Hasta el día de ayer, 2 de marzo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estuvo recibiendo comentarios sobre el borrador del Conpes de la Política de Transición Energética, un documento que no solo es una hoja de ruta sobre cómo el Gobierno piensa asegurar la energía en Colombia entre 2022 y 2028, sino que ayuda a medir cuál es su verdadero nivel de compromiso climático. Aunque el sector energético no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en Colombia -lo es el cambio del uso del suelo, con un 58 % aproximadamente- sí genera alrededor del 30 % de las emisiones. El gobierno de Duque, vale recordar, prometió que el país va a reducir el 51 % de sus emisiones a 2030 y ser carbono neutro para 2050. En otras palabras, lo que pase con la energía en unos 5, 10 o 30 años será clave para cumplir estas metas. Sin embargo, aunque el Conpes, tal como está, hace un buen diagnóstico de esta situación, hay un par de puntos que parecen ir, incluso, en contravía de este propósito.
“Todo el documento, a modo estructural, parte de un fallo conceptual”, comenta José Antonio Vega, investigador del Instituto Ambiental de Estocolmo. “Se basa en más reservas de petróleo, ampliar el gas y desarrollar aún más el carbón, y es un error conceptual entender la transición energética desde los combustibles fósiles”.
Estos son algunos de los puntos que alertan a los expertos. (Lea: Levantarán una ciudad junto a uno de los ríos más contaminados, pero ¿a qué costo?)
Insistir en producir más carbón
Una de las líneas de acción de la propuesta del Conpes habla de “incentivar mayores producciones de carbón” e, incluso, señala que el Ministerio de Minas deberá identificar las restricciones normativas para su exportación y evaluar las cargas tributarias que tienen las empresas que lo producen y lo consumen. La preocupación porque el documento insista en impulsar el carbón tiene varios argumentos. El primero, y más lógico, es que la quema de carbón es una de las principales fuentes de las emisiones de gases efecto invernadero en el mundo y que, además, está asociado con problemas de calidad del aire. De hecho, durante la última Cumbre de Cambio Climático COP26, los países acordaron su eliminación gradual.
Se trata de un tema ético, comenta Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). El Gobierno de Colombia suele argumentar que como la mayoría de carbón se exporta y no quema acá, no es nuestro país el responsable de sus emisiones. Pero es una premisa peligrosa, ya que así las emisiones de ese carbón colombiano salgan de China o Estados Unidos, contribuirán al cambio climático que nos afecta a todos, siendo Colombia un país bastante vulnerable. “Es un tema de corresponsabilidad”, señala.
Pero la alerta también tiene que ver con el mercado internacional. “Sí, Colombia tiene hasta 200 años de reserva de carbón, pero su mercado en Europa, que ahora es su principal destino, se podría acabar en cinco años. El americano, en 10. Y en el mercado asiático, que quizá durará unos 20 años, habrá un problema logístico de cómo llegar con precios interesantes para competir con el carbón de Australia o Sudáfrica, por ejemplo”, es como lo ve Giovanni Pabón, ingeniero mecánico con maestría en energías renovables, quien ha seguido con lupa el tema. Claro, él hace la aclaración de que este escenario podría cambiar debido a la escasez en suministro de gas en Europa que dejará el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero, en principio, señala que “es irresponsable seguir impulsando el carbón en un merado que está en fase terminal”. (Lea: Candidatos al Senado debaten sobre la crisis climática)
El cierre de minas sigue siendo débil
En principio, el Conpes tiene una señal buena y es que indica que se necesitan iniciativas de la gestión de cierre de minas y restauración de áreas intervenidas por la minería, un debate al que, Colombia, históricamente, le ha dado la espalda. Las reglas del juego para cerrar una mina, sin que afecte más el ambiente y las comunidades en donde se desarrollan los proyectos, nunca han estado claras. Lo malo, por así decirlo, es que la solución se esté intentando planear desde un Conpes, un documento no vinculante, y no desde una ley. “Es interesante que el cierre de Prodeco, en César, se esté dando para el final del Gobierno y sin fuerza de ley”, asegura Mauricio Cabrera, coordinador de política en temas mineros de WWF.
La trampa del gas como “energía de transición”
Al igual que con el carbón, el borrador del Conpes plantea impulsar el gas al ampliar su demanda como combustible de transición. Pero a diferencia del carbón, y quizá lo paradójico, es que las reservas de gas en Colombia dan para unos seis años, por lo que los expertos no ven con buenos ojos este punto. ¿Para qué aumentar la demanda de algo que es limitado?
Pabón explica que, desde su punto de vista, se trata de una estrategia del gremio productor de gas para que ese eventual aumento de demanda de gas termine por liberar las restricciones ambientales para permitir la exploración costas afuera y darle vía al fracking, lo que aumentaría las reservas. “Igual, bajo esta lógica, tendríamos reservas de gas para unos 30 años, cerca de 2050, que se supone que es la fecha en la que debemos ser carbono neutral, por eso es una estrategia peligrosa”. (Lea: La deforestación tras parte de la carne que comemos en Bogotá)
Su preocupación está ligada con la de Felipe Corral, quien investiga la transición energética en la Universidad Técnica de Berlín, en Alemania. “Cuando se habla del gas como energía de transición hay que preguntarse por su temporalidad: ¿hasta cuándo lo usaremos? ¿A 2030? ¿Hasta 2050?”. Apostarle al gas, así sea “por un tiempo”, implicaría invertir en una infraestructura robusta para desarrollarlo. Y una vez se creen esos proyectos, se cae en el riesgo de que, para no perder esa inversión, se alargue la presencia del gas en la matriz energética más de lo necesario.
¿Y la transición justa?
Un punto muy importante en el que el borrador del Conpes se queda corto es en qué va a pasar con las regiones altamente dependientes al carbón y a los hidrocarburos en una eventual transición hacia las energías renovables. Aunque el documento sí habla de diversificar sus economías, la sensación de los expertos es que no desarrolla el tema lo suficiente.
“No se habla de transición justa. De cómo hacer los cambios de forma justa para los trabajadores del sector de combustibles fósiles cuando se apague este sector. Cómo proteger al sector y a estas comunidades que, de por sí, ya han sufrido varios impactos sociales y ambientales”, agrega Andrea Cardoso, profesora de la Universidad del Magdalena y líder del semillero de investigación en Transición Energética.