a que la pérdida de bosque no supere, cada año, el área de Bogotá.
Uno de los aspectos más llamativos es que, en su valor máximo (casi unas 50.000 hectáreas), la meta para los próximos diez años es casi igual a la prevista para 2030. “Si bien se destaca esta trayectoria de aumentar la ambición de la mitigación, la meta a 2035 de deforestación, si se mira su rango superior, es casi idéntica y se hubiese podido ser más ambicioso”, expresa Iván Darío Valencia, Coordinador de Políticas en Colombia del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés).
La apuesta contemplada en el documento no está clara para García, de los Andes y del IPCC. “En años recientes se ha logrado reducir la deforestación de forma significativa; esto es un gran logro, en particular por las implicaciones que tiene para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, los niveles de deforestación continúan siendo altos y es demasiado temprano para concluir que lo alcanzado recientemente es sostenible en el tiempo”, señala.
Por su parte, la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry, le aseguró a este diario que el país puede ser optimista frente a estas cifras. “Si bien en 2024 hubo un repunte del 43 % respecto de la cifra lograda en el año inmediatamente anterior, todo apunta a que el país se afianzará en esa senda de reducción de la deforestación que fue trazada en 2020”, dice. “Así, se espera que en 2025 la tasa de deforestación no sea mayor a 100.000. Estos son indicios claros de que el país podría cumplir su meta de solo 50.000 hectáreas deforestadas en 2030 como se propuso en la NDC”.
Otras de las metas que se actualizó es la reducción de las emisiones de carbono negro, un contaminante que se genera por la combustión incompleta de combustibles fósiles y biomasa, y que contribuye tanto al calentamiento global como a la mala calidad del aire. La idea es que se emitan entre 6.130 y 8.873 toneladas para 2035, en comparación con los niveles de 2014.
Ahora, la pregunta es si se pueden cumplir esos objetivos y si habrá plata para lograr esas metas.
¿Se podrán implementar las metas?
Tanto en el más reciente documento presentado ante las Naciones Unidas, como en los pasados y en el Informe Bienal de Transparencia (BTR) presentado por el Ideam, el Gobierno Nacional ha admitido la existencia de una brecha “entre las políticas actuales de mitigación y las metas nacionales establecidas”. Esto último se repite en la versión más reciente de los NDC: “el país reconoce la existencia de una brecha de implementación entre lo establecido en la NDC anterior y los resultados alcanzados”.
Según calcula el Departamento Nacional de Planeación, se requiere cerrar la brecha estimada en 0,13% del PIB anual (aproximadamente COP 2 billones de 2020 cada año) para alcanzar las metas de adaptación al 2030. El déficit actual del 80 % ralentizaría medidas como “la protección costera, la restauración de ecosistemas o la infraestructura resiliente”.
Esta situación, según aboga el Gobierno y preparando el terreno para los futuros debates para la próxima cumbre del clima, la COP30 en Brasil, “se traduce en necesidades de apoyo en materia de financiamiento, transferencia tecnológica, creación de capacidades y fortalecimiento de la planificación y la gobernanza, cuya atención es esencial para cerrar la brecha de implementación y acelerar la acción adaptativa del país”.
En esto coincide Valencia, del GGGI, quien señala que “en la anterior NDC se malinterpretó que las metas se cumplirían únicamente con recursos nacionales, cuando en realidad se requiere —y en gran medida— del apoyo de la cooperación internacional. Este tema empezó a discutirse durante la cumbre mundial del clima en Dubái, y por eso el Gobierno también incorpora ahora la cuestión de las pérdidas y daños asociados al cambio climático en las nuevas NDC. La magnitud del financiamiento internacional es un asunto que deberá retomarse en la próxima COP”.
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Por su parte, a nivel local también hay cosas que definir. En estas semanas, el Ministerio de Ambiente estará concertando cómo implementar las nuevas metas con diferentes sectores, para lo que se esperan nuevos aportes como los pueblos indígenas, y comunidades afros y campesinas, asimismo con los sectores productivos. Con estos se espera construir una hoja de ruta y marco técnico que será presentando ante las Naciones Unidas en un informe detallado de acciones. Vale señalar que este informe debía ser presentado a principios de este año, y el país cuenta con varios meses de retraso.
Una de las preguntas que quedan pendientes es la implementación. “En 2020 la CICC aprobó las NDC y las medidas de cada sector. Duque decidió el 51 %, pero los compromisos de implementación fueron puestos por cada ministerio. Esta por verse qué ocurrirá en esta actualización”, aclara Valencia del GGGI.
“La tendencia creciente de las emisiones de metano, generada en sectores como la agricultura, ganadería, hidrocarburos y manejo de residuos por parte de los municipios, es preocupante por el gran potencial de calentamiento de este gas efecto invernadero”, comenta García, de los Andes.
Como explica María Alejandra Garzón, coordinadora técnica del Observatorio de Emisiones de Metano para América Latina y el Caribe (OEMLAC) “no existe esa transparencia de reportar este tipo emisiones en Colombia, lo que sigue siendo un vacío importante que en otros países, como Brasil, se ha podido subsanar”.
En esta misma línea, otro de los principales retos es la transparencia y el monitoreo, el cual se busca potenciar a través del Sistema Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (SIIVRA) del Ideam y la plataforma Más Clima. El objetivo es hacer más regular el monitoreo y control de los compromisos climáticos que tiene el planeta.
“Una de las grandes dificultades que entraña la puesta en marcha de la NDC tiene que ver con las restricciones presupuestales que enfrentan los sectores. Por lo tanto, serán necesarias importantes inversiones por parte del gobierno nacional para poder alcanzar estos objetivos climáticos. En lo que respecta a Ideam, estas mejoras vienen dadas por el fortalecimiento de los sistemas de información, los cuales dependen a su vez de la calidad de la información que entregan los diferentes sectores” concluye Echeverry.
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